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lunes, 23 de enero de 2012

Prensa 23 enero

La reforma laboral de nunca acabar


En España se cree en el poder taumatúrgico de las leyes. A cada problema hay que oponerle una ley o una reforma de la ley que lo resuelva. Y el paro, qué duda cabe, es el gran problema que aqueja a España. El mercado laboral está enfermo, una tasa del 21,5% de desempleo certifica el diagnóstico. La medicina está clara: una reforma del Estatuto de los Trabajadores. El nuevo Gobierno ya la ha anunciado. Será la enésima de la democracia y tendrá un reto tan grande como las anteriores, poner los cimientos para que en la próxima crisis, España no vuelva superar el 20% de paro.

Para tener éxito y poner punto final a este cuento de nunca acabar en que se ha convertido la reforma laboral durante la crisis -se han abordado dos significativas y no han satisfecho a nadie-, el catálogo de modificaciones tendrá que ser amplio. "Casi todas las reformas laborales que se han aprobado hasta ahora han sido muy parciales", analiza el economista laboral José Ignacio Pérez Infante, director general de Empleo en los años ochenta, cuando se le pregunta por qué no se ha tocado la tecla adecuada todavía. Aunque en su opinión cabe la duda de que ahora, en medio de una recesión, sea el momento adecuado porque pueden agravar el problema: "No es el momento, porque las medidas para la contratación no funcionan, mientras que las del despido, sí".

El diagnóstico de Fedea, una fundación de estudios económicos patrocinada por las grandes empresas, coincide en el diagnóstico: "Nuestra larga historia de acuerdos y reformas parciales nos ha conducido a un caso extremo de mercado laboral segmentado". Discrepa en la urgencia, cree que tendría que haberse hecho antes, y que hasta el momento se ha perdido el tiempo.

El excesivo peso de los contratos temporales, el 26% del total, es la diana a la que dirigen el objetivo todos los expertos. Fedea habla de segmentación. "Dualidad" le llaman Pérez Infante o Jesús Lahera, profesor de Derecho Laboral. El Gobierno también mira en esa dirección. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se declaró partidario de un contrato único indefinido como solución. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no ha querido aclarar en qué está pensando exactamente el Gobierno. Solo anticipó una simplificación del número de contratos. Pero para otros, como Luis Toharia, profesor de Economía Laboral, el contrato único no es más que una "solución semántica", según explica en su último artículo, publicado en la Gaceta Sindical de CC OO.

Para el catedrático de Derecho Laboral, Jesús Cruz Villalón, resolver este problema, y el resto del mercado laboral, requiere una reforma amplia. "La temporalidad no funciona aisladamente. Esto no es una pieza independiente del convenio o del despido". En otras palabras, la reforma laboral tiene que ser amplia.

Pero esa gran reforma laboral, que necesitará la ayuda y el empuje de la vuelta del crédito y la recuperación económica para funcionar, precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. Los cambios en el Estatuto de los Trabajadores efectuados hasta ahora que no han contado con el apoyo de UGT, CC OO, CEOE y Cepyme se han bloqueado cuando llegaban a las empresas. Fue el caso de 1994. La que ha sido la reforma laboral más ambiciosa hasta el momento, que provocó una huelga general, se paralizó hasta que se recompusieron las relaciones entre sindicatos y empresarios en 1997.

Sin embargo, ese precisamente, el pacto social, es el principal obstáculo para una reforma laboral amplia. Los sindicatos y los empresarios no se han puesto de acuerdo durante toda la crisis cuando se ha tratado de llevar a cabo cambios de calado en la norma. Pasó en 2010. Volvió a pasar en la reforma de convenios del año pasado. Y han tropezado otra vez ahora.

El acuerdo que han puesto sobre la mesa, por el momento, no toca los temas sustantivos: contratación, formación, negociación colectiva o despido. Y abona afirmaciones como la de Pérez Infante: "Siempre que ha habido una reforma pactada, los acuerdos han sido de mínimos". Es lo que sucedió en 2006, cuando Gobierno y agentes sociales se unieron para atajar la temporalidad solo a base de límites en el encadenamiento de contratos y con bonificaciones a la contratación

Conscientes de que la legitimidad de los agentes sociales, también llega por su capacidad de encontrar puntos en común, ambas partes tratan estos días de alcanzar un acuerdo de moderación salarial para capear la recesión en la que se adentra España. Esta es la vía, en realidad una subida de sueldos por debajo de la inflación (traducción: una rebaja real de las remuneraciones de los asalariados), más rápida y sencilla que encuentran agentes sociales, Gobierno y organismos internacionales (Banco Central Europeo, FMI, OCDE...) para que las empresas españolas ganen mercado exterior y no tengan que destruir empleo.

El acuerdo está cerca, según apuntan varias fuentes de la negociación. Incluso en donde parece más difícil, en la estructura de la negociación colectiva, esto es, en qué tipo de convenio (sectorial o empresarial debe prevalecer o qué materias debe abordar cada uno). De hecho, hay un sector que ya ha marcado el camino: la construcción.

El pasado viernes el ladrillo firmó un pacto hasta 2016. En él se contempla una subida a partir de este año de las tablas salariales de 2011 del 1%, casi un punto por debajo de lo previsto por la mayoría de analistas para el IPC. Y además, pese a que el acuerdo es plurianual, la revisión de cada año se tendrá que acordar para cada ejercicio. De esta forma, se trata de corregir uno de los principales defectos de los que adolece la negociación colectiva: la lentitud de los sueldos para adaptarse a los cambios de la coyuntura económica, como sucedió en 2009, cuando la economía caía y se bordeaba la deflación, mientras los salarios crecieron un 2,2%.

Además, la patronal y los sindicatos de la construcción han establecido criterios objetivos para que las empresas en dificultades -una caída del 12% del resultado de explotación o de la facturación por empleado- puedan dejar de cumplir con las exigencias del convenio en asuntos como el régimen salarial, los horarios o la jornada. Con una condición: que se hayan cumplido los acuerdos de años anteriores, lo que deja fuera a las provincias andaluzas.

A este tipo de cláusulas los expertos le llaman flexibilidad interna, una de las grandes ausentes del mercado laboral español, que en otros países europeos, como Alemania, han salvado miles de puestos de trabajo en la Gran Recesión. "Se puede hacer mucho en este tema, tanto en la ley como en los convenios", explica Cruz Villalón, "pero los cambios tienen que estar equilibrados entre sindicatos y empresarios".

La flexibilidad interna o el impulso de la contratación parcial son dos de las demandas que recoge el bufete laboralista Sagardoy para impulsar la creación de empleo. No obstante, hay que tener presente que no siempre es posible recurrir a medidas alternativas al despido. Y más en una economía con una estructura productiva como la española.

La flexibilidad interna es el instrumento al que recurren los empresarios cuando pierden facturación para no perder a los trabajadores que aprecian, normalmente por su formación y su productividad, algo que suele estar asociado al sector industrial y a los servicios de alto valor añadido. Pero en la economía española, estas ramas tienen poco peso específico y todavía menos si se trata de empleo. La industria supone el 17% del producto interior bruto y emplea a un 14% del conjunto de la mano de obra.

El listado de temas que tiene que abarcar la reforma laboral es amplio. A los enunciados hasta la saciedad (contratación, despido, negociación colectiva o flexibilidad interna), hay que sumar otros: absentismo, formación, políticas activas de empleo o desempleo juvenil. El Miniserio de Empleo ya se ha puesto manos a la obra, según ha anunciado esta semana la ministra Fátima Báñez. En el alambique normativo tendrá que conjugar el equilibrio con la necesidad. Y, sobre todo, tomar ejemplo de otras reformas con peligrosos efectos secundarios. Como la de 1984, cuando se descausalizó la contratación temporal para combatir el alto paro de entonces, o la de 2002, cuando se eliminaron los farragosos trámites del despido injustificado y casi se generalizó su uso. Porque, como dice el profesor Luis Toharia, a la luz de reformas anteriores, se debería tener en cuenta que: "Los únicos efectos grandes que suelen tener los cambios normativos del mercado de trabajo son precisamente aquellos que nadie previó".



La reforma laboral que planea el Gobierno no creará empleo


Desde que estalló la crisis y el mercado de trabajo se colapsó, no ha cesado de oírse el mantra de que las reformas laborales son el vértice imprescindible para rebajar la elevada tasa de paro (del 21,5% actualmente, casi cinco millones de personas desempleadas) y comenzar la recuperación. La presión fue tal que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 una reforma del mercado de trabajo y, desde entonces, al menos cinco paquetes más de medidas laborales.

Sin embargo, desde aquella reforma laboral la tasa de paro ha seguido aumentando, la contratación sigue sin arrancar y la temporalidad es aún mayor. Sindicatos y expertos insisten en que el mercado de trabajo no se reactivará hasta que no lo haga la economía, se complete la reforma del sistema financiero y vuelva a fluir el crédito. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha marcado como una de sus prioridades una nueva reforma del mercado de trabajo que se aprobará en las próximas semanas.

"Llevamos desde 2010 ininterrumpidamente con normas sobre derecho laboral. No se puede estar continuamente modificando el cuadro normativo, además siempre en sentido degradatorio", asegura Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, insisten desde hace días al Gobierno para que convoque una mesa de diálogo con los agentes sociales para conocer qué tipo de reforma quieren, y con qué objetivos y recursos. Las pistas que existen de momento sobre las intenciones del Ejecutivo son las declaraciones de algunos de sus miembros y las 71 enmiendas que el Partido Popular presentó a la reforma laboral del anterior Gobierno. De ahí se extraen los ejes sobre los que pivotarán los nuevos cambios en el mercado de trabajo.

1 Contratación

Fomento del empleo

La reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno en 2010 extendía los supuestos en los que se podía utilizar el llamado contrato de fomento del empleo, con una indemnización por despido más barata que el indefinido habitual, de 33 días por año trabajado. Sin embargo, el actual Ejecutivo parece tener en mente generalizar aún más esta tipología de contratación.

"Lo que se está planteando como reforma refuerza una tendencia que viene de hace años: la de abaratar el despido y los costes de la contratación, bien a través de subvenciones o con el contrato de fomento del empleo, por ejemplo. Esto ni crea ni destruye empleo, porque el mercado laboral es resultado de la situación económica y del modelo productivo", explica Josep Banyuls, profesor de la Universidad de Valencia especializado en mercado de trabajo y políticas de empleo.

También refuerza esta idea el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que afirma que la generalización del contrato de 33 días es una forma indirecta de abaratar el despido y de "vaciar de contenido" el contrato indefinido que otorga 45 días de indemnización por año trabajado.

Van en la misma línea los planteamientos del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Santos Ruesga. "En este momento de contracción de la demanda, generalizar el contrato de 33 días no tendría efectos sobre el empleo ni a corto ni a medio plazo. Supondría una reducción del coste salarial y abarataría el despido, pero tendría un efecto escasísimo en términos de generación de empleo", afirma.

Otra de las propuestas sobre contratación que parecen sonar bien al Gobierno son las de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), de corte liberal, que plantea un contrato único indefinido con indemnización creciente según la antigüedad del trabajador hasta el tope de los 33 días por año trabajado. En este caso, Banyuls insiste en que el coste laboral "nunca ha sido el factor clave para incentivar o desincentivar la contratación" y que un despido creciente, lejos de romper el dualismo entre temporales e indefinidos, supone un abaratamiento del despido para todos.

2 Bonificaciones

Jóvenes y parados de larga duración

Otra de las ideas que pueden hacerse realidad es la de bonificar a las empresas que contraten a jóvenes o a parados de larga duración. Baylos recuerda que en los dos últimos años se han aprobado cinco normas sobre bonificaciones a la contratación de todo tipo. Los resultados están a la vista

Para Santos Ruesga, estas bonificaciones tampoco supondrán un gran acicate para la creación de empleo y no es ni mucho menos la panacea para jóvenes y parados de larga duración. "Estas bonificaciones incentivan los efectos de sustitución. Es posible que aunque no estés creando empleo por estar en un momento de recesión, si necesitas contratar a alguien contrates a alguien más barato por la subvención. Esto tiene sentido para ayudar a colectivos que están discriminados en el mercado, pero en un contexto de contracción económica esta ayuda sería a costa de los no jóvenes o de los varones si hablamos de incentivos para las mujeres", indica el catedrático de la UAM. "Para que este tipo de medidas no supongan favorecer a unos a costa de otros son necesarias condiciones económicas favorables", añade.

"Hay buenos estudios que indican que subvencionar el empleo siempre tiene peso muerto. Las compañías sólo emplean a la gente cuando la necesitan, pero si hay subvenciones las cogen. Es igual que si quieres cambiar de coche y te enteras que hay una subvencion, difícilmente te vas a cambiar sólo porque existe esta", explica Albert Recio, profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

3 Convenios

Más poder para la empresa

Aunque en el documento que sindicatos y patronal enviaron con sus acuerdos a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, hace un par de semanas marcaban como asuntos bilaterales la negociación colectiva y la evolución de los salarios, parece más que probable que el Gobierno irrumpa y legisle sobre convenios. En sus enmiendas a la reforma laboral de 2010, el PP apostaba por fomentar aún más el convenio de empresa frente a los de otros ámbitos. ¿Por qué? "Hay un objetivo, no sé si de todo el Gobierno o de la patronal más dura, que es la desindicalización de las pymes, impedir que los convenios se apliquen ahí y constituir un poder unilateral del empresario", señala Baylos.

Más del 90% del tejido productivo español está compuesto por pequeñas y medianas empresas. En el caso de que las decisiones del convenio de empresa primaran sobre cualquier otro, los trabajadores tendrían más complicado organizarse para defender sus derechos, ya que tendrían que ser ellos mismos los que negociaran sus condiciones con la empresa. "Es un salto hacia atrás. En la práctica, esto supone un empeoramiento de las condiciones laborales y plena disponibilidad del empresario", dice Baylos.

Además, Santos Ruesga recuerda que, en lo que se refiere a los efectos macroeconómicos de que tenga preeminencia el convenio estatal (o sectorial) o el de la empresa, "no se ha demostrado que ninguno de los dos venga mejor o peor". En cualquier caso, Ruesga cree que "optar por una mayor descentralización, en la que tenga prioridad el convenio de empresa, no tiene en cuenta la realidad española", con un gran porcentaje de los trabajadores empleados en pequeñas empresas. "En una empresa de cinco empleados, esta propuesta significa en la práctica que no va a haber convenio y que será la empresa quien determine las condiciones laborales. Eso es un atraso desde el punto de vista social y manda al ostracismo a la negociación colectiva", afirma.

Junto al escepticismo respecto a la eficacia de la reforma laboral que quiere plantear el Gobierno para crear empleo, los expertos creen que legislar sin un amplio acuerdo será contraproducente. "La intervención directa de la Administración va a ser poco eficaz. Sin el diálogo social, podemos aprobar una norma que luego va a ser muy difícil de poner en práctica", indica Ruesga. "Salvo que queramos convertir nuestro mercado laboral en algo no conveniado".

4 Descuelgue

Poder para no aplicar el convenio

También está en discusión si se da más facilidad a los empresarios para aplicar la cláusula de descuelgue de los convenios, esto es, la posibilidad de no atender al compromiso salarial que está registrado en el convenio debido a dificultades económicas. La patronal ha pedido en varias ocasiones que los empresarios tengan poder unilateral para tomar esta decisión (ahora tiene que ser pactada). Por otro lado, el Gobierno también podría ampliar el descuelgue a cualquier parte del convenio, lo que permitiría a las empresas no aplicar, no sólo las subidas salariales, sino las jornadas o los horarios pactados.

Para Josep Banyuls, el descuelgue general es un retroceso en términos de calidad del empleo: "Los convenios recogen la legislación general e inciden en alguna cuestión que afecta más a ese sector o territorio y muchas veces incluyen compromisos para mejorar el empleo, la prevención de riesgos laborales o las políticas de igualdad. Permitir el descuelgue de todo es permitir al empresario que disponga libremente de la mano de obra".

"Dejar que las empresas fijen el salario según quieran (otra cosa es tener un modelo ordenado que admita ajustes ante circunstancias particulares) puede conducir fácilmente a convertir el dumping salarial en el modelo predominante de competencia interempresarial, todo lo contrario de promover la eficiencia", opina Recio, quien ejemplifica el significado de este cambio a partir de un estudio sobre el sector de limpieza de oficinas. "Hasta ahora predomina un acuerdo estatal que establece condiciones generales y convenios provinciales en los que se fija el salario del sector. Todas las empresas pagan el mismo salario. Como muchos contratos, especialmente en el sector público, se obtienen por concursos, las empresas deben competir en términos de servicio, pero si dejamos que cada cual negocie su salario entraremos en un proceso de subastas a la baja basado en salarios más bajos "para ganar competitividad". El equilibrio final es el salario mínimo, por cierto uno de los más bajos de Europa y claramente situado por debajo del nivel de riesgo de pobreza", concluye.

5 Salarios

A qué ligarlos

Esta semana, Mariano Rajoy aseguró que los salarios deben estar ligados a la productividad y la situación económica de las empresas. Actualmente, el precio de la vida, la inflación, es el principal indicador para fijar la evolución de los sueldos, aunque también pueden incluirse otras variables. Precisamente, varios expertos señalan que ya existen otros conceptos que se incluyen en los convenios y que sirven para fijar salarios. "Además, los datos revelan que no existe homogeneidad salarial. Hay sectores con una fragmentación enorme y eso ya responde a diferentes situaciones. La misma empresa haciendo lo mismo puede tener salarios más bajos que otra en otra provincia", destaca Banyuls.

Antonio Baylos va más allá y asegura que, si el salario de los trabajadores depende exclusivamente de los resultados de sus empresas, debería abrirse la puerta a soluciones como la cogestión o codirección empresarial para que los empleados intervengan. "Si el salario va a depender de que la empresa pierda o gane, que los trabajadores intervengan en la forma en que eso se hace", explica.

"Ahora lo que se está haciendo es completando la parte del diseño neoliberal que era menos liberal en la Unión Europea", Alberto Montero, profesor de economía aplicada de la Universidad de Málaga. "Este planteamiento apunta a que el mercado de trabajo tiene que ser lo suficientemente flexible para ser factor de ajuste en caso de desajuste entre los distintos países", añade. Además, el problema para aplicar con cierta justicia la vinculación de las variaciones salariales a la productividad de la empresa es que es necesario saber cuál es su productividad real, algo que no se suele conseguir.

6 Prácticas

Más desregularización

Una de las enmiendas que presentó el PP a la reforma del Gobierno de Rodríguez Zapatero también apostaba por permitir contratar en prácticas a un trabajador para cualquier puesto de trabajo. Ahora, son los convenios los que marcan para qué puestos pueden emplearse a trabajadores con un contrato de prácticas. Josep Banyuls opina que es una forma más de abaratar la mano de obra, ya que es un contrato que se acaba usando como forma económica para la empresa de mantener a un trabajador. "Es importante que existan mecanismos de inserción laboral para los jóvenes, pero muchas veces estas fórmulas no se usan para los fines correctos. Su generalización debería ir acompañada en todo caso de más mecanismos de formación y de estabilidad en el empleo", afirma Banyuls, que apuesta por tratar de poner en marcha el modelo dual alemán de formación y empleo.

Para Montero, es una forma más de colocar en una situación de precariedad a los trabajadores. "Los contratos en prácticas están para la adquisición de formación y no para el desarrollo de actividades con responsabilidad plena. Abrir esta posibilidad supone que cualquier persona con capacidad reconocida podrá cubrir puestos de responsabilidad con contrato en prácticas", explica.



El PP sitúa los tipos del IRPF entre los más altos de Europa


El pasado 30 de diciembre, cuatro ministros del Gobierno de Rajoy comparecieron circunspectos para explicar la batería de medidas para luchar contra el déficit. Entre ellas se encontraba la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España, que incluía un fuerte aumento de los tipos impositivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El Ejecutivo justificó la impopular decisión por una desviación del déficit estimado que escaló hasta el 8%, dos puntos por encima de lo previsto.

Pero la medida sitúa a España como uno de los países con el IRPF más alto de Europa. Solo Suecia y Bélgica tienen un tipo marginal máximo más elevado que España. "La subida supone que, a partir de 2012, los tipos del IRPF español será de los más elevados de Europa, no solo en todos sus tramos, sino también en el tratamiento del ahorro", afirma el último informe elaborado por el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, una institución de tendencia liberal, muy crítica con la subida de impuestos del Ejecutivo del PP. Considera que "tendrá nefastas consecuencias" para la economía española. Y señala: "Los altos gravámenes solo se emplearán en mantener un Estado sobredimensionado e ineficiente".

Pagan las clases medias

Los autores del estudio opinan que el potencial recaudador de la medida será inferior a lo previsto por el Gobierno (apenas un 0,6% del PIB). Y recuerda que serán las clases medias quienes paguen el recargo impositivo.

Antes de la subida fiscal, calificada por el Gobierno del PP como "recargo solidario", los tipos impositivos del IRPF ya estaban entre los más altos de Europa en todos sus tramos. Aunque estos eran equiparables a los de países como Alemania, Francia o Reino Unido. "Pero con la reforma tributaria, España ha empeorado extraordinariamente su situación y atractivo fiscal frente al resto de países, lo que redundará en una caída del consumo y del ahorro", defiende el informe, que analiza las tarifas autonómicas de algunas comunidades: "Cataluña (con un máximo del 56%), Asturias (55,5%) y Andalucía, Extremadura y Cantabria (55%) tienen un tipo marginal máximo más elevado de toda Europa, salvo Suecia". Juan Ramón Rallo, director del informe, considera que el "imprescindible ajuste del déficit público español debería producirse únicamente por el lado del gasto público".



El Ibex 35 sube un 1,3% semanal pero hoy se impone la recogida de beneficios


El Ibex 35 se aleja más de las bolsas europeas aunque esta semana entra en beneficio desde que comenzó el año. Hoy se impone la recogida de beneficios. Popular cede un 1,68% después de caer un 7% con la entrada de nuevas acciones.

Buena semana para las bolsas teniendo en cuenta que han tenido que soportar los recortes de rating de S&P, peores previsiones económicas,como las del FMI, y el rescate de Grecia en el aire depediendo de las negociaciones con los acreedores. Aunque se antoja escaso el saldo para el Ibex 35 que cierra la semana con una subida del 1,31%. Cada vez se aleja más del resto de índices importantes. El Dax suma en los últimos cinco días más de un 4% al alza, el Cac, casi otro 4 %; el Eurostoxx, por encima del 3,5% y el Mib, igual. Las bolsas estadounidenses se mantienen en máximos de seis meses.

El alivio para el Ibex ha sido las subastas de deuda. Las emisiones se han realizado con bastante éxito demostrando que hay apetito por la deuda europea, aunque de fondo están las inyecciones de liquidez del BCE al sistema financiero cuya intención es cubrir la oferta del nuevo pasivo de los países europeos.

La sesión hoy ha tenido poca historia, el Ibex 35 ha permaneciado en rojo durante todo la sesión moviéndose con un rango muy estrecho de apenas cien puntos. Al final el selectivo se ha dejado un 0,56% algo más que el resto de mercados del Viejo Continente.

Con todos los frentes abiertos que hay es normal que los inversores opten por cerrar posiciones de cara a la próxima semana. Falta que se confirme el rescate de Grecia antes de la Cumbre en Europa del día 30 de enero. Y es España que se defina la reforma laboral y financiera. Demasiadas incertidumbre para estar en el mercado y pensar a medio plazo.Los resultados anuales de Google de ayer han dado los argumentos necesarios a los inversores para una retirada.La compañía cae un 7% a pesar de que aumentó el beneficio en el último trimestre un 25%.

El protagonista del día es Popular que ha remontado una caída del 7% para cerrar al 1,5%. Hoy empezaba a cotizar las nuevas acciones provinientes del canje de obligaciones convertibles. n una sesión calmada, Santander y BBVA esquivaron el rojo, con subidas del 0,34% y del 0,16%, respectivamente. Telefónica perdió un 0,93% y Repsol YPF, un 2,21%. FCC lideró el terreno negativo, tras caer un 3,13%, seguido por Acerinox (-2,49%) y Repsol, mientras que Sacyr ganó un 3,29% y Ebro Foods, un 2,42%.

El euro pierde posiciones respecto al dólar pero mantiene los 1,29 dólares. El petróleo cae alrededor de un 2% dejando al Brent en 109 dólares y el Texas 98 dólares.



Wall Street cierra con una subida del 0,76 % gracias a las tecnológicas


El Dow Jones de Industriales, la principal referencia de Wall Street, amplió hoy sus avances en la recta final de la sesión y cerró con una subida del 0,76 % gracias al buen recibimiento que tuvieron los resultados de las tecnológicas Microsoft e IBM.

Ese índice, que agrupa a treinta de las mayores empresas cotizadas de EEUU, sumó 96,5 puntos hasta situarse en las 12.720,48 unidades, al tiempo que el S&P 500 se deshizo de los números rojos que registró durante casi toda la jornada para acabar finalmente con un leve ascenso del 0,07 % (0,88 puntos) hasta 1.315,38 unidades.

El índice compuesto del mercado Nasdaq no logró dejar atrás los descensos, aunque sí moderarlos al 0,06 % (-1,63 puntos) hasta 2.786,7 unidades, presionado por la fuerte caída del 8,38 % del buscador de internet Google.

La sólida subida con la que terminó el día el índice de referencia del parqué neoyorquino se produjo al calor de las ganancias de las tecnológicas Microsoft (5,65 %), IBM (4,43 %), Hewlett-Packard (3,61 %) e Intel (2,94 %), que consiguieron que el sector ganase en su conjunto un 0,71 %.

Microsoft registró ese avance a pesar de que tras el cierre de la pasada sesión anunció que ganó 6.624 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2012, el 0,1 % menos.

Los inversores celebraron por otro lado que IBM cerrase 2011 con un beneficio neto de 15.900 millones de dólares, el 7 % más interanual, y que ese mismo ejercicio fuera el mejor año de la historia de Intel, con un beneficio récord de 12.942 millones.

El lado de los números rojos del Dow Jones, capitaneado casi todo el día por American Express, lo lideró finalmente la cadena Home Depot (-1,98 %), mientras la emisora de tarjetas de crédito le siguió la pista con una bajada del 1,79 % pese a haber ganado 4.935 millones de dólares en 2011, un 22 % más interanual.

Mientras tanto, el conglomerado General Electric, que también había registrado números rojos durante gran parte de la jornada, terminó en tablas un día en que anunció que en 2011 ganó 14.151 millones de dólares, el 22 % más interanual, aunque su ganancia del último trimestre registró un descenso del 18 %.

A pesar del buen recibimiento que tuvieron en general los resultados de las tecnológicas en Wall Street, Google no corrió la misma suerte y cayó más de un 8 % después de anunciar que en el cuarto trimestre de 2011 ganó 2.710 millones de dólares, el 6,6 % más interanual, aunque menos de lo pronosticado por los analistas.

Por otro lado, American International Group (AIG) ganó el 0,39 % tras conocerse que el banco de la Reserva Federal de Nueva York ha vendido al banco suizo Credit Suisse más de 7.000 millones de dólares en activos que adquirió tras el rescate de esa aseguradora durante la crisis de 2008.

En otros mercados, el barril de crudo de Texas bajó el 1,92 % hasta perder la simbólica cota de los 100 dólares por barril (a 98,46 dólares), al tiempo que el oro subió a 1.664 dólares la onza.

Entre tanto, el dólar ganaba terreno frente al euro (que se cambiaba por 1,2933 dólares) y la rentabilidad de la deuda pública estadounidense a diez años ascendía al 2,03 %.



El Nikkei cede 14,89 puntos, el 0,17 %, hasta 8.751,47 puntos


El selectivo índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cedió hoy en la apertura 14,89 puntos, o el 0,17 %, hasta situarse en 8.751,47 puntos.

El segundo indicador, el Topix, que reúne todos los valores de la primera sección, cayó 0,24 puntos, o el 0,03 %, hasta 755,23 puntos.

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