Carburantes y alimentos hacen subir los precios
El Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España situó en marzo su tasa anual en el 1,4%, cinco décimas más que en el mes anterior, según los datos adelantados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que atribuyó este repunte al encarecimiento de los carburantes y al mantenimiento de los precios de los alimentos, frente al descenso que experimentaron ambos grupos en marzo del año pasado.
Esta tasa del 1,4% es la más alta desde diciembre de 2008, cuando el IPCA se situó en el 1,5%. Con la subida de marzo, el IPC armonizado vuelve a anotarse un aumento tras haber registrado en febrero una caída de dos décimas en su tasa anual.
Con marzo, ya son cinco los meses consecutivos en los que este indicador se encuentra en tasas positivas después de una racha de ocho meses en negativo.
En concreto, el IPCA entró por primera vez en negativo el pasado mes de marzo y alcanzó su mínimo histórico en julio, con una tasa del -1,4%. Desde el mes de agosto, el indicador moderó su caída por debajo del 1% y en octubre registró su última tasa negativa hasta el momento (-0,6%).
De coincidir el dato de marzo del IPC armonizado con la tasa de inflación general -algo que suele ocurrir décima arriba o abajo-, la inflación registraría también su tasa más elevada desde diciembre de 2008 (1,4%).
Uno de los factores que están impulsando los precios al alza son los carburantes. El barril de petróleo Brent, crudo de referencia en Europa, se encuentra ya por encima de los 80 dólares y en los tres primeros meses de este año acumula una subida cercana al 4%.
El Gobierno considera que la inflación se ha "normalizado" en tasas "moderadamente" positivas, situación que prevé que se mantenga en los próximos meses como consecuencia de la situación económica.
El Ejecutivo cree que el comportamiento que está registrando la inflación subyacente, que excluye los elementos "más volátiles" como la energía y los alimentos no elaborados, permite descartar por completo una situación de deflación y augura un crecimiento de los precios en una tasa de "estabilidad moderada".
Por su parte, organismos como Funcas estiman que el IPC cerrará este año con una tasa interanual del 1,6%, mientras que la media del conjunto del ejercicio será del 1,2%.
El BBVA, por su parte, prevé que la inflación se mantenga en el entorno del 1% en los próximos meses, aunque se incrementará "ligeramente" a partir del mes de julio por la subida del IVA, según su último 'Observatorio de Inflación'.
Las Cámaras de Comercio, por su lado, auguran un "paulatino, pero moderado" aumento de los precios en los próximos meses gracias al efecto base de los precios de la energía y a una "cierta mejoría" de la demanda interna.
Moncloa estudia reducir las cotizaciones sociales a cambio de más impuestos 'verdes'
Moncloa contempla recortar en torno a dos puntos las cotizaciones sociales que pagan las empresas por los empleados y, a cambio, elevaría las tasas medioambientales de ciudadanos y compañías, según explican fuentes cercanas al Ejecutivo.
Esta reforma, que se encuadraría en el contexto de la nueva Ley de Economía Sostenible, tendría como principal objetivo facilitar la contratación de trabajadores por parte de las empresas y reducir la tasa de paro, que en el último trimestre de 2009 se elevó al 18,8% de la población activa.
Según estas fuentes consultadas, cada punto de cotización social supone cerca de 2.200 millones de euros al año para las arcas públicas, ya muy deterioradas por la recesión. En 2009, los ingresos fiscales descendieron un 17%, hasta 144.023 millones y el déficit público creció hasta el 11,4% del producto interior bruto (PIB).
Por ello, el recorte vendría acompañado de un incremento de los impuestos medioambientales que compensaría la reducción de los ingresos. Según destacan estas fuentes, se mantendría el mismo nivel de presión fiscal sobre los contribuyentes. Esta tasa se situó en 2009 en el 30,4% del PIB.
Desde departamento de Comunicación de Presidencia de Gobierno remiten a los ministerios implicados en el cambio. Y en Economía señalan que esta medida «no se ha planteado». Pese a ello, las fuentes consultadas insisten en que las modificaciones fiscales se estarían llevando directamente desde Presidencia de Gobierno.
La reducción de las cotizaciones sociales es la principal demanda de la patronal CEOE en el proceso del diálogo social que lleva abierto desde hace meses con sindicatos y el Gobierno. Aunque en un principio los empresarios reclamaron rebajas de hasta cinco puntos, antes del verano llegaron a reducir su petición hasta los tres puntos. Así que el recorte por parte del Ejecutivo, podría allanar el camino de la negociación entre los agentes sociales.
Este recorte contrastaría, además, con la subida del IVA prevista para el 1 de julio, que ha causado un gran revuelo. El aumento de este tributo, que no afectará al tipo superreducido, supone que el reducido pase del 7% al 8% y el general, del 16% al 18%. Además, el Ejecutivo elevó el año pasado los impuestos del tabaco y los combustibles.
CC OO pide que se dé a la reforma laboral el mismo margen que al pacto político
Gobierno, patronal y sindicatos llevan dos meses inmersos en la negociación de la reforma de mercado laboral. Sin embargo, la segunda ronda del diálogo social tripartito -precedida del sonado fracaso de julio de 2009- no da señales de avanzar hacia el consenso, pese a que el Ejecutivo ha fijado finales de abril como plazo máximo para alcanzar un acuerdo. El portavoz de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, reclamó ayer "el mismo rasero" para la reforma laboral que para los pactos políticos de Zurbano, que se han retrasado por la falta de acuerdo.
"Los mismos que se quejan de la tardanza de un pacto del diálogo social deberían aplicarse el cuento cuando retrasan el consenso de medidas políticas", añadió a este diario. "Que cumplir con una fecha impida un acuerdo consensuado es del género idiota", argumentó en relación a la negociación tripartita.
Con sus palabras, Lezcano refleja el sentir de sindicatos y patronal, que atesoran serias dudas de que sea posible cerrar un pacto en el plazo marcado por el Ministerio de Trabajo. Éste se ha comprometido a presentar a la mesa de negociación un documento con propuestas concretas para el 12 de abril. Sobre éste, las tres partes deberían cerrar la reforma en menos de 20 días. Un margen estrecho para una negociación plagada de desencuentros que lleva dando vueltas casi un año.
Reuniones bilaterales
El Ejecutivo tiene previsto efectuar encuentros bilaterales con las centrales de un lado, y con los miembros de la CEOE por otro, para que el documento de abril nazca con la simpatía de ambas partes.
"Del contenido de esa propuesta dependerá el éxito o el fracaso de la negociación", asumía ayer Lezcano. Su sindicato es partidario de lanzar un paquete de medidas urgentes con las iniciativas que parten del consenso, como puede ser la aplicación del llamado modelo alemán (que facilita la reducción de jornada para impedir más despidos) o el aumento de bonificaciones para la contratación de jóvenes, y dejar el resto para más tarde.
El Gobierno, sin embargo, parece poco dispuesto a desguazar su gran reforma contra el paro. A su vez, la CEOE tampoco aceptará aparecer en una foto sin ganar nada. Pujan por la ampliación del contrato de fomento (con indemnización de 33 días por despido improcedente en lugar de 45) y una nueva regulación que facilite el despido procedente (pagado con 20 días), que el Gobierno les puso sobre la mesa, y por una rebaja de cotizaciones, que por ahora se les ha negado.
El Congreso estudiará revisar las prestación por paro de los trabajadores fijos discontinuos
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno un estudio acerca de la situación de los 400.0000 trabajadores fijos discontinuos que, como consecuencia de la crisis económica, no han podido cotizar lo suficiente para acceder a la prestación por desempleo "identificando los sectores afectados y las posibles soluciones".
Esta iniciativa parte del compromiso suscrito en diciembre por los socialistas con CiU y otras formaciones a cambio de retirar una enmienda introducida por el Senado a la ley de medidas urgentes para el fomento del empleo que ampliaba el derecho a la prestación por desempleo a los trabajadores fijos discontinuos que hubieran cotizado durante sólo cuatro meses, lo que hubiera afectado a unas 400.000 personas concentradas sobre todo en el sector turístico.
La enmienda fijaba un coeficiente multiplicador del 1,5 a la cotización de estos trabajadores, de forma que trabajando sólo cuatro meses podrían alcanzar el equivalente a los 180 días requeridos para cobrar el paro.
Los socialistas dan por cumplida con esta iniciativa así su compromiso de impulsar una medida desde el Parlamento que permita buscar una solución a este "problema real" en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.
En este sentido, el portavoz socialista Jesús Membrado reiteró que la enmienda sobre fijos discontinuos, introducida en la Cámara Alta por el Bloc balear, es "inasumible", aunque la situación de este colectivo "se tiene que regular de una manera clara y conveniente".
Ya no sale a cuenta
Los socialistas sostienen en el texto de la proposición no de ley que la fórmula del trabajo fijo discontinuo resulta "óptima" cuando el ciclo económico garantiza una ocupación y un "tiempo mínimo" de actividad suficiente para alcanzar el nivel de protección, pero la crisis ha impuesto "restricciones" a esta situación que han "roto el esquema" durante la temporada turística 2009 y "previsiblemente" en 2010.
"Muchas empresas han retrasado el llamamiento o convocatoria de los trabajadores fijos discontinuos ante la incertidumbre de la actividad turística", admite el PSOE, que alerta de que también los EREs de reducción de jornada han supuesto una "reducción notable" del "periodo de cotización" que impide acceder al nivel contributivo de la prestación al colectivo de los trabajadores fijos discontinuos.
Abaratar el despido no es la prioridad de los empresarios
La pregunta es recurrente: ¿quieren realmente los empresarios bajar el coste del despido? La protección de los contratos indefinidos ha sido la piedra de toque desde que el Diálogo Social comenzó su andadura en el verano de 2008 y, sin embargo, no está claro que esta sea una prioridad real de las empresas.
Las discusiones se han centrado en torno a la rigidez del mercado español y a la dualidad causada por la existencia de dos tipos de trabajadores (los indefinidos con un alto nivel de derechos y los temporales sin apenas protección). Al calor de esta polémica, la patronal ha encendido el debate del abaratamiento del despido y la implantación de un modelo de contrato único que ha sido tomado por el Gobierno como una propuesta inasumible.
Abaratar el despido es la sexta prioridad de las empresas, según una encuesta
Sin embargo, en petit comité, los empresarios de a pie reconocen que el abaratamiento del despido no solucionaría sus problemas. Esta opinión, que fue la que hace meses distanció las reivindicaciones de las pymes de las de la gran patronal, la CEOE, se refleja en las encuestas que periódicamente realizan algunas organizaciones, como el Instituto de Empresa Familiar o el Consejo de Cámaras, que citan la dificultad en el acceso al crédito como el principal problema actual del empresariado.
Uno de cada cinco
La semana pasada, la consultora Deloitte hizo pública una encuesta realizada entre los altos directivos de las empresas de la industria manufacturera en la que relegan al sexto lugar el abaratamiento del despido como una medida que les ayudaría para la recuperación del sector. Sólo uno de cada cinco de los encuestados lo citaron como una iniciativa muy importante en la recuperación. Sin embargo, nueve de cada diez de los directivos entrevistados aseguran que la medida más adecuada es la de mejorar el acceso a la financiación. Tampoco la rebaja de impuestos aparece en el podio de preocupaciones de estos empresarios, que sitúan en cuarto lugar el ajuste de la presión fiscal como una medida para favorecer a la industria.
Tampoco la rebaja de impuestos está entre las demandas más destacadas
Los 102 directivos entrevistados por la consultora abogan por la flexibilización de la jornada laboral y el impulso a la exportación como vías para conseguir mejorar sus resultados. Los incentivos para la contratación aparecen en el antepenúltimo lugar de las medidas a abordar. Sólo están peor considerados el aumento de la inversión pública y las iniciativas que busquen restringir la entrada de productos extranjeros.
Tampoco la disponibilidad del trabajo por turnos, un sistema que podría facilitar la aprobación del contrato a tiempo parcial sin horario definido, figura entre sus prioridades.
A estas soluciones a nivel sectorial se añaden también las medidas empresariales que los directivos creen que más les van a ayudar. El desarrollo de nuevos productos y la búsqueda de nuevos mercados junto con la reducción de costes conforman la receta que los ejecutivos pretenden aplicar a sus compañías para salvar el bache. Los empresarios se han esforzado también por encontrar el lado positivo a la crisis y el 70% considera que es una oportunidad para ser más competitivos y para mejorar la cuota de mercado. Además, casi la mitad de los empresarios cree que la crisis le ayudará a consolidar su posición, saliendo reforzado de este momento de debilidad.
Trabajo paga para que los inmigrantes dejen España
El ministro de Trabajo lo decía alto y claro: el país ya no puede ofrecer a los extranjeros "las oportunidades que quieren buscar". Celestino Corbacho invitaba así a los trabajadores foráneos a "tachar de su agenda inmediata" a España como un posible destino. Pero esta sutil invitación no viene sola.
El Gobierno ha decidido, a la vez, abrir la puerta de salida a los que ya están en la arena nacional para que regresen sus lugares de origen. Para ellos, el Ejecutivo reserva ayudas económicas de hasta 2.600 euros por familia, más el pago del billete para viajar.
Bajo este programa subyacen dos hechos que no conviene pasar por alto. Por un lado, que el 30% de la población extranjera (más de 600.000 personas) sobrevive sin rentas del trabajo, mientras que para cerca de 300.000 la caducidad de su seguro de paro es cuestión de semanas, si no días. La falta de ingresos es sólo el preámbulo del estallido de una crisis social de calado que los analistas vienen alertando de lejos.
Ante este escenario, Trabajo ha decidido ponerse manos a la obra, y dar una vuelta de tuerca a los programas de retorno voluntario dirigidos a extranjeros. En 2008, la Dirección General de Integración de Inmigrantes, que depende del Ministerio de Corbacho, asumió el papel de convocar subvenciones con este fin que, este año, entrañan novedades.
El programa de 2010 se dirige tanto a personas extranjeras “especialmente vulnerables” (en situación de carencia; menores, mujeres embarazadas, etc), como a extracomunitarios que estén pendientes de una solicitud de asilo o que “se encuentren en situación irregular”.
Ambos colectivos se beneficiarán del que se podría llamar un cheque inmigrante a medida: el pago del billete a su país natal y el de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad; un dinero de “bolsillo” para el viaje dotado con 50 euros (una persona) ó 400 (si va toda la familia); una “ayuda económica extra” para instalarse en el nuevo país que, en función del número de personas que retornan, oscila entre los 400 y los 1.600 euros. Y, por último, el Estado se compromete a correr con los gastos del transporte de los afectados hasta su localidad o pueblo de origen (las ayudas en este capítulo oscilan entre los 100 y los 600 euros).
Para gestionar estas migraciones, el Estado ha sacado a concurso una subvención de tres millones de euros dirigida a “entidades u organizaciones no gubernamentales” especializadas en la materia. Cabe recordar que estas ayudas son complementarias al programa que el Gobierno aprobó en 2009 para que los extranjeros que estén cobrando el paro puedan capitalizar sus prestaciones y emprender un negocio. Tras un año en vigor, el Ejecutivo aseguró en noviembre haber recibido 8.700 solicitudes de parados para abandonar España a los que se sumarían 1.500 familiares.
Guía para entender el fenómeno migratorio en España
Al ministro de Trabajo nunca le ha temblado la voz a la hora de defender que el fenómeno de la inmigración debe estar bien “regulado y ordenado”. Un principio de actuación que sorprende si se tiene en cuenta que su predecesor, Jesús Caldera, capitaneó la regularización masiva de medio millón de ciudadanos extranjeros. Ahora, la dureza de la recesión urge a Corbacho a seguir caminando en esa dirección.
- ¿Cuántos inmigrantes hay en España?
Representan al 12,8% de la población, esto es, 5,6 millones de personas. La mayoría, 4,5 millones, está en edad de trabajar, aunque los mayores de 65 ya forman un nutrido grupo de cerca de 300.000 personas.
- ¿Cómo les afecta la crisis?
Están mayoritariamente ligados al sector servicios y la construcción. La extenuación de estos dos tradicionales nichos de empleo ha empujado su tasa de paro hasta el 29,7%, frente a la del 16,8% de los nacionales. La eventualidad de los empleos que ocupan ha hecho que a día de por primera vez en la historia sean más los parados subsidiados por el Estado (237.000) que los que perciben una prestación contributiva (230.000).
- ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para aliviar esta situación?
El tablero de juego es complicado. El Gobierno intenta ahora disuadir la entrada de nuevos flujos migratorios, porque a su juicio la prioridad es dar empleo a los millones de personas que están en el Inem. A la par, y como un remedio para enjuagar las cifras de paro Corbacho lanzó el año pasado un plan de retorno voluntario dirigido a inmigrantes desempleados. La idea es que estas personas puedan cobrar su prestación de desempleo, siempre que acrediten que iniciarán un negocio en su país de origen. Pero el programa ha tenido escaso éxito: Aunque más de 300.000 cumplían con el perfil para acogerse a esta vía de salida del país, menos del 1% lo ha hecho.
- ¿Y qué hay de los irregulares?
Se calcula que en España hay alrededor de un millón de personas en esta situación. Muchos sobreviven en la economía sumergida, un submundo económico que mueve el 20%, según señaló el propio Corbacho, una apreciación que enojó a la vicepresidenta Salgado. Precisamente a esta población va dirigido el cheque inmigrante de hasta 2.600 euros que el Gobierno ha publicado con sordina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado quince de marzo.
UGT exige la dimisión de los responsables de la EPSV Elkarkidetza
El sindicato UGT ha exigido hoy la dimisión del presidente y la vicepresidenta ejecutivos de la entidad de previsión social Elkarkidetza tras cuestionar la validez jurídica de la derogación de los acuerdos de adhesión de 794 instituciones decidida en su asamblea, según fuentes de la central.
El sindicato ha criticado el acuerdo alcanzado en la asamblea general de Elkarkidetza, celebrada el miércoles pasado, sobre "la derogación unilateral de los acuerdos de adhesión preexistentes en la entidad" y la transposición "de la regulación de dichos acuerdos al reglamento de prestaciones de la entidad".
Fuentes del sindicato han recordado que los acuerdos de adhesión fueron decididos en su día de acuerdo con las normas pactadas a través de la negociación colectiva en 794 instituciones para 26.343 trabajadores, la mayor parte de los cuales operan en la Administración local y foral.
UGT ha expresado la "sospecha" de que tras la medida "se ocultan intentos de violentar la voluntad de la representación sindical operante en instituciones donde las tesis de la dirección de Elkarkidetza no son bien acogidas".
En su opinión, existe "indefensión" de los trabajadores socios de Elkarkidetza afectados por la derogación de los acuerdos de adhesión citados "al no poder ejercer su derecho de reclamación de la regulación en ellos recogida, dado que hasta ahora están referenciados en los correspondientes convenios colectivos formando parte de los mismos".
UGT también ha denunciado que los responsables de Elkarkidetza tienen en estudio otras propuestas de regulación "encaminadas a condicionar aún más el ejercicio de los derechos de los socios en cuento a la forma de cobro de las prestaciones o en cuanto a la forma de las aportaciones".
Las cajas gallegas acuerdan contrarreloj analizar su fusión
La fusión de las cajas gallegas ha dado otro paso adelante, pese a la oposición inicial del Banco de España. Núñez Feijóo anunció ayer el acuerdo alcanzado entre la Xunta de Galicia y las dos entidades de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, para iniciar oficialmente los contactos "con el fin de analizar la posible confluencia en un proyecto común de ambas entidades".
Dicho acuerdo, que contó la aprobación del presidente de la entidad viguesa, Julio Fernández Gayoso, del director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez y de la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, establece que ambas entidades someterán esta voluntad a sus respectivos consejos de administración para su ratificación "los próximos días 5 o 6 de abril", según el pacto alcanzado en la tarde de ayer tras los intensos contactos mantenidos este fin de semana y durante todo el lunes.
Si finalmente se lleva a cabo esta unión la nueva caja se convertirá en la quinta entidad de ahorro española, explicó la Xunta. Esta unión ha sido finalmente aceptada por el Banco de España, que inicialmente tenía otros planes para estas entidades, sobre todo, tras la insistente negativa de Caixanova a esta operación, y de las duplicidades que puede llevar consigo esta unión. La urgencia del Gobierno para finalizar en junio la reestructuración de las cajas españolas, así como el fin del plazo para solicitar ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han sido decisivos estos días en el proceso, en el que la caja viguesa ha conseguido ganar peso en la previsible nueva entidad.
Al inicio de la intervención en rueda de prensa convocada de urgencia a última hora de la tarde de ayer, Feijóo argumentó que comparecía "ante Galicia con la misma voluntad que tiene marcada la actuación la Xunta desde los últimos meses: que las entidades financieras despejen su camino en el proceso de reordenación y concentración financiera".
El pacto se ha alcanzado según los parámetros establecidos el domingo por el Banco de España. Aunque tras comunicarse el principio de acuerdo al supervisor, éste demandó más requerimientos para que la fusión sea posible.
El Ibex sube un 0,18% y se mantiene por encima de la cota de los 11.000 puntos
El parqué madrileño cerró la sesión con una subida del 0,18%, gracias al impulso del sector energético, y mantiene la cota psicológica de los 11.000 puntos, después de alcanzar máximos intradía que superaron el 0,85% de revalorización.
Los inversores apostaron nuevamente por las compras, tras el rojo del viernes pasado, en una jornada marcada por una caída inferior a la esperada de los intereses de la deuda griega, algo que ha conducido al Gobierno griego a mostrar su decepción por la escasa confianza del mercado a pesar de las promesas de ayudas de la eurozona.
Así, a la cabeza de las subidas se colocó Enagás, que ganó más de un 2,5%, seguida de Red Eléctrica (+2,38%) y Banco Popular (+1,53%). Por su parte, Endesa, Iberdrola, Banco Santander y Telefónica también se apuntaron a las ganancias, con mejoras del 1,01%, el 0,43%, el 0,20% y el 0,11%, respectivamente.
En el otro extremo, las bajadas más pronunciadas correspondieron a Abengoa (-0,95%), Telecinco (-0,95%) y Bankinter (-0,86%). BBVA se dejó un 0,43% y Repsol, un 0,28%.
En el mercado contínuo, SOS Corporación Alimentaria, que volvió a cotizar una vez levantado el castigo que la CNMV había impuesto al grupo, selló la negociación con una pérdida del 1,35%.
Respecto a las plazas internacionales, tanto Francfort (+0,60%) como París (+0,29%) mejoraron el comportamiento del indicador español y se unieron al verde que caracterizó la jornada bursátil.
Finalmente, y en el mercado de divisas, el euro perdió posiciones frente al dólar y, en el cierre de jornada, el cambio entre las dos monedas quedó fijado en 1,3451 unidades.
Wall Street sube 0,41% en una sesión positiva para materias primas y energía
La Bolsa de Nueva York se mantenía hoy al alza y el Dow Jones de Industriales ganaba el 0,41%, en una jornada favorable para los sectores de materias primas y de energía y en la que se constató que el gasto de los consumidores subió en febrero.
Hacia la media sesión, ese indicador bursátil avanzaba 44,21 puntos, a 10.894,57 unidades, al tiempo que el selectivo S&P 500 ascendía el 0,49% (5,76 puntos), y llegaba a 1.172,35 puntos.
El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde se negocian las acciones de numerosas empresas de tecnología e internet, ascendía el 0,46% (11,08 puntos) y se situaba en 2.406,21 unidades.
El mercado bursátil neoyorquino ampliaba las ganancias que ha logrado en las últimas cuatro semanas y la sesión resultaba de momento particularmente favorable para los sectores de empresas de materias primas y de energía, que subían en torno al 1,5% en ambos casos, con ayuda de un dólar más débil.
Por un euro se pagaban en esta ocasión 1,3454 dólares, comparado con 1,3415 dólares el viernes, entre otros cambios de divisas.
Los inversores se animaron a comprar valores bursátiles desde el arranque de la sesión y después de conocer que el gasto de los consumidores en Estados Unidos aumentó el 0,3% en febrero, el quinto alza consecutiva y en línea con lo esperado, en tanto que los ingresos personales no variaron respecto de enero.
Boeing (1,94%), Caterpillar (1,43%) y Merck (1,39%) encabezaban el grupo mayoritario de empresas en el Dow cuyas acciones se negociaban al alza, en tanto que Alcoa, AT&T y Pfizer subían en trono al 0,9%, entre otras.
También se revalorizaban con fuerza los títulos de las petroleras Exxon Mobil (1,11%) y Chevron (0,95%), las mayores de EEUU, lo que coincidía con un encarecimiento del barril de crudo de Texas en el mercado neoyorquino, donde se negociaba a 82,23 dólares, 2,23 dólares más que el viernes.
JPMorgan Chase (-1,16%) registraba el retroceso más destacable entre nueve componentes del Dow que anotaban pérdidas.
Fuera del Dow, las acciones del banco Citigroup se depreciaban el 3,02%, después de anunciar el Departamento del Tesoro de EEUU que venderá 7.700 millones de acciones que posee en esa entidad durante este año y en función de las condiciones del mercado.
La deuda pública estadounidense a diez años bajaba de precio y ofrecía una rentabilidad del 3,88%.
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