La propuesta de la patronal para el despido improcedente: 20 días por año con ayuda del Fogasa
La patronal CEOE aprovechará la campaña electoral para presionar nuevamente a los partidos políticos con su reivindicación permanente de reducir para el empresario los costes del despido improcedente.
En una primera fase, la Confederación quiere pedir al nuevo Gobierno que, en este caso, rebaje la indenmización para el trabajador hasta los veinte días por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente al salario de un año, igual que la media de la Unión Europea. Sin embargo, la patronal pretende que de esa cuantía de la indemnización, ocho días los pague el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Hay que recordar que, tras la reforma laboral, el Gobierno decidió que este organismo público pagase esa cantidad, pero en los despidos procedentes. La presión de los sindicatos hizo ver al Ejecutivo que, en su opinión, no se podía subvencionar la extinción de un contrato que el juez ha declarado improcedente; no ajustada a la ley.
En su programa laboral, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la patronal pretende que sea una realidad que, al final, el empresario sólo pague doce días al trabajador de indemnización y los ocho días restantes el Fogasa. Es decir, que el empleado despedido se lleva veinte días de salario hasta una cuantía máxima de un año de salario, pero el empresarios sólo pagaría doce días.
Se trata de la propuesta más ambiciosa que la patronal ha hecho hasta ahora en esta cuestión, teniendo en cuenta que, según el tipo de contrato, la indemnización por despido improcedente puede ser de dos tipos. La primera, de 33 días por año de trabajo hasta una cuantía máxima de dos años de salario, si el trabajador tiene un contrato de fomento del empleo indefinido.
Si el empleado tiene un contrato fijo ordinario, la compensación en el despido improcedente es de 45 días por año de trabajo hasta una cuantía máxima equivalente a tres años y medio de salario.
La propuesta de la patronal sobre la rebaja del despido improcedente supone que, para el despido, la indemnización del contrato indefinido se equipara a la del contrato temporal, que también es de doce días. Prácticamente, CEOE quiere dejar a las empresas de trabajo temporal la gestión de estos contratos y para actividades que sean de un momento determinado, de temporada.
Las fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN apuestan por evitar que roten varios trabajadores por un puesto que, por su labor, tiene carácter permanente e indefinido, porque así ni se forma ni se invierte en el trabajador. La segunda derivada de la propuesta de CEOE sobre la rebaja de los costes del despido improcedente es que, por el camino, al empresario le sadría gratis la resolución procedente del contrato por causas objetivas. Es decir, por razones económicas, tecnológicas, organizativas y de producción.
Extinción procedente
Actualmente, tanto en un despido colectivo como individual, al finalizar la relación laboral por estas causas el trabajador percibe una indemnización equivalente a veinte días por año de trabajo hasta una cuantía maxíma de un año de salario. Es decir, las mismas condiciones que persigue la patronal para la extinción improcedente.
En consecuencia, si CEOE consigue su objetivo, la compensación por despido procedente no tendría sentido. Por todas estas razones también, los empresarios quieren mayor facilidad en sus decisiones al pedir al futuro Gobierno que defina mejor las causas económicas que pueden respaldar la reducción de puestos de trabajo. Con este fin también, CEOE quiere que el juez se limite a comprobar si el empresario ha cumplido todos los trámites y no ha infringido los derechos fundamentales de la persona, pero que no entre en las razones económicas.
La rescisión de un contrato en periodo de prueba puede ser despido
El Tribunal Supremo analiza un caso en el que un trabajador demanda a su empresa por prescindir de sus servicios durante el tiempo estipulado en el convenio y en el contrato para verificar su idoneidad para el puesto.
El trabajador fue contratado fijándose un periodo de prueba de un año, como indicaba el convenio colectivo de la empresa. Cuando quedaban apenas cinco días para que expirara ese tiempo, la compañía extinguió el contrato por entender que no lo había superado con éxito, no siendo adecuado para el puesto. El empleado la demandó alegando que en realidad era un despido por haberse fijado un período de prueba desorbitado.
El caso tuvo diferentes resoluciones, llegando finalmente al Tribunal Supremo. Éste analiza en su sentencia el contenido del artículo en cuestión del convenio colectivo, que por su interés reproducimos: "Todo el personal de nuevo ingreso estará sujeto a un periodo de prueba de trabajo efectivo, de acuerdo con la normativa siguiente: Personal Técnico: cinco meses. Personal Grupo Ventas: Dadas las características inherentes al desempeño del puesto, la duración de una campaña de ventas y la necesidad de llevar a cabo un periodo de formación adecuado que permita al trabajador adquirir la experiencia que como vendedor debe poseer, se establece para el personal de este grupo un periodo de prueba de un año. Personal Grupos Administrativos y de Oficios Varios: dos meses. Personal Grupo de Edificios: quince días".
El Supremo ya en 2007 tuvo un caso de la misma empresa, si bien el período de prueba fijado en aquel momento había sido de dos años. En esa sentencia declaraba que el período de prueba de dos años de un convenio anterior era nulo porque no era razonable que el empresario necesite un período tan prolongado para advertir la capacitación profesional en una actividad que no presentaba circunstancias tan particulares.
Ante la sentencia contraria a la compañía, cuando se negoció el nuevo convenio empresa y sindicatos acordaron rebajar a la mitad el período de prueba.
Ante este nuevo caso del mismo empleador, el Supremo emitió la presente sentencia ratificando los argumentos ya expuestos, para defender que, el sometimiento al periodo de prueba de un año de duración le continúa pareciendo a todas luces excesivo, ya que el objeto de la prueba puede satisfacerse sobradamente en un lapso temporal más reducido.
Por esta razón, vuelve a considerar la extinción del contrato como un despido, dado que carecía de causa, improcedente.
Francia no quiere becarios extranjeros
Los licenciados no europeos denuncian que París les pone trabas para trabajar. El endurecimiento de las condiciones de contratación para estos jóvenes es evidente, y afecta tanto a los que buscan su primer empleo como a aquellos que ya tenían apalabrado un puesto.
Tenían una promesa de futuro en sus manos y encima de la mesa, casi cerrado, su primer y ansiado contrato. Pero se toparon con el proteccionismo galo, con una crisis que está obligando a barrer para casa, sobre todo a la hora de contratar personal. El endurecimiento por orden del Gobierno francés de las condiciones para la contratación de licenciados extranjeros está haciendo desaparecer de un plumazo los sueños de miles de estos jóvenes a punto de lanzarse al mercado laboral.
Son los indignados del Colectivo del 31 de mayo. Han adoptado como grito de guerra la fecha en la que el Ejecutivo comenzó lo que ellos consideran una ofensiva contra los licenciados no europeos: “Cada vez encontramos más problemas para trabajar, nos ponen trabas administrativas”, resume la indignada Fatma, una de las portavoces de esta asociación.
Esta joven tunecina diplomada en Comercio iba a firmar su primer contrato en un gabinete de auditoría, pero los trámites burocráticos la tienen aún desocupada. “Si antes el proceso para obtener la autorización para trabajar duraba un mes, ahora se ha alargado cuatro o cinco. A unos nos tienen esperando y a otros se lo deniegan con excusas absurdas”, explica la joven.
El pasado mes de mayo la ministra de Educación –hoy de Presupuestos–, Valerie Pecresse, señaló su intención de atraer y seleccionar mejor a los estudiantes extranjeros. Sus palabras fueron secundadas por las del titular del ministerio de Interior, Claude Guéant, quien manifestó su deseo de “reducir la inmigración legal ligada al trabajo”.
Adaptar la inmigración
El que avisa no es traidor. El 31 de mayo los ministerios de Interior y de Trabajo emitieron una circular a las regiones y departamentos galos en la que instaban a endurecer las condiciones exigidas a las empresas para contratar a los estudiantes no europeos.
El resultado es que, tras la vuelta a la actividad escolar, no sólo se ha reducido la lista de profesiones abiertas a los extranjeros formados en el país vecino, sino que ha aumentado el número de licenciados que ya tenían un empleo apalabrado y que no han podido acceder a él por culpa de la norma.
La unión hace la fuerza y estos indignados se han organizado en el Colectivo del 31 de mayo, fecha de emisión de la polémica circular. Ya son 100 miembros activos y más de 4.000 en las redes sociales. Su objetivo es denunciar las invitaciones a abandonar el país y las demoras en la espera para obtener las autorizaciones para trabajar.
“Cuando fui a entregar mi dossier para formalizar el contrato me dijeron que tenía que tramitar un nuevo carné de residente, porque ya no me valía el de estudiante”, relata Johana, recién licenciada en Ciencias Políticas y que, tras la publicación de la controvertida circular, se está encontrando con problemas para acceder a su empleo.
Contra el explotador
El Gobierno dice que su objetivo es “reforzar la lucha contra los empresarios que desconocen las reglas del derecho al trabajo”. Se rechazará la autorización a los empresarios que no presenten las garantías necesarias para reclutar a un trabajador extranjero”, dice el documento.
Estos requisitos son el buen conocimiento de la lengua francesa y la posesión de un título de residencia, que no puede ser el mismo del que se disfrutaba cuando era estudiante.
Pero los jóvenes denuncian que lo que el Gobierno pide es que a la hora de contratar se dé prioridad a los estudiantes patrios. “El recurso a la mano de obra extranjera se justifica únicamente cuando la oferta de empleo no puede ser satisfecha por los demandantes de empleo presentes en el mercado de trabajo”, dice la nota gubernamental.
“Nuestro país quiere atraer a los mejores estudiantes del mundo para formarlos. No existe ninguna política de discriminación para los diplomados extranjeros que quieren trabajar”, ha señalado el ministro de enseñanza superior, Laurent Wauquiez.
Francia es el tercer destino preferido para los que aún están en edad de hincar los codos, después de Estados Unidos y Gran Bretaña. En sus universidades se forman 278.000 estudiantes no franceses, la mayoría procedentes de Marruecos, China y Argelia. Son un 73% más que hace una década y el 12% de la totalidad.
Esta acogida dentro de las universidades choca con el paro fuera de las mismas. La tasa de desempleo en los jóvenes menores de 25 años es del 22%, una cifra que se eleva al 23% en el caso de los diplomados extranjeros. Sin trabajo y sin horizonte, los exiliados indignados aseguran que no les queda otra vía que el regreso a su país, donde posiblemente tampoco encuentren lo que buscan.
Sólo aptos para los trabajos ‘en tensión’
Sobre el papel y entre líneas, la polémica normativa del Gobierno galo dice que las empresas deben dar prioridad a los diplomados franceses, “salvo en el caso de las profesiones ‘en tensión”. Se trata de ocupaciones en las que no sólo hay trabajo de sobra, sino que de hecho falta mano de obra.
El pasado mes de julio, la lista de estas actividades en números rojos, que está accesible en Internet, se redujo de 30 a 14. En concreto, Francia necesita auditores y controladores de contabilidad, diseñadores, comerciales, ingenieros informáticos, teleoperadores o diseñadores de productos mecánicos y electrónicos, entre otros. Absténganse los diplomados en otras carreras o cometidos.
Pôle Emploi, la agencia de empleo gala, también ha elaborado una lista de las profesiones en escasez. Enfermeras, personal especializado en cuidados paliativos y en la asistencia a domicilio, agentes comerciales o agentes de seguridad son algunos de los oficios más demandados.
En estas profesiones las compañías tienen problemas para cubrir un tercio de sus ofertas. La falta de candidatos idóneos o cualificados así como la ausencia de experiencia, de motivación o de formación son algunas de las razones que empujan a las empresas a rendirse en su proceso de selección.
Según el Inem francés, en estos sectores hay cerca de 600.000 puestos libres que están a la espera de ser cubiertos.
Aunque la mayoría de las empresas compensan la falta de personal especializado reciclando a su plantilla, ya hay un 20% que busca fuera lo que no encuentran en casa. Un porcentaje que, según Pôle Emploi, se ha triplicado en el último año.
Tres exdirectivos de Novacaixa se resisten a devolver la indemnización
El presidente de NCG Banco, José María Castellano, solo ha convencido a un exdirectivo de Novacaixagalicia para que devuelva su multimillonaria indemnización. Es Javier García de Paredes, el mismo que en septiembre había rechazado 4,7 millones de la liquidación de diez millones que le correspondía. Tras un largo consejo de administración celebrado ayer en A Coruña, la entidad informó de que "siguen abiertas conversaciones" con los otros tres directivos para lograr acuerdos similares con el resto de ejecutivos de la caja gallega fusionada, ahora en manos del Estado en un 93%.
La enorme presión social tampoco ha hecho mella en el exdirector de Caixa Galicia, José Luis Méndez, que percibió en su salida 16,5 millones de euros del fondo de pensiones, un seguro, y parte de la rescisión de su contrato. "Ante la nueva situación por la creación de NCG Banco, Méndez ha puesto a disposición de su presidente los puestos de representación que ocupa en las sociedades participadas", aseguró la entidad. El compromiso con Méndez, que sigue sentándose en la presidencia de la fundación de la caja, establecía una indemnización equivalente a tres años de dietas si le obligaban a renunciar a esos cargos antes de cumplir 70. Quizá por eso internamente analizan el gesto como una victoria del nuevo equipo directivo.
"Su proceso de jubilación se ajustó a la normativa legal correspondiente y a las reglas de buen gobierno corporativo que regían en septiembre de 2010", asegura NCG, cerrando la puerta a conseguir el reintegro del plan de pensiones del que llevó las riendas de la caja de A Coruña durante 29 años.
Para Javier García De Paredes todo fueron elogios por su "compromiso, actitud y el sentido ético". El propio Castellano aseguró que "ha demostrado en todo momento su preocupación por ayudar a evitar el daño en la imagen de la entidad que ha causado la divulgación pública de los contratos de los directivos". También mencionó que las cifras de su liquidación "no resultaban aceptables en el actual contexto económico" y que "hay que dar ejemplo".
Era un mensaje para los que no se han dado por aludidos. José Luis Pego, ex director, cobró 7,7 millones y se embolsará otros 10,8 cuando cumpla los 65. Con él las negociaciones continuarán hoy, pero se han puesto cuesta arriba. En el convencimiento de que la crisis de la fusión ha tenido mucho que ver con el mal estado de Caixa Galicia, Pego, procedente de Caixanova, condiciona su acuerdo a que el resto de sus compañeros haga lo mismo. Una suerte de trampa, porque otros cargos con contratos de alta dirección, como Gregorio Gorriarán Laza o Óscar Rodríguez Estrada, tampoco estarían dispuestos a seguir los pasos de De Paredes. El que fuera mano derecha de Julio Fernández Gayoso en Caixanova añade que no quiere confiar el dinero en el banco, y exige que, si renuncia, vaya a parar a la obra social de la caja.
En suma, la fusión gallega ha derivado en el mercadeo de unas indemnizaciones que la sociedad considera indecentes y que son solo la parte visible de un sistema dominado durante años por directivos que se asignaban sus propios salarios y consejeros que miraban para otro lado. Algo que no solo ha ocurrido en Galicia. "Nos toca intentar recomponer una situación que era la que era. No podemos entrar en planes de pensiones porque son intocables, es moneda común en todas las cajas", denuncian fuentes próximas a Castellano.
Quizá por eso los sindicatos sospechan que el escándalo puede ocultar otros análisis más necesarios. "De lo que no se habla es de la valoración", ataca Clodomiro Montero, responsable de personal de CIG. "La caja debería denunciar al banco por pactar con Miguel Ángel Fernández Ordóñez la reducción del precio en libros del 88%. Ahora encima quieren que el dinero que se devuelva pase a sus cuentas, y no a la obra social", denuncia.
"Lo indigno de todo esto es que se hayan utilizado medios de la empresa para que los consejos terminasen autorizando acuerdos que nadie en su sano juicio aceptaría", añade desde UGT José Ramón del Pliego. El sindicato ha sido uno de los que más ha batallado contra los desorbitados contratos y otras prebendas de la cúpula de las cajas gallegas, hasta el punto de llevar al juzgado en varias ocasiones a Julio Fernández Gayoso, que gracias a ciertos acuerdos políticos ha podido eludir las limitaciones de edad que marca la ley. Con 80 años sigue siendo consejero del banco creado por Novacaixagalicia.
La vía judicial, aunque no es la preferida por Castellano, sigue sobre la mesa para que los exdirectivos devuelvan el dinero. El Banco de España estaría de acuerdo en la estrategia que ha emprendido el ex consejero delegado de Inditex.
En el plano político, los nacionalistas del BNG reclamaron ayer la "anulación o revocación", del acuerdo del consejo que permitió las enormes indemnizaciones que ahora se conocen. La autorización fue aprobada el 25 de agosto en una reunión donde no se detallaron cantidades. El PP gallego, que tumbó la semana pasada una iniciativa socialista para pedir el reembolso de los cerca de 25 millones, considera que es el Banco de España el que debe "reconducir", la situación para que, al menos, se ajusten a lo que dice la normativa europea, (que limita los pagos a dos años de retribuciones fijas).
Indemnizaciones y jubilaciones en Novacaixagalicia
- José Luis Pego. Fue director de Caixanova durante cinco años y de Novacaixagalicia durante nueve meses. Cobraba 627.000 euros al año. Por la prejubilación, un seguro y el fondo de pensiones tiene derecho a una remuneración bruta de 18,5 millones de euros. Ha cobrado 7,7 millones. El resto, cuando cumpla 65 años.
- Javier García de Paredes. En la fusión fue ascendido a la dirección general adjunta de Novacaixagalicia. Se le hizo un contrato de alta dirección en diciembre de 2010 para equiparar sus condiciones a las de Pego. Renunció a 4,7 millones de euros en el momento de la liquidación porque le parecía "excesivo". Se embolsó 5,3 millones. Ha anunciado que renunciará a la mayoría de ese dinero.
- José Luis Méndez. Director de Caixa Galicia durante 29 años. Se jubiló tres meses antes de la fusión. Su plan de pensiones y el seguro le reportaron 16,5 millones de euros. Sigue siendo director de la fundación Caixa Galicia. Se sienta en los consejos de administración de varias empresas, como Sacyr, en representación de la caja.
- Gregorio Gorriarán Laza. Exdirector de la división inmobiliaria de Novacaixagalicia recibió 7,5 millones de euros en concepto de prejubilación y seguro.
- Óscar Rodríguez Estrada. Responsable de la oficina de integración, percibió 700.000 euros por la rescisión de su contrato.
- Julio Fernández Gayoso. Se jubiló en 2006, con 75 años tras más de cuatro décadas en Caixanova. Su salario rondaba los 600.000 euros, según fuentes sindicales. Se ignora lo que cobra del fondo de pensiones de los exdirectivos. Es consejero de NCG Banco.
El Ibex se da la vuelta por el jarro de agua fría de Merkel
http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2011-10-17/576776_sesion-tranquila-alzas-moderadas-para.html
Las palabras del portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, Steffen Seibert, intentando frenar las expectativas sobre la cumbre de la zona euro prevista para este fin de semana han sido recibidas como un jarro de agua fría por el Ibex 35, que se ha dado la vuelta y se aleja definitivamente de los 9.000 puntos. En este contexto, la prima de riesgo española vive un fuerte repute y se sitúa en torno a los 320 puntos básicos. El rojo también se extiende por Europa, con DAX perdiendo más de un 1% y el Eurostoxx acercáncose también a esa cifra.
Las ganancias de más del 1% registradas por la mañana se han transformado en una tendencia hacia la baja, después de las declaraciones del portavoz de Angela Merkel, que pide a los mercados que no se hagan ilusiones con la cumbre europea de finales de esta semana.
Tampoco ha contribuido al optimismo la advertencia de Moody´s sobre la eficacia limitada de una recapitalización de la banca europea, lo que ha provocado que la prima de riesgo de España se ha disparado hasta los 320 puntos básicos, cuando el pasado viernes cerró en los 303 enteros.
En este contexto, los valores que más perdían eran Acerinox , Arcelor Mittal, Ferrovial, Mediaset y Grifols, con recortes superiores al 2%, mientras que lograban esquivar las pérdidas holgadamente Sacyr, con una subida superior al 2% y Mapfre, con una revalorización superior al 1%.
En el Mercado Continuo, NH se disparaba más de un 14% y sus acciones se situaban en 3,72 euros después de conocerse que el grupo industrial chino HNA ha rebajado en un 23,5% su oferta inicial por el 20% de la cadena hotelera española, hasta los 329,85 millones de euros, frente a los 431,6 millones de euros anteriormente previstos.
En el mercado de divisas, el euro retrocedía respecto al dólar y a primera hora de la tarde el cambio entre las dos monedas se quedaba en 1,377 unidades, un 0,79% menos.
Wall Street recrudece las pérdidas y cierra con un descenso del 2,13 %
http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2011-10-17/577362_wall-street-recrudece-perdidas-cierra.html
Wall Street recrudeció hoy las pérdidas de la jornada en la recta final de la sesión y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cerró con un descenso del 2,13 % tras las nuevas dudas sobre la resolución de la crisis de deuda de la zona euro.
Según datos provisionales al cierre de la sesión, ese indicador, que agrupa a 30 de las mayores empresas cotizadas en EE.UU., restó 247,49 puntos para terminar en 11.397 unidades, el selectivo S&P 500 descendió el 1,94 %, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq cedió el 1,98 %.
El índice Nikkei cae un 1,36 por ciento hasta 8.758,74 puntos
El índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio cayó hoy en la apertura 120,86 puntos, el 1,36 por ciento, hasta situarse en 8.758,74 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que reúne todos los valores de la primera sección, perdió 9,49 puntos, el 1,25 por ciento, hasta 752,39 puntos.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario