Rajoy anuncia el mayor
destrozo del Estado del bienestar de la historia
El presidente anuncia en el
Congreso durísimos recortes y una drástica subida de impuestos. Reducirá el
subsidio de paro, aumentará el IVA del 18% al 21%, rebajará el número de
concejales y se quitará la paga extra de Navidad a funcionarios y cargos públicos.
Reconoce que no tiene "libertad" para implantar otra política
"Usted ya tiene su 12 de
mayo. Este es su 12 de mayo".
Josu Erkoreka, portavoz del PNV
en Madrid, dibujaba en pocas palabras la sensación de flashback que inundó
irremediablemente el Congreso esta mañana negra. El Mariano Rajoy de hoy que
tenía que dar cuentas de la cumbre del Consejo Europeo de junio y del viraje
radical de su política económica se parecía mucho, muchísimo, al José Luis
Rodríguez Zapatero del 12 de mayo de 2010, cuando el entonces presidente del
Gobierno anunció el que se dio en llamar el mayor tijeretazo social de la
historia de la democracia, el que marcó el inicio del fin de su mandato.
Las palabras se quedaron esta
mañana cortas para definir el brutal hachazo que el Gobierno del PP asesta al
Estado del bienestar. De hasta 65.000 millones de euros en dos años y medio,
casi cinco veces más del aplicado por Zapatero en 2010 (15.000 millones). Con
castigos tan impopulares como la subida del IVA, la reducción de las
prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad a los
funcionarios públicos, la reordenación de las Administraciones Públicas, el
ajuste adicional de 600 millones de euros en los ministerios, otra merma a las
ayudas a partidos y sindicatos, la reforma de las pensiones o el alza de los
impuestos medioambientales. Sin que, en contrapartida, se grave más a las
rentas más altas. Pero ese espectacular recorte quedó revestido con la misma
letanía que acompañó también al discurso del anterior jefe del Ejecutivo: no
hay más salidas, esto es lo hay que hacer, no se puede hacer otra cosa. Y aún
más: Rajoy reconoció que España está tutelada, sin manos libres, sin autonomía.
Intervenida, a fin de cuentas, aunque en ningún momento empleó esa palabra.
"Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre
quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las
circunstancias no son tan generosas", expuso a las claras.
El presidente tuvo también que
asumir que ha devorado por completo su programa electoral. "No disponemos
de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo
que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no. Yo soy
el primero en estar haciendo lo que no me gusta", sostuvo, casi implorando
perdón a sus votantes.
Ajustes "no agradables", pero sí "imprescindibles"
La retórica dramática,
churchilliana, centrada en la cultura de los esfuerzos sin cuento con la
esperanza de una recuperación sin fecha, hizo de puesta en escena del anuncio
de una batería de medidas que el propio Rajoy asumió que "no son
agradables" y "duelen a cada persona", pero que sí son
"imprescindibles".
El presidente tardó en entrar en
materia, intentando retrasar el sinsabor del relato de los ajustes obligados
por la Unión Europea
y motivados por el desbocamiento del déficit –3,41% del PIB hasta mayo, nueve
milésimas menos del tope de todo el año, 3,5%–. Lo prologó con la información
del Consejo Europeo y de los acuerdos alcanzados con los países del euro.
Después desenfundó el cuchillo y desembuchó medida tras medida de forma rápida,
con gesto serio, como en su día hizo Zapatero [ver aquí un listado de todas
ellas]. Aunque no con la imagen cansada y con ojeras que lució en 2010 el
expresidente. Esta vez no envió a sus ministros a quemarse ante la opinión
pública. Esta vez lo hizo él mismo, asumiendo todo el coste de la impopularidad
de su iniciativa.
Los recortes de Rajoy (los
nuevos, porque el serial empezó el pasado 30 de diciembre) contemplan medidas
de rebaja del gasto y de aumento de los ingresos. De todas ellas, quizá la más
dolorosa y la de mayor impacto es la subida del IVA que aprobará el Consejo de
Ministros de este viernes. El tipo general aumentará tres puntos –del 18% al
21%–; el reducido, dos, del 8% al 10%, y el superreducido, el que se aplica a
productos de primera necesidad, se mantiene en el 4%. Rajoy en su día criticó
furibundamente el alza aprobada por Zapatero, jamás dijo que subiría la
imposición al consumo en campaña electoral y, ya en el poder, intentó
resistirse a la
evidencia. Pero al final cayó. No se esforzó en renegar de
sus contradicciones: "Yo me he opuesto a la subida del IVA. Sí, sí, me he
opuesto, no tengo ningún problema en decirlo. Lo sabe todo el mundo, ¿para qué
voy a negarlo?".
El aumento del IVA irá de la mano
de una subida de los impuestos del tabaco y de una reforma de la tributación
medioamiental, bajo el principio de "quien contamina paga". No aportó
mayor concreción. Como contrapeso, se aprobará una rebaja de las cotizaciones
sociales que abonan los empresarios –menguarán un punto en 2013 y otro punto
más en 2014– y se realizarán modificaciones en el sistema de pago fraccionado
de Sociedades. Además, elimina la deducción por compra de vivienda, que el
Gobierno recuperó en diciembre. Obedeció así sin rechistar a lo que le exigían
la UE y el FMI.
Fuera la paga también de diputados y senadores
El segundo retoque de calado
afecta a la prestación por desempleo, en muchos casos el sustento básico y
único para los 5,6 millones de parados del país. El subsidio seguirá
percibiéndose 24 meses como máximo y se mantendrá el importe actual durante el
primer semestre. Pero aquí viene el cambio: con el objetivo teórico de
"animar a la búsqueda activa de trabajo", los que se sumen a la cola
del paro verán menguada su prestación a partir del sexto mes del 60% al 50% de
la base reguladora. Se exigirá haber trabajado para acceder a la renta activa
de inserción.
A su vez, se llevará al Pacto de
Toledo un proyecto de ley para "acelerar la aplicación del factor de
sostenibilidad". Esto es un elemento que se introdujo en la reforma de las
pensiones que aprobó Zapatero en 2011, que establece que a partir de 2027 se
revisarán los parámetros fundamentales del sistema (entre ellos, la cuantía de
la prestación), en función de la esperanza de vida de la población. En suma,
lo que pretende el Ejecutivo es adelantar esa fecha, hacer que se estudie antes
de 2027 la modificación de las pensiones. Por otro lado, se endurecerá el
acceso de la jubilación anticipada.
Tajo también a la dependencia,
otra de las vacas sagradas que el presidente prometió dejar a resguardo:
"Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el
baremo y las prestaciones económicas". No hay por ahora más pormenor que
lo adelantado ayer martes por Ana Mato, ministra de Sanidad. Al tiempo, se
suprimirá un "gran número de las actuales bonificaciones a la
contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para emprendedores",
que introdujo la reforma laboral de Fátima Báñez, "o a la inserción
laboral de las personas discapacitadas".
Bajo el rótulo "revisión
integral de la función pública", Rajoy enmascaró un profundo empeoramiento
de las condiciones de los funcionarios. Se les reducirá el número de días de
libre disposición –los llamados moscosos–, se "ajustará" el número de
liberados sindicales a lo previsto por la ley –sigue el presidente la estela ya
iniciada por Esperanza Aguirre en 2012–, "se equipararán las condiciones
en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores" y se
"facilitará" su movilidad. Y lo más importante: se les quitará, a
funcionarios y cargos públicos de todas las administraciones, la paga extra de
Navidad en 2012. Rajoy pidió que ese "esfuerzo" fuera compartido por
diputados y senadores. Una reclamación que saldrá seguro sin contratiempos, ya
que las Cortes son controladas por mayoría absoluta por el PP. A los empleados
públicos, y sólo a ellos, se les compensará la suspensión de su paga de Navidad
en 2015, pero no en metálico en sus cuentas, sino a través de la
"correspondiente aportación en el fondo de pensiones".
Cambios en las administraciones
El presidente cosechó de los
diputados de su bancada uno de los primeros aplausos tras el anuncio de una
medida más populista que otra cosa: el recorte en un 30% del número de
concejales por tramos de población, para lo que tendrá que cambiar la Ley Electoral. Se
fijará en la Ley de Presupuestos la retribución de alcaldes y ediles en función
del tamaño del municipio. Se producirá una "drástica reducción –e incluso
eliminación– de empresas públicas en el ámbito local para evitar
"duplicaciones y triplicaciones de servicios".
Los ajustes irán acompañados de
una reforma de la Administración local ya esbozada en las últimas semanas. Se
delimitarán las competencias de cada escalón de la Administración, se descarga
a los ayuntamientos de las llamadas competencias impropias, se controlarán las
cuentas públicas con el
"fortalecimiento de la imparcialidad del interventor municipal y
funcionarios con habilitación de carácter nacional" y finalmente se
refuerza el papel de las diputaciones provinciales para centralizar la
prestación de servicios. El ahorro estimado con la reforma es de unos 3.500
millones de euros.
Las comunidades autónomas serán
obligadas a apretarse su ya más que corto cinturón y tomar las decisiones que
hagan falta para conseguir alcanzar sus objetivos de déficit. Aunque mañana
jueves se concretará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el
presidente ha confirmado que se pondrá en marcha un "instrumento
financiero que garantice la liquidez suficiente para que las CCAA hagan frente
a sus compromisos financieros". O sea, los llamados hispanobonos. Aquellas
regiones que se acojan al plan deberán apencar con más recortes y subidas de
impuestos o, en la terminología gubernamental, una "condicionalidad y control
adicionales del Estado".
El gasto en los ministerios se
reducirá en 600 millones de euros adicionales. Una evidencia más de que los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, que llevan en vigor apenas una
semana, ya no sirven. La tijera se meterá en los créditos destinados a
subvenciones, gastos corrientes y transferencias. Para 2013, el Gobierno
menguará más aún las ayudas a partidos, empresas y sindicatos. Se contraerán un
20% más, cuando ya en este ejercicio habían decrecido en la misma cantidad.
Para el epílogo dejó Rajoy otras
medidas de contenido más difuso: ley de unidad de mercado, implantación de un
mecanismo "ágil" de resolución de conflictos entres las
administraciones y los operadores económicos, liberalización del sector servicios,
reforma energética y flexibilización de los horarios comerciales. Se llevará a
cabo igualmente la liberalización y, en su caso, privatización de los servicios
asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.
Situación "extraordinariamente grave"
"El panorama que he
presentado es más bien sombrío". Rajoy culminaba así la andadura de un
relato que, a diferencia de otras ocasiones, no estaba preñado de referencias a
la herencia recibida por el PSOE. "Nos encontramos en una situación extraordinariamente
grave y es preciso corregirla con urgencia", reforzó Rajoy. "Tenemos
que salir de este atolladero y necesitamos hacerlo cuanto antes. Y aquí no
caben ni fantasías ni ocurrencias. Porque no hay mucho que escoger: o reducir
los gastos o aumentamos los ingresos, o si no nos queda más remedio, hacemos
ambas cosas". El presidente ensayó
un ejercicio de contrición: "Dije que bajaría los impuestos y los estoy
subiendo. No he cambiado de criterio. Ni renuncio a bajarlos cuando sea
posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas.
Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración". Un
alegato semejante al "me cueste lo que me cueste" que entonó Zapatero
en el debate del estado de la nación de 2010.
Y como Zapatero, Rajoy apeló a la
unidad colectiva, a la "colaboración de todos". Porque tras el dolor
y el látigo, vino a decir, llegará la tierra prometida, la recuperación de la
crisis: "¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas? La
respuesta es un sí con toda rotundidad. Estoy convencido de que al final del
sacrificio nos espera la recompensa", pues España aún conserva
"fortalezas económicas, estructurales, demográficas, incluso
morales".
El pleno recibió con profundo
malestar el discurso de Rajoy. El rumor fue creciendo de menos a más, según el
presidente soltaba, una tras otra, medida dura tras medida dura. Al final,
entre el aplauso de su bancada, puesta en pie, se oyeron gritos de la
izquierda: "¡Dimisión, dimisión!".
La sangre del sistema
El presidente se dispuso a
escuchar la lluvia fina y constante de reproches de la oposición desde su
escaño, de izquierda y derecha. El resto del Gobierno escuchaba con rostro
grave, circunspecto. No era para menos, visto el durísimo varapalo que Rajoy
acababa de propinar a su programa, a su imagen. En la réplica, el jefe del
Ejecutivo no aportó argumentos ni datos nuevos. Sólo más cucharadas de
dramatismo. Tampoco zahirió a un Alfredo Pérez Rubalcaba que en su intervención
inicial había sacado poco colmillo. Es más, le agradeció su apoyo.
Primero respondió a las críticas
de que su Gabinete destina más dinero a la banca y a los poderosos mientras
empobrece a los españoles. Subrayó entonces que el salvamento de la banca era
necesario, porque el sistema financiero es a la economía de un país lo que la
sangre representa para el cuerpo humano. Sin él, "no habrá ni bienestar ni
riqueza". Razón por la que el Gobierno no puede "dejar que se
hundan" los bancos. Además, las condiciones del rescate –palabra todavía
tabú en el diccionario del PP– son "muy buenas" y no imponen una
"condicionalidad macroeconómica". Rajoy pretendió desenlazar las
imposiciones que el Eurogrupo marca al sistema financiero de las exigencias que
Bruselas fija para España por el descontrol de su déficit, y que obviamente son
las que han obligado a tomar las medidas anunciadas hoy. De esa anilla colgó
sus reproches al Ejecutivo de Zapatero, pues de no haberse encontrado un
agujero del 8,9% con que se cerró 2011, la situación sería otra.
Rajoy presumió de que sus
recortes miran "el interés general" de los españoles y que son
"justos y equitativos". Quiso hacer ver que había arremetido contra
los poderosos como nunca antes nadie se había atrevido: "Nosotros hemos rebajado
los sueldos de los presidentes y consejeros delegados de entidades financieras
con ayudas públicas, cosa que no había hecho antes nadie. Nosotros hemos subido
el impuesto sobre la renta de las personas físicas con un recargo más
progresivo que el que nunca antes se haya establecido. Por tanto, no puedo
aceptar la crítica, porque no es justa, de no ser justo y equitativo a la hora
de tomar decisiones".
La última palabra del presidente
llegaría pasadas las tres de la tarde. "Por este camino este país se va a
ir muriendo poco a poco de forma muy mejorada", le había augurado Cayo
Lara, comparando España con un enfermo terminal que antes de morir experimenta
una ligera mejoría. Rajoy tomó la acusación para engarzar su mensaje de cierre:
"Creo que el Gobierno –lo puedo decir un día como hoy, complicado, en un
día en que hemos tomado decisiones de esas que a casi nadie le gusta tomar–
tiene los objetivos claros, tiene un rumbo y sabe cuáles son los instrumentos.
Yo tengo la total y absoluta confianza de que este partido, este equipo, con
este programa económico que he presentado, va a lograr sacar a España de la
crisis".
La duda es la misma de siempre:
si el empacho de ricino funcionará esta vez. Y si el final de la agonía llegará
pronto. A eso Rajoy no puso fechas, ni calendarios.
Menos ayudas
a los nuevos parados
Se ha despejado la incógnita. Tras
numerosos rumores acerca de los planes del Gobierno de recortar las
prestaciones por desempleo en los últimos días, el presidente del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, anunció ayer que este ajuste afectará a la cuantía de esta ayuda
a partir del sexto mes de cobro.
En concreto, la prestación pasará
a suponer el 50% del último salario del trabajador desde el citado sexto mes,
frente al 60% que supone con la legislación actual.
Según especificó el propio Rajoy,
esta aminoración de la cuantía de la prestación afectará solamente a los nuevos
perceptores que se incorporen al sistema de protección por desempleo a partir
del momento en el que el Gobierno publique la medida en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), previsiblemente en las próximas semanas.
Rajoy precisó, sin embargo, que
se mantendrá intacto el periodo máximo de cobro de esta prestación fijado en 24
meses, a pesar de que se había especulado con la intención del Gobierno de
acortar este plazo. Igualmente, el Ejecutivo tampoco modificará el periodo
mínimo de cotización exigido para acceder a estas ayudas, establecido
actualmente en 12 meses, con los que se genera un derecho a cobrar cuatro meses
la prestación contributiva por desempleo.
El líder del Ejecutivo no precisó
cuánto podrá ahorrarse con esta medida. Según el cálculo de un experto, si
afectara a todo aquel que cobra ahora mismo la prestación, dicho ahorro podría
superar los 500 millones. Pero al no ser así, y al quedar fuera del recorte uno
de cada cuatro nuevos desempleados (bien porque no tengan derecho a cobrar más
de seis meses o porque con la rebaja al 50% del salario superen ya la
prestación máxima), el ahorro será mucho menor.
Según un cálculo del Gabinete
Económico de CC OO, en un trabajador a tiempo completo con un sueldo bruto de
1.884 euros y que haya cotizado como mínimo 720 días para tener acceso a más de
seis meses de cobro, la bajada del 60% al 50% le podría suponer un recorte en
el total de la prestación de entre 377 y 3.392 euros, dependiendo del tiempo
cotizado y, por tanto, de la cuantía total a percibir. Esto se traduce en un
recorte mensual de entre 21 y 188 euros al mes.
Rajoy ha justificado este recorte
para "garantizar que las prestaciones por desempleo no generan efectos
desincentivadores en la búsqueda de empleo, y siguiendo el ejemplo de algunos
países de la UE". Esta precisión generó protestas de la bancada de la
oposición y aplausos entre los diputados del PP. Y sirvió para que la diputada
de UPyD, Rosa Díez, acusara a Rajoy de culpar a los parados de su propia
situación al no buscar un empleo por estar recibiendo una prestación o un
subsidio.
Una de cal y
otra de arena para los empresarios
El Gobierno ha decidido compensar
la subida del IVA con un abaratamiento del coste del empleo. Para ello, Mariano
Rajoy, anunció una rebaja de un punto de las cotizaciones sociales que pagan
los empresarios por su trabajadores en 2013 y otro punto menos en 2014.
Asimismo, el Ejecutivo pretende acelerar la puesta en marcha del factor de
estabilidad del sistema de pensiones.
Entre la inmensa batería de
recortes y medidas restrictivas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, los empresarios han recibido, sin embargo, una buena noticia:
las cotizaciones sociales que pagan por sus trabajadores bajarán un punto en
2013 y otro punto menos en 2014.
Rajoy ha hecho este anuncio tras
avanzar la subida del IVA, de lo que se desprende que es una medida
compensatoria por esta alza impositiva. Así, a falta de que se confirmen los
detalles de esta iniciativa, se entiende que la bajada será generalizada para
todas las cotizaciones que se pagan en la actualidad. Esto
supondría una merma de ingresos de la Seguridad Social
-que es quien recauda estas cuotas para pagar las prestaciones de jubilación,
incapacidad o desempleo, entre otras- de casi 3.000 millones por cada punto de
rebaja (cerca de 9.000 millones menos a finales de 2014).
Esta fórmula de compensar la
subida del IVA bajando cotizaciones ha sido defendida en los últimos tiempos
por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y responde, también en parte, a
la histórica demanda empresarial de abaratar el coste del empleo para generar
más puestos de trabajo.
Esta doble medida ya se puso en
práctica en 1994 sin el éxito perseguido, porque bajaron los ingresos del
sistema de Seguridad Social y no aumentó en proporción la recaudación por IVA
ni se generaron los esperados puestos de trabajo.
En cualquier caso, aún queda por
detallar la letra pequeña de esta medida. Así, el Gobierno deberá detallar de
qué parte de las cotizaciones sociales (contingencias comunes, profesionales,
desempleo o formación) detrae los dos puntos. E igualmente tendrá que concretar
si toda la rebaja recae sobre la cuota empresarial o traslada parte a la
cotización que abona el trabajador.
Distintas fuentes consultadas
coinciden en que la rebaja será enteramente para la cuota patronal. Asimismo,
varios analistas explicaron que lo lógico sería detraer estos puntos de la
cotización por desempleo, ya que el recorte de esta cuantía aminorará este
gasto. Descartaron otras posibilidades porque si la rebaja se produjera, por
ejemplo, sobre la cotización por contingencias comunes, esto se traduciría en
menos dinero para el pago de pensiones, justo en un momento en el que la Seguridad Social
ya ha incurrido en números rojos.
Es más, el Ejecutivo ya ha
habilitado la desinversión de parte de los 4.000 millones del fondo de
prevención de las mutuas para conseguir liquidez suficiente con la que abonar
la revalorización de las pensiones y la paga de Navidad a los pensionistas. De
ahí que no se presente como factible el adelgazamiento directo de los ingresos
por contingencias comunes.
Eliminar casi todas las
bonificaciones
Hasta aquí ha sido todo lo que ha
representado la arena para los empresarios, pero Rajoy también ha repartido
algo de cal, al anunciarles la eliminación de "un gran número" de las
bonificaciones a la contratación, salvo aquellas destinadas al nuevo contrato
de emprendedores y a la integración laboral de discapacitados.
El Presupuesto de 2012 recoge
inicialmente 2.800 millones para estas bonificaciones. Si bien aún se desconoce
si este recorte se efectuará para lo que resta del ejercicio o a partir de
2013.
El presidente de la patronal CEOE , Juan
Rosell, calificó estas medidas como "adecuadas", aunque precisó que a
los empresarios les habría gustado más "menos subidas de impuestos" y
una mayor bajada de las cotizaciones, como aseguró que han hecho en otros
países europeos.
En esta misma línea, el
presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), Jesús
Terciado, insistió en que la rebaja acordada sigue siendo "escasa" y
no equipara a España -donde superan el 28%- con Europa, donde las cotizaciones
están de media cinco puntos por debajo de las españolas.
Además Terciado criticó la
eliminación de las bonificaciones a la generación de empleo porque "esto
va a restar capacidad de contratación a las empresas".
Bañez anunció lo contrario
Los incumplimientos del Gobierno
afectan a casi todos los miembros de su Gabinete. Respecto a la rebaja de
cotizaciones sociales anunciada ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
insistió el 8 de mayo en el Congreso en que estas cuotas solo bajarían
"cuando se consolidara la recuperación económica", añadiendo después
que esto no se preveía para 2013.
La
prohibición de la jubilación forzosa
En la tramitación parlamentaria
del proyecto de Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo se ha introducido una cuestión que no venía en el inicial Real Decreto
de donde proviene la Ley: la prohibición de pactar cláusulas de jubilación
obligatoria al alcanzar los trabajadores la edad de retiro.
La posibilidad legal de que los
convenios colectivos establecieran la jubilación forzosa se incluyó en el
Estatuto de los Trabajadores de 1980, y desde el Texto refundido del año 1995
se regula en la disposición adicional 10ª del mismo.
Por efecto de la Ley 5/2001 se
suprimió, para luego volverse a permitir en el año 2005, mediante la Ley
14/2005, siempre que se vinculara a objetivos coherentes con la política de
empleo, tales como la transformación de contratos temporales en indefinidos, el
sostenimiento del empleo o la contratación de nuevos trabajadores, y siempre
que el afectado reuniera los requisitos para acceder a la pensión contributiva
de la Seguridad Social.
Recientemente, la Ley 27/2011
mantuvo la jubilación forzosa y únicamente la modificó con la finalidad de que
no afectara a trabajadores con pensiones de jubilación claramente mejorables.
En este sentido, estableció que el trabajador afectado tuviera cubierto el
período mínimo de cotización que le permitiera aplicar un porcentaje de un 80%
sobre la base reguladora para el cálculo.
A pesar de que los interlocutores
sociales hubieran considerado el mecanismo de la jubilación forzosa como un
elemento válido de flexibilidad externa, válido para reducir los costes
empresariales, y la jurisprudencia comunitaria lo entendiera como una
institución que se legitimaba para reducir el desempleo, en el contexto actual
de crisis y ante la amenaza de de la viabilidad el sistema de Seguridad Social,
el legislador español ha considerado prioritario establecer medidas para
favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad,
fomentando así la prolongación de la vida laboral como objetivo compartido por
la mayoría de los países de la Unión Europea.
En cuanto a la vigencia, la Ley
3/2012 de 6 de julio establece que la prohibición se aplicará a los convenios
colectivos que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la Ley (esto es
a partir de hoy), pero también se prevé qué sucederá con los convenios que
estén en estos momentos vigentes.
En estos casos, la disposición
transitoria decimoquinta establece lo siguiente:
a) Cuando la finalización de la
vigencia inicial pactada de dichos convenios se produzca después de la fecha de
entrada en vigor de la Ley, la aplicación de esta prohibición tendrá lugar a
partir de la fecha de la citada finalización.
b) Cuando la finalización de la
vigencia inicial pactada de dichos convenios se hubiera producido antes de la
entrada en vigor de la Ley, se producirá a partir de esta última fecha.
Es decir, la cláusula
convencional que se encuentre vigente cuando entre en vigor la Reforma laboral
se seguiría aplicando y, en cambio, no se va a poder aplicar la cláusula de
jubilación forzosa de un convenio que haya perdido la vigencia a la entrada en
vigor de la ley.
Independientemente que esta
medida tenga un mayor o menor impacto en el sistema de pensiones públicas, e
independientemente de la pugna entre el derecho a la negociación colectiva y el
derecho individual de los trabajadores a decidir si quieren o no seguir
trabajando al alcanzar una determinada edad, lo que sí podemos afirmar es que
la desaparición de la jubilación forzosa contribuirá a eliminar la ambigüedad e
inseguridad jurídica existentes cada vez que el trabajador combatía la decisión
del empresario en los tribunales.
En efecto, hasta ahora cuando la
decisión del empresario no era aceptada por el trabajador y éste acudía a los
tribunales, los jueces de lo social en diversas ocasiones habían considerado la
extinción como un despido improcedente, ante la falta de cumplimiento de las
medidas de fomento de empleo exigidas, o incluso un despido nulo, por ser
discriminatorio por razón de edad.
Toxo y
Méndez denuncian que medidas anunciadas por Rajoy "hundirán a España"
"España está tocada y que
las decisiones que pretende poner en marcha el Gobierno la van a hundir",
ha dicho el secretario general de UGT, Cándido Médez. Los líderes sindicales
han lamentado que el presidente Rajoy no haya mencionado el problema de la
minería.
Los secretarios generales de CCOO
y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han denunciado hoy que las
medidas de ajuste anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en
el Congreso "hundirán a España".
En declaraciones a los
periodistas al inicio de la manifestación en apoyo de la minería del carbón en
Madrid, convocada por los sindicatos, Méndez ha señalado que "España está
tocada y que las decisiones que pretende poner en marcha el Gobierno la van a
hundir".
"Es un tratamiento de choque
con más opciones de matar que de curar al paciente", ha dicho el líder de
UGT, en medio del estruendo de los petardos, en la cabecera sindical situada
tras la columna de mineros.
Los líderes sindicales han
lamentado igualmente que Rajoy no haya mencionado el problema de la minería en
su intervención en el Congreso.
Rajoy ha anunciado hoy más
recortes y un aumento del IVA, para lograr, en dos años y medio, un ajuste de
65.000 millones de euros, en torno a 6,5 puntos del PIB.
Entre las medidas que se
adoptarán de forma "inmediata", Rajoy ha anunciado una subida del
tipo general del IVA del 18 al 21 %, así como del 8 al 10 % en el caso del tipo
reducido.
El presidente del Gobierno ha
señalado igualmente que los funcionarios públicos y altos cargos no cobrarán la
paga extra de Navidad en 2012, pero que los empleados públicos la recuperarán
como fondo de pensiones en 2015.
Las empresas
del Ibex suben el sueldo a sus consejeros un 4,4% en plena crisis
Entre las empresas del Ibex 35 no
hay crisis. Al menos así lo demuestra el 5% que aumentaron las retribuciones de
los consejos de administración de las distintas compañías cotizadas y el 4,4%
que creció el sueldo medio por consejero. Son datos difundidos por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) en el informe anual de gobierno corporativo 2011
de las empresas del Ibex 35.
La retribución media por consejo
se situó en 7,5 millones de euros el pasado año. Esto es, un 5% más que el año
anterior. Es más, el sueldo medio por consejero fue de 522.000 euros, un 4,4%
más que en 2010.
El dinero que se embolsaron los
altos directivos de estas empresas cotizadas también subió el año pasado. En
total, la retribución media de los miembros de la alta dirección ascendió a
777.000 euros, un 3,1% más que en 2010. Sólo descendió el número de directivos,
pasando de 513 a
482 en un año. No obstante, los sueldos que cobra este sector sigue supondiendo
un 2,6% de los resultados del ejercicio.
La CNMV justifica estas subidas
salariales en el incremento de las retribuciones variables que experimentaron
algunas compañías, «pese a la caída generalizada de resultados», lamenta el
supervisor bursátil en un comunicado.
La presencia de las mujeres en
los consejos de administración también aumentó. Se situó en un 12,1% frente al
10,6% de 2010. Sin embargo, el porcentaje medio de las mujeres ejecutivas
volvió a descender, pasando del 3,8% en 2010 al 3,3% en 2011. En este sentido,
la CNMV concluye que el 38% de las sociedades del Ibex no han cumplido las
medidas recomendadas.
La Bolsa
sube el 1,17 % tras el nuevo ajuste del Gobierno
La Bolsa española ha subido hoy
el 1,17 % y ha recuperado los 6.800 puntos, después de que el Gobierno
anunciará hoy nuevas medidas de ajuste como el alza del IVA, el recorte de la
prestación por desempleo o la eliminación de la paga extra de Navidad de los
funcionarios.
Así, con la prima de riesgo a la
baja, en 530 puntos básicos, el principal selectivo de la Bolsa española, el
IBEX 35, ha
subido 79 puntos, el 1,17 %, hasta los 6.805,90 puntos, con lo que las pérdidas
anuales se reducen al 20,55 %.
De los grandes valores, BBVA ha
logrado una revalorización del 2,34 %, mientras que Iberdrola ha subido el 1,80
%; Santander, el 1,73 %; Telefónica, el 1,68 %; Repsol, el 1,42 %, e Inditex,
el 1,08
Wall Street
encadena cinco días a la baja tras las actas de la Fed
Las actas de la última reunión
sobre política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., que no ofrecieron
señales claras de mayores medidas de estímulo por parte del banco central,
llevaron hoy a Wall Street a encadenar su quinta jornada consecutiva de números
rojos.
El Dow Jones de Industriales, la
principal referencia de los mercados de valores de Nueva York, cerró esta
tercera sesión de la semana con un descenso del 0,38 % o 48,50 puntos para
terminar en 12.604,53 unidades, con lo que se anota su racha bajista más
prolongada desde mayo.
También descendió el índice
compuesto del mercado Nasdaq (-0,49 %), mientras que el selectivo S&P 500
cerró plano ayudado por el sector energético, que ganó en su conjunto el 1,27 %
gracias a la revalorización del 2,26 % que experimentó el crudo de Texas tras
la caída de sus reservas en EE.UU. la semana pasada.
Sin embargo, la subida del sector
energético no fue suficiente para empujar a las ganancias al Dow Jones, sobre
el que pesó más la decepción con la que fueron recibidas entre los inversores
las actas de la cita que el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal
del pasado 20 de junio.
Wall Street, que navegó sin rumbo
durante la jornada, se tiñó de rojo al conocerse, dos horas antes de su cierre,
el recelo de una parte de los miembros de ese Comité a emprender una nueva
ronda de compra de bonos del Tesoro, el llamado "QE3".
"Algunos miembros apuntaron
al riesgo de que la continua compra de títulos del Tesoro a más largo plazo
pueda, en algún momento, llevar a un deterioro del funcionamiento del mercado
de bonos estadounidenses", revelaron las actas.
Así se apagaron las esperanzas
entre algunos inversores sobre la posibilidad de que el banco central
estadounidense emprenda nuevas medidas de estímulo monetario, más allá de la ya
anunciada prolongación de la "Operación Twist " en 267.000 millones
de dólares hasta finales de año.
La publicación de esas actas
centró las miradas en Wall Street, que apenas se dejó influir por los datos
macroeconómicos difundidos en EE.UU., entre los que destacó el aumento del 0,3
% de los inventarios de los mayoristas en mayo y la reducción del déficit
comercial del país del 3,8 % de abril a mayo, hasta 48.684 millones de dólares.
Tampoco tuvieron gran repercusión
sobre el parqué neoyorquino las noticias procedentes del Viejo Continente, en
concreto los planes desvelados por el Ejecutivo español para recortar otros
65.000 millones de euros (unos 79.000 millones de dólares) en los próximos dos
años y medio con el objetivo de dejar el déficit en los niveles exigidos por la Unión Europea.
El presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, anunció la subida del tipo general del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) del 18 al 21 % y del 8 al 10 % en el caso del tipo
reducido, así como la reducción de la prestación por desempleo, la supresión de
la deducción por vivienda y la eliminación de una paga extra a los
funcionarios, entre otras medidas.
Esa noticia sí que logró que la
bolsa de Madrid subiera el 1,17 % esta sesión, aunque sus ganancias no fueron
secundadas por la mayoría de plazas europeas: Fráncfort ganó el 0,24 % y
Londres un marginal 0,01 %, mientras que París bajó el 0,57 % y Milán el 0,05
%.
En el ámbito empresarial de Wall
Street la protagonista fue la operadora de televisión por satélite DirecTV, que
bajó el 1,11 % después de que sus casi 20 millones de usuarios en EEUU se
quedaran sin 26 canales del grupo Viacom (-0,28 %) a raíz de la guerra de
tarifas que mantienen desde hace semanas.
Los inversores también están
pendientes de la temporada de resultados, que arrancó el pasado lunes con las
cuentas del productor de aluminio Alcoa y continuará este viernes de la mano de
los bancos JPMorgan Chase y Wells Fargo, que cerraron con sendos ascensos del
0,99 % y el 0,91 %.
El Nikkei
cae 130,99 puntos, el 1,48 por ciento, hasta 8.720,01 puntos
El índice Nikkei de la Bolsa de
Tokio cerró hoy con un descenso de 130,99 puntos, el 1,48 por ciento, y quedó
en 8.720,01 unidades.
El índice Topix, que agrupa a
todos los valores de la primera sección, cayó 9,80 puntos, un 1,29 por ciento,
hasta 747,49 enteros.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario