Los
convenios colectivos no podrán fijar la jubilación obligatoria
El plan para combatir el fraude
en la Seguridad
Social que acaba de aprobar el Consejo de Ministros prohibirá
que los convenios colectivos establezcan una edad de jubilación obligatoria.
Además, encarece las prejubilaciones al reducir de 500 a 100 trabajadores el
tamaño de las empresas con beneficios que incluyan a trabajadores mayores de 50
años en sus despidos colectivos.
El plan contra el fraude en la Seguridad Social
tendrá un apartado destinado a proteger a los trabajadores de más edad. En ese
sentido, el Gobierno prohibirá la posibilidad que ahora tienen algunos
convenios colectivos de establecer la jubilación obligatoria una vez que se
alcanza la edad de retiro.
Esta posibilidad desapareció en
2001, con el segundo Gobierno de José María Aznar, pero se volvió a permitir
parcialmente en la anterior etapa socialista. Ahora, nuevamente, los convenios
no podrán obligar a jubilarse a los trabajadores, para fomentar la prolongación
de la vida activa, según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La otra medida que afecta al
colectivo de mayores consistirá en un encarecimiento de las prejubilaciones en
las grandes empresas con beneficios. Para ello, el Gobierno reducirá
"desde hoy", según Báñez, de 500 a 100 trabajadores el tamaño de las
empresas que deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, si
deciden incluir a trabajadores de más de 50 años en sus despidos colectivos.
Esta medida modifica la
plasmación legal de la conocida en el sector laboral como 'enmienda Telefónica'
que se registró en la pasada reforma laboral.
El plan de
pensiones se podrá cobrar para evitar el embargo
El Ministerio de Economía
ampliará los casos en los que se puede cobrar anticipadamente el ahorro de los
planes de pensiones para aliviar la situación de los partícipes más castigados
por la crisis.
El objetivo es facilitar los
reembolsos a los titulares de estos productos que tengan que afrontar el
"procedimiento de ejecución sobre su vivienda habitual".
La modificación para permitir
este cambio se realizará a través de la futura Ley de Supervisión del Seguro, que
modificará la actual normativa de planes de pensiones. Este documento se
remitió al sector el jueves pasado y su contenido será debatido el próximo día
8 de mayo en la reunión de la Junta Consultiva de Seguros y Pensiones,
integrada por representantes del sector y presidida por la directora general de
Seguros y Pensiones, Flavia Rodríguez Ponga. Esta normativa entrará en vigor a
finales de 2012 o principios de 2013, según las previsiones.
Reglamento
El reglamento de desarrollo de
esta ley, pendiente de redactar, recogerá dos condiciones para el rescate
anticipado: Que el partícipe no posea otros bienes que puedan utilizarse como
garantía ante el embargo de la vivienda habitual, y que el ahorro colocado en
el fondo de pensiones sea suficiente para evitar el desahucio.
Al importe recibido por los
rescates se le aplica la fiscalidad de las prestaciones, que se consideran
rendimientos del trabajo en el IRPF.
Esta flexibilización se une a la
implantada en julio de 2009, cuando el anterior Gobierno abrió la puerta para
que los ahorradores con problemas económicos pudieran cobrar su fondo de
jubilación inmediatamente después de quedarse en paro. Hasta ese momento, era
requisito previo al rescate del ahorro haber estado doce meses en situación de
desempleo.
Los planes de pensiones son, en
principio, productos sin liquidez, de forma que el ahorro que aglutinan sólo se
puede recuperar en el momento de la jubilación de sus titulares, o en casos
similares como incapacidad laboral. También es posible recuperar el ahorro
anticipadamente en casos de enfermedad grave del partícipe.
En los contactos entre el sector
y la Administración se planteó la posibilidad de que los planes pudieran
rescatarse también cuando el ahorrador registrara una caída considerable de sus
ingresos, sin necesidad de ligarlo a la pérdida de la vivienda habitual. Las
dificultades para objetivar esta reducción y fijar un límite a partir del cual
poder recuperar el ahorro, han provocado que esta alternativa no haya
prosperado.
En el sector valoran esta
flexibilización como una medida lógica para tratar de mitigar las dificultades
económicas de las familias. “No entra dentro del objetivo principal de los
planes de pensiones, que es acumular un ahorro para complementar en el futuro
la prestación pública de la
Seguridad Social , pero no es razonable tener un patrimonio y
no poder utilizarlo en una situación límite”, mantienen en una gestora.
Rescates
Desde que se flexibilizó el cobro
de los planes de pensiones para los parados, 114.604 partícipes han rescatado
546,3 millones de euros, según datos de Seguros. La mayor parte de estos
rescates se produjo en 2010, con 326,5 millones, repartidos entre 71.176
ahorradores, lo que arroja una media de 4.587 euros por partícipe. En 2009, los
rescates anticipados por desempleo fueron de 219,8 millones tras multiplicarse
por 2,8 veces respecto a los 76 millones rescatados en 2008, cuando se exigía
doce meses de paro para poder rescatar el plan. Todavía no se han publicado los
datos de 2011.
Los planes gestionan en total
84.681 millones de euros y cuentan con 10,5 millones de cuentas abiertas por
los partícipes. Las prestaciones pagadas el año pasado fueron de 3.951 millones
de euros.
Las gestoras pueden congelar un fondo de jubilación
La futura legislación que
regulará el mercado de planes de pensiones introduce “una nueva medida de
carácter excepcional”, que permitirá a las gestoras “la suspensión temporal,
total o parcial de las aportaciones, las prestaciones y las movilizaciones” del
ahorro colocado por los partícipes en estos productos. Esta actuación se realizará
con la autorización de la
Dirección General de Seguros y Pensiones, señala el texto de
normativa.
La medida se podrá aplicar para
afrontar la falta de liquidez de las inversiones incluidas en las cartera de
los fondos de pensiones propiciada por situaciones de turbulencias de los
mercados financieros. Estas dificultades suponen, en algunos casos, el cierre
de los mercados para determinados activos financieros, lo que lastra la
operativa habitual de los fondos de jubilación.
Esta situación podría perjudicar
a los partícipes que permanezcan o pudieran entrar en un plan, frente a los que
salen, según se explica en la exposición de motivos de la futura ley del
sector. Los fondos de inversión ya pueden aplicar normas similares. Varios
vehículos de inversión inmobiliaria pusieron en marcha medidas de este tipo al
principio de la crisis del ladrillo ante la imposibilidad de atender la
avalancha de solicitudes de reembolso que recibieron.
El supervisor ha incluido también
entre las causas que provocarán la adopción de medidas de control sobre un
fondo de pensiones “la falta de liquidez de los activos en que esté invertido”.
BBVA es la mayor gestora de pensiones, con 16.052 millones administrados. Le
sigue Vidacaixa, filial de La Caixa, con 13.876 millones.
Economía exigirá un seguro de responsabilidad civil para vender planes
Esta exigencia recae en los
intermediarios que sirven de nexo entre el cliente y la entidad: Agentes de
seguros, operadores de bancaseguros y corredores. El reglamento que desarrolle
la futura ley fijará la cuantía de esta garantía.
Esta normativa, no obstante, no
se aplicará a los agentes y a los operadores de bancaseguros “cuando en el
contrato de comercialización se prevea que la entidad gestora asume la
responsabilidad derivada de su actividad” como intermediario.
El supervisor podrá inspeccionar
las actividades de comercialización de los planes, desarrolladas principalmente
en las oficinas de los bancos, para comprobar si se desarrollan de acuerdo con la normativa. En estos
casos, Seguros comunicará su actuación al supervisor correspondiente, Banco de
España o CNMV.
A la caza
del absentista
La nueva ley del mercado laboral
ha modificado el control de las bajas injustificadas en el trabajo: se facilita
el despido por las faltas de asistencia basándose en las ausencias del empleado
y no en las del conjunto de la plantilla. Pero todavía queda por regular la
función de la mutuas.
Cada día faltan al trabajo un
millón de personas de los 17 que componen la fuerza laboral en España. Estas
estimaciones realizadas por la CEOE revelan un alto índice de absentismo, que
lastra todavía más la baja productividad que acusa este país. Aun así, el
fraude no supera el 12% de los procesos de incapacidad, según los cálculos de la Asociación Española
de Especialistas en Medicina del Trabajo.
La reciente reforma laboral
introduce novedades en el control de las faltas en el trabajo. La ley trata de
combatir el coste económico y de organización que el absentismo tiene en las
empresas, porque la reforma facilita el despido por causas objetivas basándose
en un determinado número de ausencias, aun fundamentadas, del trabajador. Es
decir, ya no se tiene en cuenta el nivel total de absentismo de la plantilla de
una compañía, sino que el requisito para despedir por causas objetivas es el
absentismo individual del trabajador. “Aunque las faltas estén justificadas, si
alcanzan el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en
cuatro meses discontinuos en un periodo de un año, se puede extinguir el
contrato”, explica Alejandro Cobo, abogado asociado de Sagardoy Abogados, quien
añade que “la novedad se encuentra en que, para que se rescinda un contrato, ya
no es preciso la existencia de un índice de absentismo referido a la plantilla
total”. Ese nivel exigido era del 2,5%.
La anterior legislación
complicaba el despido de un trabajador que se ausentaba de su puesto de trabajo
de forma reiterada. Fernando
Moreno , director del Instituto Internacional Cuatrecasas de
Estrategia Legal en Recursos Humanos, opina que “el requisito de un volumen de
absentismo global de toda la plantilla era muy difícil de alcanzar o de probar.
El resultado es que el trabajador estaba protegido y se escudaba en el
cumplimiento del resto del personal”. De este modo, tenían que darse dos
factores para despedir: un trabajador que no acude a su puesto de trabajo y una
empresa colectivamente absentista. O como apunta Francisco Laso, director de
relaciones laborales de Manpower, “la legislación anterior era más permisiva en
lo que se refiere al absentismo no justificado”.
Sin embargo, con estos cambios
surge la cuestión de si no pagarán justos por pecadores. Antonio Iniesta,
presidente de la
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo,
considera que “las novedades en la reforma laboral implican una mayor presión
sobre el trabajador, tanto para el que está abusando de la situación como para
el que está realmente enfermo, porque en muchas ocasiones su baja se alarga
porque la gestión del sistema público de salud presenta deficiencias”.
En su opinión, faltan medidas que
eviten situaciones como que un trabajador con dos contratos a tiempo parcial y
estando de baja tenga que estar en esa situación en ambos puestos de trabajo,
aunque la incapacidad sólo le limite para uno. O que sea imposible la
incorporación gradual a la empresa después de una enfermedad grave.
No obstante, la ley identifica
determinados supuestos que no computan para despedir de forma objetiva. De
acuerdo con Javier Blasco, director de asesoría jurídica de Adecco, las
excepciones serían:las ausencias debidas a huelga general, a la representación
legal de trabajadores, accidente de trabajo, todo lo concerniente a la
maternidad (riesgo durante el embarazo, lactancia, parto o paternidad),
licencias y vacaciones, y enfermedad o accidente no laboral cuando la baja ha
sido acordada por los servicios sanitarios oficiales, entre otras.
Los costes
Sólo el gasto directo del
absentismo injustificado e irregular por asalariado en 2010 –sin incluir los
costes indirectos que pueda soportar la empresa–, ascendería a 343 euros
anuales como exceso de pago en concepto de salario, según la Encuesta de
Coyuntura Laboral. “El número de empleados que no acuden al trabajo diariamente
supera con creces lo que cabría esperar o lo que sería razonable. El
absentismo, como la baja productividad, son lastres que arrastramos y que
debemos superar si pretendemos salir de la crisis”, afirma Ester Maza, socia
del departamento laboral de Baker & McKenzie.
También en esta línea están los
cálculos de la CEOE, que estiman que el hecho de que uno de cada cinco profesionales
falte a su puesto de trabajo de forma injustificada cuesta 8.000 millones de
euros al año; y los de la
Comisión Europea , que calcula que cada año se pierden 450
millones de días de trabajo por ausencias, que suponen 490.000 millones de
euros anuales.
Estos datos reflejan la necesidad
de llevar a cabo acciones que controlen y penalicen las faltas injustificadas.
Maza opina, en este sentido, que “un gran número de empresas no necesitaría
acudir a medidas drásticas de recorte de gasto de personal, como el despido o
las reducciones de salario, si fueran capaces de minimizar el nivel de
absentismo de la plantilla”.
Otra de las novedades que
introduce la reforma laboral para comprobar las faltas en el trabajo es la
relativa al control de la incapacidad temporal por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, aunque está pendiente de desarrollo
legislativo. Actualmente, la mutuas pueden acceder a datos médicos, realizar
reconocimientos al beneficiario y formular propuestas de altas médicas, pero no
pueden emitirlas. Esto último es lo que está pendiente de cambio.
La empresa, además, posee dos
armas para destapar el fraude en las bajas. Por un lado, puede verificar el
estado de enfermedad mediante un reconocimiento; y en el caso de que el empleado
se niegue, la compañía puede suspender sus derechos económicos. Y por otro,
despedir al trabajador si se ha comprobado que ha estado simulando una
enfermedad.
Más de
400.000 desempleados tiran la toalla
El mercado laboral español se
encamina hacia los cinco años de caída intensa. Cuando parecía que empezaba a
tocar suelo —a comienzos de 2011 solo faltaba que la construcción recuperara el
pulso— ha vuelto la recesión y cada nuevo dato que aparece agrava la situación. Los 5,6
millones de parados ya son una cifra lapidaria. Y nadie duda de que se llegará
a los seis millones. Pero la contundencia del número se incrementa si se tiene
en cuenta que, según la última encuesta de población activa, hay 411.800
personas que no cuentan como parados para el Instituto Nacional de Estadística
(INE) porque han tirado la
toalla. Ya han perdido la esperanza de encontrar un empleo.
Técnicamente este colectivo no es
considerado parado porque no forman parte de la población activa. Para que una
persona sea considerada parte del mercado laboral tiene que tener edad y estar
en disposición de trabajar o buscar empleo, y es este último requisito el que
no cumple este grupo. Sin embargo, esta explicación no aminora el problema
socioeconómico. Desde que ha comenzado la crisis, esta cifra ha crecido en casi
300.000 personas. También ha subido mucho un colectivo que crece
exponencialmente durante las crisis: el de quienes tienen un trabajo a tiempo
parcial porque no tienen otra cosa. Este grupo se ha multiplicado por dos,
hasta llegar a 1,4 millones.
En EE UU se elabora una tasa de
paro estructural en la que se tiene en cuenta a este grupo y a quienes tienen
un trabajo a tiempo parcial porque no han encontrado uno a tiempo completo, un
número que en España asciende a 1,4 millones. Es decir, con este criterio,
España contaría con una tasa de paro estructural superior al 30%.
El escenario se agrava cuando se
piensa que el paro de larga duración se ha disparado al saltar de los 400.000
parados en el verano de 2007
a los 2,8 millones en el primer trimestre de este año,
el estado anterior al desánimo.
Estos tres datos, menos
llamativos que la escalofriante tasa del 24,4% o el contundente número de
parados, dan una idea clara de que el mercado laboral empieza a dar síntoma de
extenuación. En la misma línea apunta el incremento de 46.300 autónomos de
enero a marzo. Resulta chocante que en la peor época del año para el empleo la
gente decida instalarse por su cuenta en una situación tan difícil como la
actual en la que, además, las entidades financieras tienen cerrado el grifo del
crédito. La literatura económica suele explicar estos repuntes por la falta de
ofertas de empleo, lo que empuja a muchos desempleados a intentar establecerse
por su cuenta.
El PP
abarata las prejubilaciones de las grandes empresas
El PP se corrige a sí mismo y, de
paso, rebaja la factura de los despidos colectivos de las grandes empresas con
beneficios. La tramitación parlamentaria de la reforma laboral hará
desaparecer, si los populares no cambian de intención, la penalización sobre
las prejubilaciones llevadas a cabo por las grandes firmas desde abril de 2009 a abril de 2011 que la
propia reforma impuso. Una enmienda presentada por el Grupo Popular librará a
las sociedades con beneficios de pagar el paro y las cotizaciones sociales de
los mayores de 50 años afectados por regulaciones de empleo realizadas hasta el
27 de abril de 2011. Los expedientes de regulación empleo (ERE) posteriores a
esa fecha no podrán eludir el pago. La corrección supone que la Seguridad Social
puede dejar de ingresar cientos de millones, ahora que sus cuentas son un
obstáculo para cumplir el objetivo de déficit.
Entre los deberes que Valeriano
Gómez dejó a su sucesora en la cartera de Empleo, Fátima Báñez, estaba
articular cómo las empresas con más de 500 empleados iban a hacerse cargo del
coste de las prestaciones por desempleo y las cuotas a la Seguridad Social
cuando en los ERE despidieran a mayores de 50 años.
En abril de 2011, Telefónica
anunció que pensaba despedir a 8.500 trabajadores en España aun teniendo
beneficios. El Gobierno socialista reaccionó con esa medida y, aunque el ERE de
la operadora quedó en 6.500 afectados y la compañía proclamó que asumiría el
coste del desempleo (350 millones), el Ejecutivo no dio marcha atrás. El
entonces llamado Ministerio de Trabajo usó el trámite de la reforma de
pensiones para colar una enmienda —conocida como enmienda Telefónica— que
establecía que si las grandes empresas con ganancias despedían a más de 100
personas en “un periodo de referencia de tres años” pagarían el paro y las
cotizaciones de los mayores de 50 años prejubilados.
Báñez aprovechó la reforma
laboral para hacer los deberes y fue más allá. En el decreto ley que ahora se
tramita en el Congreso estableció que en ese “periodo de referencia” de tres
años “también se incluirán las extinciones de contrato que se hayan producido
en los tres años anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo”. Es
decir, también se tendría que pagar por los prejubilados desde 2009 si se
plantea un nuevo ERE teniendo beneficios.
La aclaración retroactiva no cayó
bien a los agentes sociales, defensores de las prejubilaciones porque mitigan
el impacto de los ERE, y disgustó a las grandes empresas, a las que les
encarecía la factura de las próximas regulaciones. La presión de ambas partes,
sobre todo, de las grandes multinacionales españolas agrupadas en torno al
Consejo Empresarial para la Competitividad, ha provocado el cambio de actitud
popular. El Gobierno y el PP no han sido las únicas ventanillas a la que se han
dirigido. También lo han hecho a otros grupos parlamentarios, explica un
diputado.
La enmienda popular que elimina
la retroactividad, justificada como “mejora técnica”, lo hace hasta el 27 de
abril de 2011, fecha fijada en la reforma de pensiones. Los ERE presentados por
posterioridad a esta fecha sí tendrán que asumir el coste.
Para hacerse a una idea de lo que
supone el cambio, basta con mirar las cifras de despidos de las cajas de
ahorros y los bancos que han surgido de su proceso de reestructuración en los
últimos años. Un documento de Empleo de hace poco menos de un año calculaba en
13.000 los afectados por los ERE del sector (sin especificar cuantos eran
prejubilados) y en 53.688 euros para las arcas públicas de cada uno de ellos en
prestaciones y cuotas desde 2010.
En total, 700 millones de euros.
Martín Godino, director de Sagardoy Abogados, el bufete laboral más activo en
la reestructuración financiera, eleva el número a 15.000 empleados desde 2009,
de ellos, casi el 90% serían mayores de 50 años, 13.000, y el coste de cada uno
de ellos para las arcas públicas es de 50.000 euros.
Si la enmienda popular sale
adelante, las cajas podrían ahorrar hasta unos 700 millones por los ya
prejubilados si en las nuevas regulaciones de empleo que hagan despiden a
empleados de más de 50 años, ya que todo el mecanismo se pone en marcha cuando
el ERE afecta a trabajadores mayores de esa edad.
No obstante, hay que tener en
cuenta que el deterioro del sector financiero mes a mes ha hecho que varias
entidades que realizaron ERE en el pasado (CAM, Unnim, Catalunya Caixa,
Novagalicia…) entren en pérdidas, por lo que ya no tendrían que pagar por las nuevas
prejubilaciones. Así que la factura del sector financiero puede verse menguada
por este lado. Las cajas no son las únicas afectadas por la retroactividad. En CC
OO, creen que la medida, si no decae, puede repercutir en la mayoría de
empresas del Ibex.
Para sindicatos y empresarios, la
penalización introducida por el Gobierno de Rajoy a las prejubilaciones las
hace inviables a partir de ahora. El prejubilado es un trabajador despedido, en
los últimos años de su vida laboral, si bien suele obtener condiciones más
ventajosas que en un despido convencional. Una vez pierde el empleo, el
prejubilado, como el resto de los desempleados pasa a cobrar la prestación a la
que tiene derecho durante un máximo de dos años. Esto suponía un abaratamiento
del despido, pues las dos partes contaban con el seguro de desempleo en el
cálculo de la indemnización.
IU: Los
parados son ya todos de Rajoy
Ya en la era Mariano Rajoy ,
cuando las cifras de desempleo siguieron recrudeciéndose, Cayo Lara advertía de
que todos esos nuevos parados no eran atribuibles a José Luis Rodríguez
Zapatero, sino al nuevo presidente del Gobierno y a Fátima Báñez, a la que
habría que ir llamando, decía, "ministra del Paro".
Este viernes, el coordinador
federal de Izquierda Unida no se ha andado con sutilezas. En rueda de prensa en
la sede federal, ha afirmado que el incremento del número de desempleados en
365.900 en el primer trimestre de este año son "directamente"
atribuibles a la reforma laboral y a una política centrada exclusivamente en
los recortes, y por tanto, "son los parados de Rajoy". Lara cree que
este nuevo dato tan negativo del paro que deja a España con 5.639.500 parados
(el 24,44 % de la población activa, según la EPA), nos sitúa ante la
"alarma más importante" en la historia de la democracia, informa Efe.
Una situación, que debería
"remover la conciencia" del Gobierno -ha subrayado- pero a la que,
por ahora, se sigue enfrentando con más recortes y sin tomar medidas de
estímulo al crecimiento económico ni de fiscalidad progresiva.
Estas cifras, que vuelven a batir
el récord de desempleo, han puesto también de relieve, según ha explicado, que
un total de 2,2 millones de ciudadanos no cobran el subsidio, lo que ha tachado
de "inmoralidad intolerable".
En relación con el grave problema
de paro, Lara se ha dirigido hoy por carta al presidente del Gobierno para
solicitarle de nuevo una reunión y pedirle en persona una plan urgente "de
choque" contra el desempleo y un pacto de Estado sobre este asunto, que
configure también un nuevo modelo productivo.
Igualmente, Cayo Lara quiere que
el Ejecutivo ponga en marcha un programa también urgente para combatir la
pobreza y la exclusión social, que está generando la crisis, y que está
incidiendo -ha asegurado- en el aumento de los suicidios.
El Ibex hace
oídos sordos a Standard & Poor’s y se apunta un 1,69% en la sesión
La jornada no se presentaba fácil para el
selectivo español. La rebaja de la calificación crediticia por parte de
Standard & Poor’s y la publicación de una tasa de paro récord en España
dejaron un escenario poco apetecible para los inversores. Pero el Ibex 35
consiguió remontar todos los obstáculos para terminar sumando más de un punto
porcentual al cierre, dando su último cambio en los 7.145,80 puntos, dejando
atrás los 6.844 puntos que marcó en los momentos más bajistas de la jornada.
La prima de riesgo, que terminó
en los 417 puntos básicos, también consiguió minimizar la escalada que
protagonizó en los primeros compases de la sesión, donde llegó a marcar máximos
en los 434 puntos.
El fuerte rebote en el mercado
permitió que, al excepción de BME (-041%) y de Grifols (-0,26%), ningún valor
del selectivo cotizara con pérdidas. La banca fue uno de los sectores más
alcistas gracias a las subidas de Bankinter (6,34%), Banco Popular (5,23%),
Banco Sabadell (2,14%), Santander (1,89%), Bankia (1,85%), CaixaBank (1,77%) y
BBVA (1,28%). Entre los movimientos más destacados del día también están los de
ACS (5%), Mediaset (3,86%), FCC (3,84%), Gamesa (3,67%), IAG (3,12%) y Ebro
Foods (3,11%).
En el resto de plazas europeas,
las subidas también fueron generalizadas. Sólo el Ftse Mib italiano superó al
español tras conseguir un repunte del 1,85%. El Cac 40 francés (0,99%), el
PSI-20 portugués (0,93%) y el Dax alemán (0,76%) se contagiaron de la ola
alcista; mientras que el Ftse 100 británico sumó un 0,39%.
Se esperaba un viernes negro en
el mercado español, pero los peores presagios no se cumplieron. La bajada de
ráting que Standard & Poor’s aplicó la noche del jueves pasó factura al
Ibex-35 en los primeros compases de la sesión después de que el pánico de los
inversores hiciera mella especialmente en el sector bancario.
Y es que el recorte fue brutal,
ya que la deuda se queda a sólo dos escalones del bono basura. Según la agencia, existen "riesgos
significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución
presupuestaria". Además, S&P no descarta nuevas rebajas para España.
Las críticas no tardaron en
lloverle a S&P. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez
Latorre, aseguró que la agencia “no reconoce la totalidad del ajuste que se va
a realizar”. Igualmente contrario se mostró el presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, que ha remarcado la necesidad de que Europa cuente con
una agencia de calificación propia que actúe con transparencia.
El otro gran obstáculo que se
encontró la renta variable en esta jornada fue el pésimo dato de paro. Entre
enero y marzo de este año, el número de parados subió en 365.900 personas,
hasta los 5.639.500, por lo que tasa de paro sube hasta el 24,44%. Aunque estas
cifras ya estaban descontadas por el mercado, no dejan de ser totalmente
desalentadoras.
En el mercado de divisas, el euro
consiguió mantener el nivel de los 1,32 dólares en su cruce con el billete
verde. En cuanto al precio del petróleo, el barril de Texas, referente en
EE.UU., cotiza con leves pérdidas por encima de los 104 dólares, el barril de
Brent, su homólogo europeo, suma un 0,9%, hasta rozar los 120 dólares.
Al otro lado del Atlántico, los
principales indicadores de la bolsa neoyorquina cotizan al alza tras la
publicación de los datos de PIB correspondiente al primer trimestre del año.
Wall Street
sigue apostando al verde y suma un 1,5% en la semana
El mercado neoyorquino apuestas
por las compras para despedir la semana. Gracias a los buenos resultados
presentados este viernes en el parqué y tras un dato de confianza mejor de lo
esperado, el Dow Jones ya suma cuatro jornadas consecutivas al alza. En el
balance semanal, el Standard & Poor’s firmó la mejor semana del año.
Al cierre de la sesión, el color
verde tiñe la mayoría de los indicadores de Wall Street. El Dow Jones sumó un
0,18%, hasta los 13.228,39 puntos; mientras que el selectivo Standard &
Poor’s avanzó un 0,24%, hasta las 1.403,37 unidades. Por su parte, el índice de
composición tecnológica Nasdaq repuntó un 0,61%, hasta las 3.069,20 unidades.
Las subidas de hoy sirvieron para
mejorar el balance semanal donde las “blue chips” se apuntaron un 1,53%; el
S&P, un 1,8% y el Nasdaq, un 2,29%.
La nueva campaña de resultados
trimestrales sigue gustando a los inversores de la Gran Manzana. De
todas las compañías que ya han presentado sus balances en el S&P,
aproximadamente un 75% has superado las expectativas de los analistas. Este
viernes, han sido las minoristas las que han conquistado al parqué,
concretamente Amazon. Los títulos de la tienda online se dispararon un 16%
después de publicar un incremento del 34% en sus ventas gracias, en gran
medida, al Kindle Fire. También convenció al mercado el portal de viajes
Expedia, que sumó un 23,5% en bolsa.
En cambio, Procter&Gamble
(-3,59%) fue la gran decepción del día. El fabricante de productos de consumo
decepcionó con sus resultados y terminó como peor valor en el Dow Jones. Más
discreta fue la reacción de Merck (-0,03%) y Chevron (-0,01%). También
presentaron resultados Ford (-2,3%) y Starbucks (-5,3%), entre otras.
Movimientos
En el Dow Jones, Cisco (1,94%),
McDonalds (1,62%), Coca Cola (1,23%), kraft (1,03%), American Express (0,97%) y
United Tech (0,92%) fueron los mejores valores de la sesión; en cambio, Alcoa
(-1,22%), Travelers (-1,2%), JP Morgan (-1,03%) y HP (-0,52%) cerraron entre
los más bajistas.
En el mercado de materias primas,
el barril de Texas sumó un 0,4%, hasta rozar los 105 dólares, mientras que el
barril del Brent se mantuvo plano en los 119,8 dólares. El oro, por su parte,
repuntó un 0,4%, hasta los 1.664 dólares la onza. En el mercado de divisas, el euro mantuvo
su tendencia alcista frente al billete verde al terminar cambiándose por 1,326
dólares.
Mejora en la confianza, decepción con el PIB
En el apartado macroeconómico los
inversores recibieron una de cal y otra de arena. Las malas noticias llegaron
con la actividad económica, que creció a un ritmo más suave que el previsto en
el primer trimestre del año. Durante este periodo, el PIB subió un 2,2% frente
al 2,5% estimado con anterioridad. El dato también está por debajo del
registrado en el anterior trimestre, cuando la economía de EE.UU. avanzó un 3%.
La confianza del consumidor fue
algo mejor. En el mes de abril, el indicador elaborado por la Universidad de
Michigan repuntó hasta los 76,4 puntos, desde los 75,7 de marzo. Los analistas
esperaban una mejora hasta los 75,7 puntos.
La Bolsa de
Tokio permanece hoy cerrada por festividad
La Bolsa de Tokio permanecerá hoy
cerrada por ser día festivo en Japón.
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