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lunes, 5 de marzo de 2012

Prensa 5 marzo

El 70% opina que el Estado del bienestar está en peligro


El aumento del IRPF y el recorte del gasto público no han gustado a la mayoría de los españoles. Sobre todo la primera medida, puesto que el 61,6% la rechaza. En cuanto a la primera, las opiniones están más igualadas. El 51,3% desaprueban los ajustes y el 45,4% están a favor, pero esa mayor paridad contrasta con otro resultado: el 69,9% de los entrevistados en el barómetro del GESOP consideran que los tijeretazos ponen en peligro el Estado del bienestar.

A raíz de estos datos, podría interpretarse que, pese a ser minoría, hay un número apreciable de ciudadanos que creen que hay que tomar ciertas medidas que impliquen riesgos nada desdeñables. Y que hay que hacerlo aunque ni siquiera sirva para ver la luz al final del túnel. Porque el 64,7% de la población opina que la iniciativa emprendida por el Gobierno servirá poco o nada para salir de la crisis. Es decir, incluso entre los que apoyan el recorte hay un sector destacado que alberga pocas esperanzas de que sirva para mejorar la situación actual.

POCO OPTIMISMO / Lo mismo sucede a la hora de poner nota a la subida de impuestos. Siete de cada 10 españoles dudan de que este mecanismo ayude a enfilar la recuperación económica. Por tanto, incluso entre los que apoyan la decisión del Ejecutivo, que representan el 35,9%, hay muchos que no acaban de estar muy convencidos de sus resultados.

Ni siquiera entre los simpatizantes del PP hay mucho optimismo. El 58,2% respaldan el plan del Gobierno, pero la cifra de los que creen que tendrá efectos positivos baja al 47%,

Por comunidades autónomas, los más escépticos son los vascos y los catalanes. Tres de cada cuatro habitantes de Catalunya no confían en la medida, y el porcentaje de los que desaprueban su aplicación supera también la media y se sitúa en el 68,6%. Tras los del PP, los votantes de CiU son los que ofrecen mayor respaldo al incremento impositivo. Lo hacen el 32,4%, aunque el 73% de los simpatizantes de la federación nacionalista también dudan de que aporte una salida a la crisis.



Empleo estudia retirar el paro a quien rechace tres ofertas de ETT


El Gobierno está estudiando la nueva regulación de las empresas de trabajo temporal (ETT) como colaboradoras de los servicios públicos de empleo. En este marco, barajan que se pueda retirar la prestación por desempleo cuando el parado rechace tres ofertas de empleo adecuadas a su perfil que le ofrezca una ETT autorizada.

La reforma laboral reconoce el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT) como agencias de colocación para colaborar con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en labores de intermediación laboral. Para que esta colaboración se haga efectiva, las ETT deberán recibir primero la autorización del servicio público de empleo y, después, negociar y firmar convenios con cada uno de los servicios regionales con los que se vaya a trabajar.

A través de estos convenios, las ETT tendrán acceso fundamentalmente a cruzar sus bases de datos con las de los servicios públicos de empleo. Pero esto será solo un primer paso en la fórmula de colaboración público-privada. Según explicó recientemente el director general Empleo, Xavier Thibault, ante un grupo de directivos de recursos humanos, el Gobierno está buscando una fórmula para que las ETT "sean también una herramienta importante en la lucha contra el fraude".

En este terreno, argumentó que la ley actual ya estipula que los parados que rechacen tres ofertas adecuadas de empleo serán sancionados con la pérdida de la prestación por desempleo. Pero según dijo, "el problema está en que algo no funciona en los servicios públicos de empleo, que apenas intermedian en el 3% de las colocaciones, y por eso ni siquiera llegan a tramitar ofertas adecuadas". Conclusión: ni se rechazan ni se retiran las prestaciones por ello.

Ante esta situación, Thibault consideró que cuando las ETT colaboren plenamente en la intermediación con los servicios públicos, se tendrá que aplicar igualmente la ley que sanciona a quien rechace tres ofertas de empleo adecuadas con la retirada de la prestación. "Eso también sucederá cuando sea una ETT la que descuelgue el teléfono y realice estas tres llamadas ofreciendo hasta tres empleos adecuados al perfil del parado y este los rechace", insistió el director general de Empleo.

Dicho esto, precisó a CincoDías que llevar la colaboración público-privada hasta este punto no es una decisión ya tomada, sino que "todo está en fase de estudio; estamos analizando países como Alemania, donde funciona así". En cualquier caso, fuentes del sector consultadas creen que una decisión como ésta conllevaría un gran control de las ETT por parte de la Administración y, como mínimo, una definición más precisa de lo que es una oferta de empleo adecuada que no se puede rechazar.



Los españoles censuran la reforma laboral pero no irían a una huelga


La tijera de Mariano Rajoy ha pinchado en hueso con la reforma laboral. Las movilizaciones de las últimas semanas en distintas ciudades españolas contra los recortes sociales del Gobierno, que la derecha achaca sin rubor al agit-prop del PSOE, reflejan en realidad un malestar que comienza a aflorar en los estudios demoscópicos. El barómetro político de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) no deja lugar a dudas. La flexibilización del mercado de trabajo, el ajuste más duro de los que ha aprobado hasta ahora Rajoy, genera un amplio rechazo entre los españoles, que advierten negras consecuencias: menos derechos laborales y más paro. Ahora bien, sea por falta de alternativas, sea porque los efectos aún no son demasiado perceptibles, la idea de los sindicatos de convocar una huelga general parte por la mitad a la ciudadanía.

El millar de entrevistas que conforman el sondeo se realizaron pocos días después de la jornada de manifestaciones impulsada por UGT y CCOO en contra de una reforma que, entre otros cambios, generaliza el despido de 20 días por año trabajado si una empresa acredita nueve meses consecutivos de descenso de ingresos o ventas. Seis de cada 10 españoles, el 59,6%, censuran el nuevo marco laboral, aunque los que lo avalan alcanzan el 32%. En general, la flexibilización del mercado de trabajo es una idea rechazada por el 47,3%, aunque aceptada por el 42%.

La oposición a la reforma es mayoritaria entre los votantes de izquierdas (PSOE, IU, ERC). El electorado de CiU está más dividido, pero son más los que dicen no: 47% frente a un 42%. Este dato sorprende habida cuenta del respaldo a la reforma de los dirigentes de la federación, con el president, Artur Mas, y el portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, a la cabeza. Igualmente significativo resulta que una cuarta parte de los votantes del PP (23,8%) reprueben la nueva legislación.

Una explicación muy evidente es que parte del electorado conservador constate, como la mayoría, que sus derechos laborales están en peligro. Ocho de cada 10 ciudadanos (79,5%) están convencidos de ello, mientras que un 16,8% sigue viendo a salvo sus derechos como trabajadores. En este punto no hay diferencias entre caladeros de voto. Más de la mitad de los votantes del PP ve un claro recorte de derechos en la reforma; un 38% no lo consigna.

La otra consecuencia que los electores se huelen es la destrucción de empleo. Seis de cada 10 sondeados (59,3%) aseguran que flexibilizar las condiciones laborales no contribuirá a crear puestos de trabajo y a reducir los lacerantes datos del paro. El 34,3% percibe justo lo contrario. Eso no significa que los españoles no estén dispuestos a sacrificarse en tiempos de vacas flacas. La idea de bajarse el sueldo en un momento de dificultades la aceptan el 41,5% de los encuestados, pero hay un 54,5% que se opone.

En este contexto, y teniendo en cuenta que los populares conservan un suelo electoral muy firme, los españoles están muy divididos sobre la conveniencia de agotar ya el cartucho de la huelga general, que los sindicatos están preparando para el próximo 29 de marzo. Un 50,3% de los ciudadanos no secundaría el paro; un 46,7% sí dejaría de trabajar. La cita no está convocada todavía, pero UGT y CCOO se reúnen este viernes para confirmarla.

MÁS RECELOS EN LA DERECHA / Esta división se reproduce entre los votantes de los partidos no situados a la izquierda. Los del PP son ampliamente contrarios a una huelga general, aunque un 13% confiesan que participarían en el paro. Dos tercios de los votantes de CiU se oponen a la idea, pero el otro tercio está a favor. Y en la UPD de Rosa Díez también son más, aunque por estrecho margen, los que se niegan a empuñar la pancarta.



La conciliación de la vida personal y laboral es rentable


La crisis económica ha obligado a modificar sustancialmente las condiciones laborales en la mayor parte de los países europeos. También en España, acuciada por un paro galopante y unas empresas cuyas cuentas de resultados hacen agua por todos los lados. Hay que cambiar el modelo, insisten los expertos. Y en esa línea trabaja el Gobierno, intentando conjugar todos los puntos que ayuden a conducir a España por un camino de crecimiento. Sin embargo, poco o nada se habla de medidas de conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores en estos momentos al considerarlo baladí ante las necesidades actuales. Pero, como apuntan los expertos consultados por este periódico, la conciliación implica un aumento de la productividad, algo más que necesario en una España que tiene el título de "país menos productivo" de la UE (un 26,8% inferior, según Eurostat, 2009). Y aumentar la productividad lleva parejo un aumento también económico.

La nueva reforma laboral limita la conciliación a la incentivación de los contratos parciales o el teletrabajo (se regulará en un futuro decreto), tal como señaló la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en un foro de familias numerosas. Pero el problema de ese tipo de contratos es que tienen un perfil muy femenino (véase el gráfico). Así lo indica Ana Bujaldón, presidenta de Mujeres Directivas (Fedepe), quien justifica su preocupación porque "con un trabajo a media jornada la mujer no parte en igualdad de condiciones para promocionar o ascender dentro de la estructura empresarial, lo que en conjunto significa perpetuar que los cargos directivos, de decisión, responsabilidad, y también los mejor remunerados, continúen, mayoritariamente, en manos de hombres".

Bujaldón considera crucial modificar de una vez por todas los horarios. "La reforma laboral deja de lado uno de los cambios fundamentales que España debería realizar como transición del modelo laboral y empresarial: el cambio de horarios. Homologar con Europa o Norteamérica las jornadas intensivas, reduciendo el horario de comida y fijando un tope racional en la hora de salida (primera hora de la tarde) permitiría aplicar la verdadera corresponsabilidad, ya que este horario sería para todos, repartiendo, sin duda, las obligaciones y atenciones necesarias". Además, "se puede ser más productivo entrando antes a trabajar, llegando desayunado...".

Esto repercutiría en el bienestar del trabajador, y esto, a su vez, en una mejora de la competitividad, de la calidad de los procesos, del clima laboral, del aumento en el grado de cumplimiento de los objetivos de la empresa, en la reducción del absentismo..., explica Nuria Chinchilla, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, directora del Centro Internacional Trabajo y Familia (ICWF) y experta en temas de conciliación. Chinchilla lleva años insistiendo en la necesidad de llevar a cabo políticas de conciliación como un instrumento de rentabilidad para la empresa. Un reciente estudio realizado por ICWF y Edenred revela que "los entornos laborales que favorecen la conciliación multiplican por cuatro el compromiso de los empleados" y que "los entornos laborales contaminantes (sin medidas de conciliación) multiplican por once la intención de los empleados de dejar la empresa". De hecho, el 80% de las personas entre los 29 y 47 años manifiesta su intención de dejar la empresa en entornos laborales que dificultan sistemáticamente la conciliación. Sobre esta generación recae la responsabilidad de los hijos y de las personas mayores dependientes.

Maria Àngels Valls, profesora del departamento de Dirección de Personas y Organización de Esade y miembro del Instituto de Estudios Laborales (IEL), advierte de las desventajas de partida de las mujeres –"se les sigue atribuyendo roles sociales como el de cuidadora"–. "Ahora el mercado de trabajo tiene en cuenta la capacidad de ser más o menos flexible, y eso lo están pagando las mujeres y lo seguirán pagando".

Valls señala que con los cambios en la normativa laboral los empresarios disponen de nuevas herramientas (potestad para cambiar de jornada, de horario, responsabilidades). "La responsabilidad de un buen uso de estas herramientas está en manos de las empresas. El problema es que la crisis va para largo y no sé si las empresas están o tienen la posibilidad de gestionar el mañana. La mayoría tiene suficiente con tratar de conservar los puestos de trabajo".

Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), insiste en que "no por trabajar más horas este país es más productivo", e insta a "cambiar con urgencia la cultura del presentismo por una cultura de la eficiencia". Para salir de la crisis, "se ha de buscar la excelencia, trabajar por incentivos".

En la racionalización de horarios, Buqueras reconoce "que no se ha avanzado en la línea y con la fuerza que se debería". Aunque, como señala la empresaria Ana Bujaldón, sí se notan algunos avances, en los últimos años en cuestiones como las reuniones y las llamadas telefónicas. "Ahora, después de las seis de la tarde, recibes muchas menos llamadas y, a partir de las siete, cuando alguien te llama, la mayoría se disculpa por la hora".

Buqueras, que antes de las elecciones se reunió con todos los grupos políticos para que se comprometieran con la conciliación, pide "menos palabras y más hechos". Es hora de actuar, señala, mientras reitera que se generalice la salida del trabajo no más allá de las seis de la tarde, acabar con las comidas interminables y las reuniones improductivas, "que empiezan impuntualmente y no se sabe cuándo se acaban".

Almudena Fontecha, secretaria para la igualdad de UGT, es muy pesimista con la situación actual. Considera que hay una "obsesión" por entender el trabajo a tiempo parcial como una fórmula para conciliar. "En España, la mayoría de estos contratos son para las mujeres, y los mantienen no por deseo propio, sino porque no consiguen trabajar a tiempo completo".

En su opinión, la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo causará problemas para conciliar. Además, "en un momento de escasez de puestos de trabajo sólo habrá oportunidad para los que tengan capacidad de resistir", concluye.



Toxo y Méndez envían a Rajoy sus alternativas para la reforma laboral


Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo y la UGT, Cándido Méndez, han enviado hoy una nueva carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para presentar sus alternativas a la reforma laboral y pedir que se corrijan sus aspectos "más lesivos".

En un comunicado, los sindicatos explican que han remitido a Rajoy una serie de enmiendas que recogen sus propuestas para la reforma laboral, basadas en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado con CEOE y CEPYME el 25 de enero y en la Iniciativa Legislativa Popular por el empleo estable presentada en el Congreso de los Diputados, con el aval de más de un millón de firmas.

La carta insiste en que "por primera vez" se aprueba una reforma laboral sin un proceso previo de diálogo con los agentes sociales, por lo que los sindicatos demandan que se abra una negociación para corregir los puntos de la reforma laboral que más perjudican a los trabajadores.

Como alternativas a la reforma laboral del Gobierno, las centrales sindicales ponen en valor sus acuerdos con la patronal en materia de absentismo, flexibilidad interna, racionalización de festivos o en lo relativo al mantenimiento de las jubilaciones anticipadas.

Los sindicatos también defienden que la carta "es un ejemplo más de su compromiso y responsabilidad con los intereses generales del país".

Esta es la segunda carta que Toxo y Méndez dirigen a Rajoy para pedir que abra un proceso de diálogo sobre la reforma laboral, después de la que enviaron el 21 de febrero instando al Ejecutivo a buscar "elementos de consenso" para afrontar la situación "desde la concertación y no desde la confrontación".



Casi 340.000 autónomos se han dado de baja en la Seguridad Social desde 2008


Casi 340.000 profesionales autónomos se han dado de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social desde el año 2008, según ha indicado hoy en Toledo el director general de Trabajo Autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Miguel Ángel García Martín.

García Martín ha dicho, en el I Congreso de Autónomos de Castilla-La Mancha, que el Gobierno quiere situar en su agenda política el trabajo autónomo, porque la crisis económica ha hecho "que desde 2008 se hayan dado de baja en el régimen especial del trabajo autónomo de la Seguridad Social casi 340.000 profesionales".

Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado una reforma laboral que ha tenido en cuenta las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, porque sitúa al trabajo autónomo "como palanca de cambio necesaria para la salida de la crisis", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo está trabajando en la elaboración de una ley de Emprendedores interministerial.

Según el director general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas: "el actual contexto de crisis económica hace necesario que el Gobierno de España apoye más que nunca el trabajo autónomo y el espíritu emprendedor, como agentes activos e imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país".

En este sentido, ha destacado: "en apenas dos meses, el Gobierno ha puesto en marcha una profunda agenda reformista encaminada a que España recupere la senda del crecimiento económico y con ella la creación de empleo, con el trabajo autónomo como una de las palancas necesarias para lograrlo".

"Hemos hecho la reforma laboral que teníamos que hacer, una reforma que encuentra su máxima justificación en la situación en la que nos encontramos, en la que 5,3 millones de personas que quieren trabajar no pueden hacerlo, en la que 1,5 millones de hogares tienen todos sus miembros en paro y en la que casi el 50 % de los jóvenes no tienen oportunidades laborales", ha señalado García Martín.

También se ha referido "a los 2,7 millones de puestos de trabajo destruidos en esta crisis y los 176.000 proyectos empresariales que han desaparecido, de los cuales más de 116.000 eran empresas de menos de cinco trabajadores".



El Gobierno de Castilla-La Mancha anuncia que reformará la Ley de Empleo Público


El Gobierno de María Dolores de Cospedal tendrá que reformar "muy probablemente" la Ley de Empleo Público, tras la "ilegalidad" que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), cometió el anterior Ejecutivo de José María Barreda.

Así lo ha avanzado el portavoz regional, Leandro Esteban, este jueves tras el Consejo de Gobierno. Ha comentado que se analizarán "las repercusiones jurídicas" del "acto cometido por el Ejecutivo socialista".

Esteban ha detallado que "por fortuna" el anterior Gobierno no aplicó "ni una sola de las medidas que pudieran tener tacha de inconstitucionalidad", por lo que ningún trabajador "debe tener ningún temor a nada".

Sobre la sentencia del TSJCM, que se ha analizado durante la reunión del Consejo de Gobierno, Esteban ha dicho que su texto "viene a reconocer que el anterior Gobierno incumplió varias veces varias leyes para aprobar" una Proposición de Ley que después se remitió a las Cortes de forma distinta de la que se presentó al Consejo Consultivo.

En la sentencia se declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo de remisión del texto a las Cortes aprobado en Consejo de Gobierno, lo que supone "el máximo reproche jurídico que puede hacerse y, por tanto la máxima sanción". Un reproche que, según Leandro Esteban, es de carácter jurídico y político y se realiza "en términos durísimos".

El fallo "deja a las claras" que hubo un procedimiento "al margen de la legalidad" y que incluso, como se desprende de alguna de las observaciones, se buscaron "caminos, puertas de atrás y atajos para permitir el acceso y la promoción con mecanismos que nada tiene que ver con la ley".

De ahí que el Ejecutivo actual se vaya a ver obligado a tener que abordar "probablemente" una reforma de esa Ley de Empleo Público, una vez realizados los estudios previos necesarios, "y luego determinar responsabilidades si hubiera lugar".



Los funcionarios de las universidades catalanas deberán trabajar casi 200 horas más en 2012


El personal funcionario de administración y servicios (PAS) de las universidades catalanas deberá trabajar 171 horas más en 2012 en virtud de la ley de acompañamiento de los presupuestos del Govern.

Los funcionarios de las universidades deberán trabajar lo mismo que el resto de funcionaros de la Generalitat, pasando de 35 a 37,5 horas semanales a partir de la aprobación de esta ley de acompañamiento, por lo que la medida se aplicará ya este curso, informa Europa Press. El director general de Universidades de la Generalitat, Lluís Jofre, ha explicado que esta ley prevé también recortar los días de asuntos propios del personal, pasando de nueve a seis, equiparándose así a las condiciones del resto de funcionarios.

En virtud de esta medida, que trataron este miércoles la Generalitat y los miembros de la comunidad universitaria, en la Mesa de Universidades, también se reducen las aportaciones de la Generalitat a los planes de pensiones, las ayudas sociales -como los ticket restautant y la gratuidad de la matrícula de los hijos de los funcionarios-.

En lo que se refiere a salarios, los funcionarios tendrán una rebaja del 3%, según marca el decreto global, , y también se rebajará el salario a los cargos directivos que cobran por encima de los 80.000 euros anuales, lo que afecta a la mayoría de gerentes universitarios. Respecto a los posibles despidos y no renovaciones, la voluntad del Govern es mantener los puestos "permanentes", por lo que no se cubrirán las plazas de eventuales -unas 500 bajas-.

Personal Docente Investigador El Personal Docente Investigador (PDI) queda al margen de estas medidas, ya que se rige por otro convenio -el cuerpo docente estatal- al que no se les pueden trasladar estas medidas. A este colectivo sí le afectará, en cambio, la reducción de la aportación a las universidades por el concepto de nóminas de personal, que se traducirá en que no se renueven sus contratos, según ha denunciado el delegado de Comisiones Obreras Juan Montesinos.

Ante este recorte, el sindicato UGT se ha adherido a la convocatoria de huelga el próximo 29 de febrero, convocada por la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (Pudup). "Nos enfrentamos a un intento descarado de aprovechar la crisis económica para someter a la universidad al dictado político del Govern y permitir que los grupos de poder económico saquen provecho", ha lamentado CC.OO.



30.000 empleados de la enseñanza pública andaluza podrían perder su empleo por la reforma laboral


Unos 30.000 trabajadores de la enseñanza pública en Andalucía podrían perder su empleo como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral en la comunidad, según las estimaciones de CC.OO. y UGT.

casi 30.000 personas sólo en el ámbito de las enseñanzas públicas universitarias y no universitarias se pueden ver afectadas en los próximos meses por el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, según los cálculos hechos públicos este jueves por los responsables regionales de Enseñanza de ambas federaciones, José Blanco y Juan Carlos Hidalgo, respectivamente.

Podrían ser despedidos "de forma casi inmediata" en torno a 13.000 empleados laborales de las etapas de 0 a 3 años, así como de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (monitores, profesores de apoyo, personal para niños con discapacidades, etcétera), "si se apuesta por privatizar estos servicios".

Igualmente, hay en torno a 8.000 profesores universitarios con contratos laborales PDI (Personal Docente e Investigador) que también "pueden ir a la calle" y unos 4.500 trabajadores de Administración y Servicios en la misma situación.

A esto habría que sumar los "recortes" que se pueden ir aplicando en el sistema educativo público andaluz como consecuencia "de las medidas que está anunciando el Ministerio de Educación en estos dos primeros meses de Gobierno del PP", advierten Blanco e Hidalgo. Se refieren al posible aumento en dos horas de la jornada lectiva de los profesores de Educación Secundaria o a la suspensión de los desdobles educativos o de los profesores de apoyo, lo que supondría una reducción de "unos 10.000 profesores, sobre todo, interinos".

En esta línea, Blanco e Hidalgo resaltan que los "más perjudicados de todas estas medidas son, en su mayoría, todos los que tienen contratos laborales y tienen incluso peores condiciones que los trabajadores de una empresa privada", asegura Hidalgo.

CC.OO. y FETE-UGT consideran, por tanto, que la reforma laboral, "acompañada de todos los recortes que está habiendo en el sistema educativo público español", va encaminada a "fomentar un modelo de enseñanza privada, que no concertada, que hará que la enseñanza pública se resienta de forma desmesurada".

"Las medidas que está anunciado el ministro de Educación José Ignacio Wert esconden un cambio sustancial de modelo educativo que generará una mayor desigualdad entre las clases y no garantizará la igualdad ni la equidad, ya que se prima al sector privado", argumenta Blanco.

Los sindicatos creen que esto tendrá sus mayores consecuencias en el ámbito universitario, donde, "con la excusa de buscar la excelencia y entrar en los rankings internacionales, se permitirá que sea el capital privado el que decida en las titulaciones a ofertar y en las investigaciones".

No en vano, el Gobierno "ya ha anunciado que va a haber una nueva Ley de Ordenanza universitaria para una gestión más empresarial de las universidades y que puede afectar mucho al mapa universitario andaluz", ya que podría suponer la eliminación de titulaciones o facultades que no sean rentables económicamente.



El Ibex-35 rompe con la racha bajista de las últimas tres semanas tras subir un 0,4%



Final de sesión volátil en el parqué madrileño. El anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el objetivo de déficit público para este año, que llegará hasta el 5,8%, frente al 4,4% exigido por Bruselas, encendió las alarmas entre los inversores y provocó las ventas hacia la mitad de la sesión. Pero el Ibex reaccionó a tiempo para evitar las pérdidas y terminar la jornada igual que la empezó, en verde. El tirón alcista de este viernes permitió que el selectivo cerrara la semana con ganancias del 0,4%.

Las ligeras subidas del selectivo español, que dio su último cambio en los 8.563,4 puntos, estuvieron en línea con el resto de plazas europeas. El Ftse Mib italiano y el Cac 40 francés terminaron con leves ascensos del 0,55% y del 0,21%, respectivamente. En cambio, el Ftse 100 británico cedió un 0,23%, y el Dax alemán retrocedió un 0,14%.

Mercado e inversores europeos se sentían divididos entre las compras y las ventas tras el Consejo Europeo, en el que quedó clara la posición de Alemania en contra de la barra libre del Banco Central Europeo (BCE), que el pasado miércoles adjudicara a los bancos de la eurozona unos 530.000 millones de euros en una subasta de liquidez a tres años.

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, envió una carta al presidente del BCE indicando los “crecientes riesgos” de la actual política monetaria del banco central.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española escaló hasta los 310 puntos desde los 300 que marcó el pasado jueves. Y mientras la prima subía, el euro bajaba. La divisa única europea, que mantuvo el tipo durante la primera parte de la sesión, terminó perdiendo el nivel de los 1,32 dólares en su cruce con el billete verde.

El petróleo da un respiro

En el mercado de materias primas, el precio del "oro negro" dio un ligero respiro tras el rally alcista de la última jornada. El barril de Texas, referente en Estados Unidos, cotizaba ligeramente por encima de los 108 dólares; mientras que el barril de Brent, su homólogo europeo, cedía un 1,4%, hasta los 124 dólares, muy lejos de los 126 dólares en los que cerró el jueves.

Movimientos

En el Ibex-35, BME terminó como el valor más bajista de la jornada tras desplomarse un 2,87%. Las acciones de Dia (-1,69%), FCC (-1,39%), Ebro Foods (-1,35%), Banco Popular (-1,10%) y Caixabank (-0,79%) también sufrieron fuertes recortes.

En cambio, Gamesa (4,26%), Indra (3,11%), Técnicas Reunidas (3,04%), IAG (2,67%) y Mediaset (2,66%) cerraron en la zona alcista. Repsol también terminó en la zona alta de la tabla tras sumar un 1,47%.

En el balance semanal, Red Eléctrica fue el mejor valor de las últimas cinco sesiones al revalorizarse más de un 9%. Abengoa

(8,65%), IAG (5,65%) y Mediaset (497%) también cerraron una buena semana: mientras que Sacyr (-12,59%), Banco Sabadell (-12,35%) y Gamesa (-8,92%) ocupan el pódium de las peores compañías de la semana.



Wall Street cierra con un mínimo descenso del 0,02 % en el Dow Jones


Wall Street cerró hoy sin apenas cambios a falta de datos macroeconómicos en EEUU y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un mínimo 0,02 % en un día en el que sorprendió el exitoso debut en bolsa del portal de críticas Yelp.

Según datos provisionales al cierre de la sesión, el principal indicador del parqué neoyorquino restó 2,73 puntos hasta las 12.977,57 unidades, al tiempo que el selectivo S&P 500 perdió el 0,31 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq descendió el 0,43 %.



El Nikkei cae 78,44 puntos, un 0,80 por ciento, y queda en 9.698,59 enteros


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un retroceso de 78,44 puntos, el 0,80 por ciento, y quedó en 9.698,59 unidades.

El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, perdió 4,96 puntos, un 0,59 por ciento, hasta 832,86 enteros.

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