El Gobierno
penaliza el despido colectivo de trabajadores de más de 50 años
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/gobierno-penaliza-despedir-personas-mas-anos-2234981
Las empresas de más de 100
trabajadores que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años y que
acomentan un procedimiento de despido colectivo sufrirán una penalización por
cada uno de los trabajadores de más de 50 años incluido en el expediente de regulación
de empleo (ERE). Según el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros,
estas empresas deberán abonar al Estado en un plazo máximo de 45 días el
importe correspondiente a las pestaciones por desempleo, cotizaciones sociales
y posteriores subsidios que pudiera llegar a percibir ese trabajador despedido
de más de 50 años.
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo de esta medida es
evitar que las grandes empresas trasladen al Estado parte de los costes de
reestructurar sus plantillas así como "no desperdiciar esa fuerza de
trabajo y esa experiencia" de los trabajadores con edad superior a los 50
años.
EDAD REAL DE JUBILACIÓN
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, ha añadido que otro de los objetivos de esta medida es la de
"intentar acercar la edad real de jubilación a la edad legal". Según
los datos aportados por Báñez, la edad real de jubilación es de 63,6 años por
efecto de las jubilaciones anticipadas voluntarias o forzosas, frente a la edad
legal de 65 años, que se ampliará a 67 años de forma paulatina en el 2027.
La ministra ha criticado la
práctica por la que, durante los años de bonanza económica, las grandes
empresas acometieron ERES preventivos en los que se redujeron plantillas a base
de prejubilaciones a cargo de las prestaciones por desempleo y de convenios con
la Seguridad Social.
"No estamos impidiento que las empresas tomen decisiones de reducir
plantilla, pero lo que no puede ser es que eso cause un coste al Estado cuando
esas empresas tienen más de 100 trabajadores y generan beneficios".
Las nuevas restricciones a las
prejubilaciones de empresas con beneficios serán aplicables a procedimientos
iniciados a partir del 27 de abril del 2011, fecha de la primera reforma en
esta dirección acometida por el anterior Gobierno socialista que afectaba a
empresas de más de 500 trabajadores que incluyeran en sus despidos colectivos a
más de 100 trabajadores de más de 50 años.
DESPIDOS COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
El Consejo de Ministros también
ha aprobado hoy el reglamento que desarrolla el procedimiento de despido
colectivo previsto en la reforma laboral adoptada por el Gobierno del PP. En el
sector público, los expedientes de despido colectivo solo podrán aplicarse en
empresas y entes cuya financiación pública no llegue al 50% de sus ingresos.
Además, la ministra Báñez ha
anunciado que el Gobierno llevará la semana que viene a la comisión
parlamentaria del Pacto de Toledo un informe sobre la jubilación anticipada y
la jubilación parcial en España y sobre la compatibilidad entre salario y
pensión.
ENDURECER LA PREJUBILACIÓN
El objetivo, según la ministra
es, de nuevo, acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para ello, el
informe del Gobierno apuntará en la dirección de elevar la edad actual a partir
del cuál es posible acogerse a la prejubilación forzosa (61 años) o voluntaria
(63 años). La ministra también ha apuntado la cnveniencia de elevar el actual
periodo mínimo de cotización para acogerse a la prejubilación (33 años) y de
endurecer los coeficientes reductores de la prestación aplicables a quienes se
acojen a la prejubilación.
Según los datos apuntados por
Báñez, en la actualidad una de cada dos altas de jublación es anticipada. Este
colectivo ha aumentado el 31% desde el inicio de la crisis y su pensión inicial
media ha pasado de 591 euros en el 2002 a 923 euros en el 2011. Según los datos
del Ministerio de Empleo, en la actualidad hay 338.900 prejubilados en España,
con una prestación media de 1.356 euros, que generan un coste al Estado de
7.288 millones de euros.
Empleo
plantea que se cobre del 40% al 60% de la pensión con un trabajo
Madrid (Europa Press).- La
ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado un informe en el Consejo de
Ministros en el que se plantea la posibilidad de que un trabajador pueda
simultanear durante un tiempo el cobro de entre el 40% y el 60% de la pensión y
un empleo por cuenta propia o ajena.
En rueda de prensa tras la
reunión interministerial, en la que ha avanzado que este informe será remitido
al Pacto de Toledo la próxima semana, Báñez ha planteado que esta fórmula permitiría
cumplir con la recomendación de la UE de extender en lo posible la vida activa
de los trabajadores y acercar la edad real de jubilación a la legal.
Según ha dicho, hasta 900.000
trabajadores alemanes se han acogido actualmente a esta fórmula, mientras que
en España, donde ya se contempla la posibilidad, los inconvenientes hacen que
sólo los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimos Interprofesional
(SMI) recurran a ella.
Empleo plantea también que el
nuevo régimen de compatibilidad exija que la edad de acceso a la pensión sea la
ordinaria una vez que el periodo de cotización implique el cobro del 100% de la
base reguladora.
El nuevo esquema se podría
aplicar a todos los regímenes de la Seguridad Social y a cualquier actividad por
cuenta ajena o por cuenta propia. Además, Báñez ha planteado que una vez
terminada la transición el jubilado pudiera cobrar hasta el 105% de su pensión.
"Lo vamos a estudiar junto con los agentes sociales para ver si somos
capaces con el consenso lograr la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social ",
añadió.
Limitar las jubilaciones anticipadas y parciales
Por otro lado, Báñez ha recalcado
la necesidad de endurecer el acceso de la jubilación parcial y anticipada para
que no supongan un alto coste para la Seguridad Social
y para acercar la edad real de jubilación, que se sitúa en los 63,5 años a la a
la legal de 65 años.
En este sentido, el informe
presentado también se encamina a abrir un debate sobre la edad de acceso a la
jubilación anticipada o el establecimiento de coeficientes de reducción de la
pensión en el caso de la parcial, así como sobre los periodos de cotización
previos requeridos para acogerse a estas modalidades.
Así, Báñez, que recordó que la
reforma de las pensiones establece un marco temporal entre 2013 y 2027 para
ampliar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, ha recalcado que actualmente
la edad real ni siquiera llega a ese mínimo. Según ha indicado, el informe
presentado revela que tras este desajuste se evidencia, por ejemplo, que una de
cada dos jubilaciones en el Régimen General de la Seguridad Social
es anticipada, una modalidad cuyas altas se han incrementado en un 31% desde el
inicio de la crisis en 2007.
Así, la jubilación anticipada,
que permite al trabajador abandonar la empresa con 61 años, si es forzado por
la empresa, o con 65 años, si es de forma voluntaria, afectó en 2011 a 383.900 personas, con
una pensión media de 1.356 euros, con un coste anual de 7.288 millones.
En el caso de la jubilación
parcial, que permite abandonar el mercado de trabajo con 61 años, sin
coeficientes reductores, con una reducción de jornada que es compensada con un
trabajador relevista, el número de jubilados ascendió ese año a 120.952, con
una pensión media aún mayor, de 1.588 euros, y un coste de 2.690 millones de
euros al año.
Casos 'abusivos' en la jubilación parcial
Ante esta realidad, Báñez ha
indicado que en el Pacto de Toledo "se van a debatir alternativas"
operando sobre la edad de acceso a la jubilación anticipada, el periodo mínimo
de cotización requerido, que se sitúa en 33 años, y los coeficientes
reductores, de forma que evolucionen de forma similar con los cambios
introducidos en la reforma de las pensiones para el acceso a la pensión
ordinaria.
En la misma línea, para la jubilación
parcial, que exige un periodo de cotización previo de 30 años, frente a los 33
para la jubilación ordinaria, Báñez ha destacado que en este caso ni siquiera
se contemplan coeficientes reductores, a lo que ha añadido que en muchos casos
el contrato de relevo se está haciendo con carácter temporal lo que está
llevando a "situaciones abusivas". "Hay que darle una
pensada", ha añadido.
Las
prejubilaciones cuestan 10.000 millones al Estado
En España hay 382.900 jubilados
anticipados, con una pensión media de 1.356 euros al mes, lo que supone un
coste total 7.288 millones para la Seguridad Social. Además ,
hay otros 120.950 jubilados parciales, con una prestación media aún mayor, de
1.588 euros mensuales, con un coste total para las arcas públicas de 2.690
millones. La delicada situación financiera de la Seguridad Social
-con un déficit previsto para este año de 10.500 millones- ha llevado al
Gobierno a elaborar una propuesta para limitar el acceso a estas costosas
modalidades de jubilación.
Estas propuestas están detalladas
en tres informes que ha llevado hoy al Consejo de Ministros la titular de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y que el Gobierno enviará la semana
que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para intentar
consensuar allí entre todos los grupos políticos las novedades legales en
materia de prejubilaciones.
Báñez, que no precisó cuáles son
las iniciativas de su Departamento en estas materias, sí criticó por ejemplo
que el acceso a la jubilación parcial esté fijada en 61 años frente a los 63 de
las jubilaciones anticipadas voluntarias, y que el periodo de cotización
exigido sea de 30 años frente a los 33 de las anticipadas. De esto se deduce su
intención de, por lo menos, proponer que los requisitos de acceso al retiro
parcial sean los de la parcial, más duros. Si bien, fuentes gubernamentales han
informado a Cinco Días que Empleo llega a proponer en estos informes incluso la
desaparición de la jubilación parcial.
Además de este endurecimiento de
las prejubilaciones, el secretario de Estado de la Seguridad Social ,
Tomás Burgos, presentará al Pacto de Toledo, nuevos incentivos para que los
trabajadores sigan en activo más allá de la edad legal de jubilación (ahora 65
años) compatibilizando el salario de un empleo y la pensión. Para ello,
Báñez sugirió la posibilidad de establecer para estos casos los actuales
incentivos para aquellos que siguen trabajando sin jubilarse (y, por lo tanto
sin cobrar la pensión) que suponen mejoras de la pensión entre un 2% y un 3%.
La reforma
alumbra el peor trimestre para el empleo fijo
Una de las peores noticias que
dio ayer la EPA fue la destrucción de empleo indefinido. En tres meses han
caído 179.400. Durante esta crisis, el tercer trimestre del año no ha sido
bueno para los trabajadores fijos. Pero ni siquiera en 2008 y 2009, los peores
años del mercado laboral en lo que va de Gran Recesión, se llegó a esta cifra.
A pesar de esto, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, ayer quiso sacar pecho y defender la reforma laboral, que
tenía entre sus objetivos “fomentar la contratación indefinida”. Para hacerlo,
no dio datos procedentes de la EPA sino de los servicios públicos de empleo.
Comparó los últimos datos de contratos de 2012, en los que los indefinidos
suponen el 7,8% del total de los firmados, frente a los de 2011, el 7,3%. Lo
que no mencionó Báñez es que a estas alturas del año, en 2011 se habían firmado
863.301 contratos fijos y este se han rubricado 777.640, un 9,9% menos.
A estas alturas del año, en 2011
se habían firmado 863.301 contratos fijos y un 9,9% menos
Desde que se aprobó la reforma
laboral han pasado dos trimestres. En ese tiempo se han destruido unos 175.000
empleos, 30.000 más que el año pasado. En cambio, el empleo temporal ha
resistido mucho mejor. De abril a septiembre, solo se han destruido 3.000
puestos de trabajo.
Báñez también quiso romper una
lanza por la reforma al relacionarla con la evolución del empleo a tiempo
parcial. Los cambios legales de febrero también pretendían impulsar este tipo
de contratos y eso es lo que trató de resaltar ayer la ministra. En cambio,
según los datos conocidos ayer, esta modalidad de puestos de trabajo ha perdido
fuelle en los dos trimestres posteriores a los cambios laborales. Entre abril y
septiembre hay 18.000 trabajos menos de este tipo.
Durante la crisis el empleo a
tiempo parcial ha tenido un buen comportamiento. Cuando comenzó el número de
empleados que no trabaja ocho horas al día era de 2,4 millones, cinco años
después este número permanece inamovible. Lo que sí ha cambiado es el motivo
por el que la gente acepta este tipo de empleos. Si en 2007 unos 740.000 lo
hacían porque no había podido encontrar un trabajo a tiempo completo, en 2012
este número se ha duplicado.
Este dato explica en buena medida
por qué esta modalidad de empleo en España nunca ha tenido mucho éxito a pesar
de los múltiples cambios legales para impulsarla.
El Gobierno pondrá
límite a las indemnizaciones de los directivos
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha propuesto a la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos limitar drásticamente
las indemnizaciones por despido o cese de actividad que cobran los ejecutivos
de las empresas privadas, cotizadas o no. Estas retribuciones se verán
limitadas a 6 meses de salario y lo que exceda de esta cantidad tendrán que
pagar un 75% a Hacienda. Es decir, se les aplicará el tipo máximo del Impuesto
de Patrimonio.
Esta medida, que ya está muy
avanzada, será aprobada en un próximo Consejo de Ministros y trata de
equilibrar las diferencias con la drástica reducción por despido del resto de
trabajadores tras la reforma laboral. No sólo se quiere evitar el agravio
comparativo, ya que estas indemnizaciones han llegado a los 24 millones, sino
evitar desigualdades ante nuevos sacrificios de austeridad.
No se trata de una medida
aislada, sino de una pieza más en una serie de decisiones dirigidas a limitar
los fuertes abusos que se venían registrando en determinadas empresas. La
reforma laboral prohibió los contratos blindados de alta dirección, después se
limitaron los salarios y las indemnizaciones a directivos de empresas públicas
y entidades financieras que habían recibido dinero público. Ahora se trata de
reequilibrar el abanico salarial que se ha ampliado desde el inicio de la
crisis.
El objetivo último es frenar la
fuerte desigualdad que está produciendo la recesión. Las
diferencias sociales provocadas por el paro y la dispersión salarial han hecho
perder a España los avances logrados para reducir la diferencia entre ricos y
pobres y que motivó una mención especial de la OCDE en su informe Growing
Unequal. La Comisión
Europea ha denunciado el ahondamiento de la brecha social con
un índice de pobreza infantil entre los más altos de la UE a causa del
desempleo de los padres jóvenes. Sin embargo, el dato más inquietante es el
aumento en casi tres puntos registrado desde el inicio de la crisis en el
coeficiente Gini –indicador reconocido por Eurostat que mide la desigualdad a
partir de la renta disponible de los hogares–, que ha superado al aumento en
los países intervenidos.
Las remuneraciones de la alta
dirección han creado una fuerte polémica entre quienes defienden que deben
estar “topadas” y quienes creen que deben establecerlas libremente los
propietarios de las empresas. Esta es la razón por la que nueva normativa
fijará la obligatoriedad de que los salarios de la alta dirección de las
empresas cotizadas sean aprobados obligatoriamente por la junta general de
accionistas de forma nominal e individualizada.
Hasta ahora los grandes
ejecutivos han evitado dar a conocer sus retribuciones amparándose en el
derecho a la intimidad.
Por eso bastaba dar a conocer la retribución del consejo o la
alta dirección en su conjunto. Ni los códigos éticos, ni la Ley de Economía
Sostenible (LES) aprobada por el gobierno socialista han logrado avanzar en la
transparencia para frenar los excesos. Precisamente han sido los abusos
cometidos por los directivos de las cajas los que han provocado una nueva
reacción del Gobierno.
Esta normativa, según los
primeros borradores, supone extender al sector privado las restricciones que se
aprobaron en febrero para el sector público. “Una indemnización no superior a
siete días de salario fijo en metálico por año de servicio, con un máximo de
seis mensualidades”, según la disposición adicional séptima del Real Decreto
3/2012 de 10 de febrero, de Reforma Laboral. En marzo se extendieron esta
limitaciones a los directivos de bancos intervenidos, pero en agosto se decidió
dejar fuera a los bancos absorbidos.
Pero el salario de los grandes
ejecutivos privados sigue siendo un misterio para los accionistas y mucho más
aún lo son los acuerdos pactados en el golden handshake (despido dorado) de los
grandes ejecutivos. Se trata de controlar fiscalmente las desorbitadas
aportaciones a los fondos de pensiones, que en 2011 superaron los 16 millones
en las empresas del Ibex, que ni siquiera cotizaron a Hacienda.
La bolsa
española desciende el 0,05 % por el retroceso de Wall Street
La bolsa española ha bajado hoy
el 0,05 por ciento afectada por el retroceso de Wall Street, donde el descenso
de la confianza de los consumidores estadounidenses y algunos resultados
empresariales malograron el impulso inducido por el aumento del 2 por ciento
del PIB de la mayor economía del mundo.
Mientras la prima de riesgo subía
de 403 a
405 puntos básicos, el índice de referencia de la bolsa española, el IBEX 35,
perdía 3,6 puntos, el 0,05 por ciento, hasta 7.775,60 puntos. En la semana baja
el 1,74 por ciento, en tanto que las pérdidas anuales crecen hasta el 9,23 por
ciento.
De los grandes valores sólo cedió
el Banco Santander, el 0,44 por ciento, en tanto que BBVA ganó el 0,54 por
ciento; Inditex, el 0,4 por ciento; Repsol, el 0,3 por ciento; Iberdrola, el
0,18 por ciento, y Telefónica, el 0,1 por ciento.
El PIB y la
confianza del consumidor desorientan a Wall Street
Al cierre de la sesión, el Dow
Jones sumó un leve 0,03%, hasta los 13.107,21 puntos; mientras que el selectivo
Standard & Poor's restó un 0,07%, hasta los 1.411,94 puntos. En el caso del
índice de composición tecnológica Nasdaq, la subida fue del 0,06%, tras dar su
último cambio en los 2.987,95 puntos.
El saldo semanal no fue mucho
mejor. Las "blue chips" perdieron un 1,77% durante las últimas cinco
sesiones, mientras que el S&P 500 se dejó un 1,48%. El indicador
tecnológico acumuló su tercera semana en rojo tras restar un 0,59%.
La avalancha de datos
macroeconómicos dejó indecisos a los inversores neoyorquinos que, tuvieron que
digerir los resultados empresariales de compañías como Apple o Amazon. El
mercado norteamericano ha conocido este viernes que la economía estadounidense
creció en el tercer trimestre a un ritmo del 2%, frente al 1,8% previsto por el
consenso de analistas.
También ha dejado buenas
sensaciones la mejora en el consumo personal, que ha marcado un repunte del 2%
desde julio hasta septiembre. En cambio, el indicador de confianza del
consumidor puso en jaque a los inversores. El indicador elaborado por la Universidad
de Michigan descendió desde los 83,1 hasta los 82,6 puntos en octubre
demostrando que los estadounidenses aún no se creen la recuperación económica.
Estos datos desorientaron a unos
inversores que también estuvieron pendientes de los resultados empresariales
que se fueron conociendo en el parqué. Uno de los más esperados fue el Apple:
la compañía de la manzana obtuvo un beneficio neto de 8.223 millones de dólares
en el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, un 24,2% más que en el mismo
periodo del año anterior. Sus títulos, que perdieron la cota de los 600 dólares
durante gran parte de la sesión, cerraron con una caída del 0,91%, en los 604
dólares. Amazon, que también rindió cuentas en Wall Street, no cumplió con las
expectativas de los analistas pero terminó subiendo un 2,87%, hasta los 238
dólares.
Movimientos
En el Dow Jones, Intel (1,2%),
Microsoft (1,18%), United Tech (1,18%), Verizon (1,08%), IBM (0,87%) y
Caterpillar (0,863%) cerraron como los mejores valores del indicador frente a
Bank of America (-1,3%), JP Morgan
(-1,22%), Alcoa (-0,82%), Procter & Gamble (-0,9%) o las aseguradoras
Travelers (-0,78%) y UnitedHealth (-0,76%).
En el mercado de materias primas,
el barril de crudo Texas subió un 0,3%, hasta los 86,3 dólares; mientras que el
barril de crudo Brent avanzó casi un punto porcentual hasta los 109,6 dólares.
El oro se mantuvo plano en los 1.713 dólares la onza. El euro se cambió a
1,293 dólares.
El Nikkei cae 3,72
puntos, el 0,04 por ciento, hasta 8.929,34 puntos
El índice Nikkei de la Bolsa de
Tokio cerró hoy con una caída de 3,72 puntos, el 0,04 por ciento, y quedó en
8.929,34 unidades.
El índice Topix, que agrupa a
todos los valores de la primera sección, se depreció 0,93 puntos, un 0,13 por
ciento, hasta 740,30 enteros.
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