El Gobierno encarecerá la prejubilación
El Gobierno está decidido a poner coto a las prejubilaciones. Al menos, las que acometen grandes empresas con beneficios. Y para ello ha encontrado una vía: encarecerlas. Según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo va a exigir a las corporaciones más rentables que, si reducen plantilla a través de prejubilaciones, asuman el coste de las prestaciones por desempleo que suelen soportar las arcas públicas.
La idea no es nueva; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, la estudia desde hace meses. Pero es ahora, con una iniciativa parlamentaria, cuando tomará cuerpo. Como norma general, un prejubilado es un trabajador en sus últimos años de vida laboral que ha llegado a un acuerdo, colectivo o individual, con su empresa por el que recibe una indemnización en el momento de ser despedido. Entonces, el prejubilado, como cualquier otro desempleado -la figura administrativa del prejubilado no existe- pasa a cobrar de los servicios públicos de empleo la prestación a la que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto supone un abaratamiento del coste del despido para las empresas, ya que a la hora de calcular la indemnización ambas partes cuentan con el dinero que el prejubilado percibirá del antiguo Inem.
No obstante, en toda norma hay excepciones. En España ha habido grandes reducciones de plantillas en las que los prejubilados que perdían su trabajo no han pasado por las oficinas públicas de empleo y, por tanto, el Estado no ha tenido que desembolsar dinero alguno. Son los casos de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los ajustes de plantilla de la banca y alguno de los que ha hecho la propia Telefónica hasta el momento. Telefónica protagonizó el mayor expediente de regulación de empleo (aprobado sin cambios por el Gobierno), al que se acogieron 14.000 personas entre 2003 y 2008. En aquel ERE, pactado con los sindicatos, el grueso de las bajas fueron prejubilaciones de mayores de 52 años en las que la empresa compensó a los extrabajadores hasta su jubilación anticipada (61 años), y en menor medida, hasta la edad legal de jubilación (65 años). Y como era (y es) habitual, el antiguo Inem se hizo cargo de las prestaciones por desempleo.
Ahora, la intención del Gobierno es obligar a las grandes empresas con ganancias a asumir el coste de esa prestación en despidos colectivos para trabajadores mayores de 52 años que no van a reintegrarse al mercado laboral.
Para ello, fuentes cercanas al Ministerio que dirige Valeriano Gómez apuntan que Trabajo ha redactado un borrador que planea incorporar como enmienda en la tramitación de la Ley General de Seguridad Social o en el Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo. En esta última opción se incluiría en la disposición final primera. Ambas normas se encuentran pendientes de su aprobación en el Congreso, con un plazo de presentación de enmiendas que se agota en las próximas semanas. En Trabajo creen que habrá apoyo político suficiente para sacarla adelante.
No es este el único detalle que falta por cerrar. A "la primera versión" del texto que ha redactado Trabajo, todavía le faltan aspectos determinantes como a partir de qué número de trabajadores se impondrá la norma o cuál será el volumen de ganancias que servirá como referencia.
No es la primera vez que el Gobierno se propone endurecer las prejubilaciones. Ya el anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, las criticó con fiereza. "En los casos de empresas en beneficios, hay que prohibirlas directamente", llegó a afirmar. Pero el departamento llegó a la conclusión de que esa era una vía jurídica cerrada: en muchos casos, la prejubilación no es más que un despido pactado libremente entre empresa y trabajador.
La alternativa, en la que el equipo de Valeriano Gómez trabaja desde noviembre, apuesta por encarecerlas de forma indirecta. Hasta que no se fije a partir de qué volumen de empleo y de qué umbral de beneficios se aplicaría es imposible estimar el ahorro para los servicios públicos de empleo. Y en este asunto, escasean las referencias oficiales. Un informe elaborado por el Consejo Económico y Social hace una década calculaba en 240 millones anuales al año el coste en prestaciones por desempleo por las prejubilaciones de grandes empresas. Pero las condiciones laborales han variado de forma notable.
Tampoco hay muchas más pistas sobre la dimensión total del colectivo de prejubilados, cobren o no prestación por desempleo. La asociación de técnicos de Hacienda cree que ronda las 400.000 personas, aunque esto incluye todo tipo de casos (expedientes colectivos y pactos individuales en empresas con beneficios o pérdidas, grandes o pequeñas),
En Europa, Finlandia ya cuenta con una regulación de este estilo. De hecho, Trabajo se ha inspirado en la norma finlandesa para su diseño. En el país nórdico, existen las llamadas "pensiones por desempleo" para los trabajadores mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleos en empresas con beneficios. En estos casos, la compañía abona el 100% de la pensión si tiene más de 1.000 trabajadores. El porcentaje disminuye hasta el 80% conforme baja la plantilla.
Las prejubilaciones son una de las vías más utilizadas en los despidos colectivos pactados por empresas y sindicatos. Pierden el empleo los trabajadores más próximos a la jubilación a cambio de una indemnización que, muchas veces, supera lo establecido en la norma. Con ella el parado-prejubilado abandona un mercado laboral que tampoco les ofrece muchas oportunidades. Normalmente, acaban jubilándose con pensiones menores por los coeficientes de reducción por hacerlo de forma anticipada. Por eso, en muchos casos no suponen un sobrecoste para el sistema de pensiones, ya que su paga será menor durante el resto de su vida.
Trabajamos más, cobramos menos
Las cifras desmienten viejos tópicos. En España se trabajan más horas que en los países del entorno europeo. Pero se cobra menos; solo en Portugal, Grecia y Polonia los salarios son inferiores a los españoles.
Se nos tacha de poco productivos, pero trabajamos mucho. El Banco Mundial acaba de publicar un informe según el cual los españoles en edad de trabajar dedican el 19% de su tiempo al empleo remunerado, frente al 16% de países tan productivos como Alemania, Holanda o Dinamarca. Podrá discutirse el grado de implicación o la intensidad del desempeño, pero lo cierto es que los trabajadores españoles echan horas en el tajo y cobran mucho menos que sus homólogos europeos.
Según un estudio publicado esta semana por la consultora Michael Page, el sueldo medio en España se limita a 22.000 euros anuales, frente a los 35.000 del conjunto de la Unión Europea. En otros términos, los empleados de la UE-25 ingresan, por término medio, un 59% más que los de España. De hecho, solo los trabajadores de Grecia, Portugal y Polonia reciben una remuneración inferior.
Ese dato choca con el de la renta per cápita, utilizada a menudo como baremo del bienestar económico de los ciudadanos de un país. Según los cálculos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, España alcanzó en 2009 el 103% de la renta media de la UE, y quedó a apenas un punto porcentual de la de Italia y a cinco de la de Francia. En los albores de la Gran Recesión, esos datos llevaron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a vaticinar un inminente sorpasso sobre las otrora potencias industriales.
Si llegamos a ser casi tan ricos como italianos o franceses, ¿cómo puede ser que cobremos mucho menos? Por supuesto, el cálculo tiene truco: la renta per cápita es una variable meramente orientativa, que básicamente divide la actividad económica (PIB) entre el número de habitantes, que no son los únicos receptores de dicha renta (faltan en la ecuación las empresas y el Estado). Llevado al extremo del chiste, si yo me como dos pollos y usted ninguno, por término medio nos habremos comido uno cada uno.
El caso español se explica porque los trabajadores participan en mucha menor medida de la renta generada en su país que sus colegas europeos. El sesgo productivo hacia las empresas se refuerza por la menor presión fiscal española respecto a la comunitaria, que limita la participación de los impuestos indirectos en el reparto de las rentas. Después de que la economía española viviese su década prodigiosa (ahora, cada vez menos), el país pudo llegar a considerarse casi rico, pero no tanto sus ciudadanos.
La Seguridad Social hace caja con las prejubilaciones de la banca
Las prejubilaciones se han convertido en uno de los mecanismos más utilizados para reducir la plantilla en las grandes empresas. Ello beneficia a la Seguridad Social, escasa de liquidez, ya que las empresas en determinadas condiciones abonan en un solo pago las cuotas sociales del empleado hasta la fecha de su jubilación.
Un ERE, más allá de los dramas personales que conlleva, siempre supone una mala noticia para las finanzas públicas, ya que implica perder cotizantes. Sin embargo, como explica Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de Mercer, cuando se produce una prejubilación en el marco de un ERE, las empresas suelen pagar de una vez las cuotas sociales de los llamados empleados no mutualistas -aquellos que tienen más de 55 años y que no han cotizado antes de enero de 1967-.
Por ejemplo, un trabajador de 55 años prejubilado cobra hasta los 57 años la prestación por desempleo y la empresa ingresa de una vez las cuotas sociales correspondientes a cuatro años -de los 57 a los 61 años, edad mínima para acogerse a la jubilación anticipada-. Ello supone una importante aportación de liquidez en un momento en que el gasto en pensiones no cesa de aumentar y presiona las cuentas públicas.
Al borde de la quiebra
El sistema de la Seguridad Social logró cerrar 2010 con un ligero superávit, a pesar de la caída de cotizantes y el incremento del gasto en pensiones. Si no registró números rojos fue gracias a los ingresos derivados de los intereses del Fondo de Reserva. En este contexto, la posibilidad de ingresar de una vez las prejubilaciones enmarcadas en un ERE implica una ayuda nada desdeñable. El sector financiero ha anunciado 13.855 salidas en los últimos meses y el 80% de estas son prejubilaciones, informa Juande Portillo. De hecho, fuentes del mercado indican que las aportaciones de liquidez que suponen las prejubilaciones actúan como incentivo para que Trabajo acepte los ERE de la banca.
La mayor parte de las salidas por prejubilación gestionadas por la banca responden al llamado empleado no mutualista. En el resto de casos (cuando el trabajador tiene entre 52 y 55 años), la situación es distinta. El prejubilado firma un convenio especial con la Seguridad Social y recibe de manos de su empresa el importe equivalente a las cotizaciones correspondientes hasta los 61 o 65 años. Y es el empleado quien, mes a mes, paga sus cotizaciones para asegurarse una jubilación ventajosa.
Por regla general, la edad mínima de prejubilación se sitúa en los 52 años, un umbral que el Gobierno aseguró que modificaría y que, sin embargo, se ha mantenido igual. De hecho, incluso se han aprobado prejubilaciones de empleados con menos de 50 años. El Ejecutivo se ha mostrado repetidas veces en contra del uso masivo de la prejubilación porque supone un deterioro de las arcas públicas.
El empleado prejubilado (que normalmente recibe entre el 80% y el 90% de su sueldo hasta los 65 años) suele cobrar también la prestación por desempleo durante dos años como máximo. Durante este periodo, además, es el Estado el que asume el pago de las cuotas sociales de los parados.
España, un caso único en la Unión Europea
La utilización de las prejubilaciones en España no tiene parangón frente al resto de países de la UE. Así lo asegura Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, quien recuerda que en otros países se utilizan otros mecanismos en los procesos de reestructuración, como la reducción de jornada.
En cualquier caso, la reforma del sistema público de pensiones aprobada en septiembre por el Gobierno encarecerá los procesos de prejubilación. Cuando una empresa prejubila a uno de sus empleados suele comprometerse al pago de las cotizaciones hasta que el trabajador cumpla los 65 años, la edad legal de retiro. En la medida que el umbral aumentará hasta los 67 años, ello supone un incremento de los costes.
De hecho, los procesos de prejubilación ya antes de la reforma eran costosos para las empresas y por ello era un mecanismo utilizado sobre todo por grandes compañías, que cuentan con recursos. "Las empresas van a estar menos dispuestas a abordar procesos de prejubilación a edades bajas como se ha hecho en el sector financiero, ya que serán más caras", vaticina Godino, cuyo despacho de abogados ya está comprobando los primeros efectos de la reforma de las pensiones.
Por otro lado, la delicada situación financiera de la mayoría de compañías que optan por reestructuraciones de plantilla dificulta llevar a cabo un proceso masivo de prejubilaciones.
En cualquier caso, los expertos de Sagardoy aplauden la reforma de las pensiones, que consideran indispensable para asegurar la viabilidad del sistema. Además de elevar la edad legal de jubilación, será necesario haber cotizado 37 años para cobrar el 100% de la pensión. Y se amplía el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de los 15 a los 25 últimos años trabajados.
Aviso a las empresas
Las empresas deben tener en cuenta que si uno de sus empleados prejubilados vuelve a trabajar, la Seguridad Social no devolverá las cuotas sociales abonadas por la compañía sin previa petición. Ello supone un esfuerzo de control adicional para las compañías.
La economía social afronta la crisis con creación de empleo
En un contexto económico en el que predomina la destrucción generalizada del empleo, cualquier oasis en el que crezca el número de trabajadores es bienvenido. La economía social, integrada por cooperativas, mutualidades, cofradías de pescadores y otras asociaciones de carácter participativo en las que se redistribuyen los ingresos, es uno de esos escasos ejemplos en los que el saldo es positivo.
Su peso en el empleo del país es importante. Según los últimos datos que maneja la patronal Cepes, en España había 2,37 millones de trabajadores dedicados a ello en 2009 (1, 2 de manera directa), lo que supone el 12,5% de los asalariados españoles.
Según avanza el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, "la economía social seguirá creando empleo como se ha venido haciendo hasta 2010, año en el que se ha crecido un 5% respecto a 2009". El motor, pues, sigue a buen funcionamiento. A pesar de su saldo positivo en ocupación, la actividad de la también llamada "economía solidaria" no ha podido esquivar del todo los rigores de la crisis. Su facturación cayó en 2009 un 20% respecto al año interior, bajando así la cota de los 100.000 millones de euros.
Con todo, el peso del valor añadido que genera sigue siendo determinante: en torno a un 3% del PIB (un 10% si tenemos en cuenta la facturación). También crecieron el número de entidades (856), por lo que son ya más de 45.000 las contabilizadas por la patronal.
El perfil de las empresas de la economía social es muy variado, tanto por su tamaño como por la diversidad de sectores en los que se encuentran presentes. Se incluyen aquí desde la ONCE a Mondragón, el primer grupo empresarial del País Vasco, pasando por grandes cadenas de distribución como Eroski o las 90 cofradías de pescadores, muy fuertes en Andalucía. Las cooperativas siguen representando más de la mitad del sector, seguido de las sociedades laborales (31%) y las asociaciones de discapacitados (12%).
Ley de Economía Social
La importancia que le da el Gobierno al sector queda patente en la novedosa Ley de Economía Social, aprobada recientemente en el Congreso. En palabras del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, la ley "reconoce la importancia de la dimensión representativa en este sector". Así, la normativa clarifica el marco jurídico en el que se mueven estas empresas, a la vez que estimula la interacción con las administraciones.
Trabajo endurecerá las sanciones a las empresas y los empleados sumergidos
El plan para hacer aflorar economía sumergida encara su recta final y contempla elevar las sanciones para las empresas que recurran al empleo sumergido. Además, también endurecerá el castigo para aquellos empleados que cobran prestaciones por desempleo mientras trabajan a espaldas de la Seguridad Social
El próximo miércoles, el Consejo de Ministros analizará el plan de lucha contra el empleo irregular que Gobierno y agentes sociales ya tiene prácticamente cerrado. El objetivo es reducir la economía sumergida, que en España supone una lacra para las finanzas públicas que alcanza entre el 15% y el 25% del PIB, según las estimaciones del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
El Ejecutivo articulará su plan en dos fases. En un primer momento, Trabajo ofrecerá incentivos a las empresas que regularicen empleo sumergido. Con todo, niega que se trate de una "amnistía laboral". Así, la Administración ofrecerá facilidades en el pago de las cuotas atrasadas. Con todo, ¿ello será suficiente para que las compañías reconozcan que han defraudado a la Seguridad Social? El Ejecutivo así lo cree y confía en que la segunda fase de su plan -que contempla doblar las sanciones por irregularidades en materia laboral- atemorice a las empresas y provoque una ola de regularizaciones voluntarias.
En función de los casos, la cuantía de las multas podría elevarse desde los 6.520 euros hasta los 400.000 euros, informa Efe. Por otra parte, Trabajo también planea endurecer las sanciones contra los empleados que trabajan sin darse de alta a la Seguridad Social y cobran una prestación por desempleo. La inspección laboral abrió unos 250.000 expedientes el año pasado por este incumplimiento.
El Ejecutivo rechaza revelar el número de regularizaciones que prevé lograr. En cualquier caso, desde Hacienda ya han asegurado que no secundarán la iniciativa de Trabajo. Ello abre aún más interrogantes acerca de las posibilidades de éxito del plan. Una empresa que emplee a trabajadores sin contrato no sólo está engañando a la Seguridad Social sino que también defrauda impuestos como el IRPF. Y, en la medida que paga a sus empleados con dinero no declarado, resulta plausible que también maquille sus declaraciones de IVA o impuesto sobre sociedades. En este sentido, los inspectores de Hacienda aseguran que una compañía que recurra a empleo sumergido tiene todos los números para ser objeto de una inspección fiscal.
En cualquier caso, reducir el fraude tributario y laboral supone un objetivo prioritario ante el deterioro de las finanzas públicas. Un estudio de Funcas calculó que la economía sumergida provoca que el Estado deje de ingresar en torno a 30.000 millones al año, una cifra que supera la recaudación del impuesto sobre sociedades en 2010.
Avances en la negociación colectiva
Sindicatos y patronal han acercado posturas en la reforma de la negociación colectiva en los últimos días hasta el punto de que podrían perfilar un acuerdo antes del próximo jueves que se materializaría el lunes o martes de la semana siguiente.
Fuentes de la negociación aseguran que las postura sobre la ultraactividad "se han desbloqueado mucho" , informa Europa Press. Para la patronal resulta fundamental eliminar la llamada ultraactividad, es decir, el hecho que un convenio laboral ya vencido se mantenga en vigor hasta que sindicato y empresa no alcancen un nuevo acuerdo.
En cualquier caso, el tiempo para negociar la reforma de la negociación colectiva se está agotando y el Gobierno ya ha indicado que presentará un proyecto de ley ante el parlamento si finalmente no hay acuerdo.
Si ello no fuera suficiente presión, la patronal ha incluido en el debate dos temas que no pertenecen estrictamente al ámbito de la negociación colectiva como son el absentismo laboral y la reforma de las Mutuas.
Iberdrola pacta un convenio que liga el salario a los resultados
La compañía Iberdrola puede ser la primera gran empresa española en asumir las tesis del Banco de España y de la canciller alemana Angela Merkel sobre la conveniencia de ligar salarios y productividad en los convenios. La eléctrica ha alcanzado un principio de acuerdo con CC OO (16% de la representación sindical), USO (9%), Atype (19%) y Sie (19%), para firmar un convenio colectivo para los próximos cuatro años que liga la evolución de los salarios a los resultados operativos de la empresa. El preacuerdo, al que todavía no se han sumado el sindicato mayoritario en la empresa, UGT (28% de la representación), ni ELA, ni CGI, afectará a los empleados de Iberdrola en España y a los de sus filiales Iberdrola Renovables e Iomsa. En total, 9.000 personas.
El convenio podría firmarse el 5 de mayo, pocas semanas antes de la celebración de la junta general. Contempla un incremento salarial anual del 1%. Pero la subida podría llegar al 3,5% si se superan los objetivos de beneficios fijados para cada ejercicio. El sistema es simple. A partir de la consecución de los objetivos hay una escala de subidas que se detiene en el 3,5% si se alcanza el 120% de los resultados propuestos. ¿Qué sucede si no se alcanzan los objetivos? Que la subida salarial del año se puede quedar en el 0,8% en lugar del 1%.
"El salario de los trabajadores deja de estar ligado al índice de precios al consumo (IPC)" destacan fuentes de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, "de forma que el binomio empresa-trabajadores comparte riesgos y resultados".
Además de vincular retribuciones a resultados, el convenio sobre el que ya existe el principio de acuerdo contempla otros aspectos con ribetes de novedad. Así por ejemplo, se amplía hasta 39 minutos el margen para iniciar y terminar la jornada laboral; se mantiene el compromiso de hacer solo contratos indefinidos y se amplía hasta los 12 años la edad de los hijos de los trabajadores a la hora de solicitar reducción de jornada por guarda legal. También se introduce un nuevo permiso por matrimonio de los progenitores o de los hermanos y se mantiene el compromiso de fomentar la formación continua. Según la empresa, en 2010, los empleados de Iberdrola en España recibieron 400.000 horas de formación, lo que significa que un 95% de la plantilla ha asistido a algún curso durante el pasado año.
El nuevo convenio mantiene medidas que ya se aplican, como la posibilidad de los nuevos padres o madres de reducir su jornada a cinco horas durante un año sin merma de retribuciones; disfrutar de 15 días naturales de permiso retribuido antes de la fecha prevista de parto o la ampliación de la reserva de puesto de trabajo a tres años en caso de excedencia, tanto para el cuidado de hijos como de un familiar hasta el segundo grado.
En la eléctrica Iberdrola ya existían aspectos de la retribución ligados a la productividad. El convenio se aparta de lo que es habitual en España, donde tanto los sindicatos como la patronal defienden -al menos hasta la fecha- convenios ligados a la previsión de inflación, con complementos ligados a la productividad y cláusulas de salvaguardia.
El Ibex 35 pierde un 3,25% en la semana, la mayor caída semanal desde noviembre de 2010
El parqué madrileño ha registrado una caída semanal del 3,25%, la peor semana desde el noviembre de 2010, que ha situado al Ibex 35 en el nivel de los 10.558,6 puntos, en un contexto marcado de nuevo por las dudas sobre la situación de los países periféricos de la zona euro, que ha vuelto a elevar los 'spread' de la deuda española.
La semana terminó con sólo cinco valores en positivo: Grifols (+5,82%), Amadeus (+4,23%), IAG (+3,54%), REE (+1%) e Inditex (+0,75%). Los mayores descensos correspondieron a Telecinco (-6,58%), Sacyr Vallehermoso (-6,1%), Repsol YPF (-5,88%), ArcelorMittal (-5,83%) y Técnicas Reunidas (-5,59%).
En el sector financiero, BBVA cedió un 5,45%, seguido de Banco Santander (-4,58%), Banco Popular (-4,23%), Bankinter y Banco Sabadell (-2,92%). Telefónica, por su parte, cayó un 2,88%.
Las dudas sobre la evolución de los países periféricos de la zona euro han llevado de nuevo a los inversores a deshacer posiciones en el mercado y ha situado a la prima de riesgo española por encima de los 200 puntos puntos básicos.
Los analistas explican que la solicitud de Portugal fue "juzgada de forma benévola" la pasada semana, pero que en los últimos cinco días los inversores han sido más duros y con sólo un rumor sobre la necesidad de Grecia de reestructurar su deuda se ha roto "el cordón de seguridad que aislaba a España de los países ya intervenidos", señala Daniel Pingarrón de IG Markets.
En apenas dos días, el spread de deuda entre el bono español y el alemán ha pasado de los 170 puntos a superar los 200 sin que ningún otro factor fundamental haya provocado un cambio de escenario.
En este sentido, los expertos no ven probable que Grecia reestructure su deuda, ofreciendo una quita a sus acreedores, pero sí posible que no pueda atender a sus compromisos con el Fondo de Rescate Europeo.
Además, la incertidumbre sobre la inversión de China en España y en la banca, así como la marcha de los planes de recapitalización de las cajas de ahorros, han supuesto un factor más de incertidumbre en el mercado español y ha pasado factura al Ibex.
Wall Street se decanta por el terreno positivo y sube 0,58% en media sesión
Wall Street dejaba hoy la indecisión del arranque de la jornada y, hacia la media sesión, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía el 0,58% animado por las noticias macroeconómicas en Estados Unidos, que desviaron la atención de los resultados de Google y Bank of America.
Ese indicador, que agrupa a 30 de las mayores empresas cotizadas en Estados Unidos, sumaba hacia el ecuador de esta última jornada de la semana 70,65 puntos para colocarse en 12.355,8 enteros, el selectivo S&P 500 ganaba el 0,49% (6,47 enteros) hasta 1.320,99 puntos, y el índice compuesto del mercado Nasdaq ascendía el 0,19% (5,26 unidades) hasta 2.765,48 enteros.
Los inversores se fijaban a esta hora en el aumento en abril de la confianza de los consumidores de Estados Unidos en la evolución de la economía y de su situación financiera, que se debió a una moderación en la preocupación de los consumidores por el creciente aumento de los precios de la gasolina, según la Universidad de Michigan.
Esa buena noticia se unía al incremento de la producción industrial de este país del 0,8 % en marzo -dos décimas por encima de lo esperado por los expertos-, y al aumento menor de lo esperado de la inflación subyacente en Estados Unidos, dos datos muy bien acogidos en el parqué neoyorquino.
Así, el ámbito macroeconómico lograba impulsar el ánimo comprador de los inversores, que desviaban su atención de la decepción con la que recibieron los resultados empresariales del gigante tecnológico Google y del mayor banco de Estados Unidos por activos, Bank of America.
El buscador de internet caía a esta hora el 7,12% en el mercado Nasdaq después de haber revelado que obtuvo un beneficio neto de 2.298 millones de dólares entre enero y marzo de 2011, un 17,5% más que en el mismo período del año pasado, pero los inversores penalizaban el aumento en sus costes en ese periodo.
Por su parte, Bank of America lideraba el terreno negativo del Dow Jones de Industriales con un descenso del 1,6% tras haber anunciado que obtuvo un beneficio neto de 2.049 millones de dólares (17 centavos por título) en el primer trimestre de 2011, un 35,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, afectado por las pérdidas relacionadas con sus préstamos hipotecarios.
En ese índice sólo se colocaban en negativo las tecnológicas Cisco (-0,7%) y Microsoft (-0,56%), el grupo industrial United Technologies (-0,32%), el fabricante de bebidas Coca-Cola (-0,28%), la farmacéutica Pfizer (-0,2%), el fabricante de aluminio Alcoa (-0,18%) y el grupo 3M (-0,05%).
En el lado de los avances de ese indicador destacaba la farmacéutica Merck (2,39%), que se veía beneficiada por el acuerdo alcanzado con Johnson & Johnson (1,22%) tras una larga disputa sobre los derechos de los medicamentos Remicade y Simponi.
También subían la cadena de alimentación Kraft (1,67%), la química DuPont (1,35%), el grupo Walt Disney (1,29%) y la operadora de telefonía AT&T (1,22%), entre muchas otras.
En el mercado Nasdaq, la juguetera Mattel ganaba el 4,6% pese a haber anunciado que vio caer su beneficio neto en el primer trimestre del año un 33% respecto al mismo periodo de 2010, aunque su facturación aumentó más de lo que calculaban los analistas.
En otros mercados, el petróleo subía hasta los 109,78 dólares por barril, el oro se colocaba en máximos históricos al tocar los 1.486,2 dólares la onza, el dólar subía frente al euro (que se cambiaba por 1,4439 dólares) y la rentabilidad de la deuda pública estadounidense a 10 años descendía al 3,43%.
El Nikkei cierra con una caída del 0,36%
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio bajó hoy al cierre 34,87 puntos, o el 0,36 por ciento, hasta situarse en 9.556,65 puntos. El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, cayó 4,95 puntos, el 0,58 por ciento, hasta 836,34 puntos. A media sesión, el Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,12%.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario