Las empresas
deben pagar ya el paro de los prejubilados
Desde 2011, las empresas de más
de 100 trabajadores que han hecho un despido colectivo saben que tienen
pendiente pagar el seguro de paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años
afectados, los llamados prejubilados. Es la conocida como enmienda Telefónica,
que se coló en la última reforma de pensiones. Pero hasta este martes faltaba
el reglamento que detallara a las compañías cómo y dónde tenían que pagar.
Ahora ya lo saben.
Según el reglamento publicado
este martes, a partir de hoy las empresas que hayan hecho prejubilaciones
recibirán todos los años un requerimiento de los Servicios Públicos de Empleo
con el dinero que tendrán que abonar por los despidos efectuados. A partir de
entonces se abrirá un plazo de alegaciones de 15 días. Finalizado el proceso,
la compañía tendrá que abonar la cantidad correspondiente en la ventanilla de
Hacienda.
En la memoria financiera que
acompañaba al reglamento, el Ministerio de Empleo calculaba que esta norma le
permitiría ingresar al año unos 350 millones. No obstante, durante este año la
recaudación será superior ya que las empresas no han pagado todavía nada por
las prejubilaciones hechas desde que se aprobó la medida en julio de 2011.
Los planes de recolocación
La reforma laboral allanó mucho
el camino de los despidos colectivos. Para atenuar sus previsibles efectos, la
misma norma contempla que cuando una empresa haga un ERE que afecte a más de 50
trabajadores tendrá que contratar con una compañía especializada un plan de
recolocación de los despedidos.
El reglamento de las regulaciones
de empleo publicado detalla cómo tienen que ser estos planes y qué contenido
que deben tener. Entre las obligaciones del programa, que deberá tener una
duración mínima de seis meses, está la de prestar una especial atención a los
trabajadores de “mayor edad”.
Además de la duración del plan,
el reglamento también determina que la empresa especialista debe procurar poner
en contacto al nuevo parado con ofertas de empleo. Otras obligaciones del plan
son la de asesorar al afectado para reciclarse, poner algún negocio por su
cuenta o preparar las entrevistas de empleo.
Con esta medida, España se
homologa con muchos países europeos. En ellos, los planes de recolocación
desarrollados por compañías especializadas son una obligación para las empresas
que llevan adelante los despidos colectivos.
Rajoy
facilita el despido colectivo de empleados públicos
El Gobierno ha abierto la puerta
de forma definitiva al despido de empleados públicos. Según puede leerse hoy en
el BOE, las admnistraciones podrán despedir a personal laboral con
indemnizaciones de 20 días por año trabajado –tal y como ocurre en la empresa
privada desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP– si las
transferencias que reciben caen un 5% en un año o un 7% durante dos ejercicios.
A estos efectos, se tendrán en
cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como,
respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución
presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido
colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes
en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
El reglamento, en vigor desde
este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas
quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de
reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el
sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal
laboral.
En cuanto a los ERE del sector
público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas
económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria
"sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios
públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres
trimestres consecutivos. Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe
insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública
en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera
presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y
"que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones
patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan
minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios
anteriores".
Se podrá iniciar un procedimiento
de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el
despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos
ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General
del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las
mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100
trabajadores. También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados
son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300
trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla
de más de 300 trabajadores.
El personal laboral fijo que
hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de
permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la
entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica
equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las
circunstancias. El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito
mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los
representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada
(económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación
deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su
relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los
criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad
del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso
selectivo.
En los despidos colectivos por
causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe
la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de
los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos
presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de
recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable
de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la
citada insuficiencia presupuestaria.
Plan de recolocación
Además de a los representantes de
los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia
de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral.
También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad
autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al
personal laboral de la Administración General del Estado o a las
comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad
antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el
procedimiento.
El periodo de consultas con los
representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por
normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas
privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al
menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo
de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá
sobrepasar los 30 días. No obstante, el periodo de consultas podrá darse por
finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de
alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.
Las empresas públicas (también
las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores
deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa
para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será
elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas
privadas, por empresas de recolocación autorizadas. Al finalizar el periodo de
consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al
Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General
del Estado) o a la
Dirección General competente (en el caso de comunidades
autónomas).
Hacienda
dejará de ingresar 1.300 millones por el aumento del paro
El colectivo de técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que el aumento del paro en 504.500
personas hasta el tercer trimestre del año supondrá una pérdida de ingresos de
1.314 millones de euros para las arcas públicas, según los cálculos del impacto
del desempleo sobre la recaudación por IRPF.
Las estimaciones de Gestha
apuntan a que en caso de que el desempleo subiera en 750.000 personas en 2012,
algo que prevén varios organismos e instituciones nacionales e internacionales,
la pérdida recaudatoria rozaría los 2.000 millones sólo por IRPF, que es el
impuesto que más recursos aporta cada año al conjunto de las administraciones
públicas.
Para llegar a la estimación de
caída de recaudación tributaria, Gestha ha calculado que el IRPF pierde unos
ingresos íntegros medios de 15.161 euros por cada nuevo parado debido a la
pérdida de sueldo, que se compensa parcialmente con la prestación por
desempleo. Esto supone dejar de recaudar unos 11.371 millones de euros en bases
imponibles en el supuesto de que se destruyesen 750.000 puestos de trabajo en
este ejercicio.
Los técnicos de Hacienda
consideran esta estimación es "muy prudente", ya que para su
elaboración se ha partido de la media de las retribuciones de los trabajadores,
por lo que si realmente se despidieran a los empleados más veteranos y de mayor
salario, la caída de ingresos para el Estado sería superior. Además, el cálculo
tampoco recoge la pérdida recaudatoria de los desempleados que agotan su
prestación a lo largo de 2012.
Con la nueva reforma laboral
vigente, Gestha considera que las empresas tendrán una "predisposición
mayor" a despedir a quienes tienen mejores condiciones salariales para
contratar en su lugar a jóvenes con nóminas más bajas. Esto supondrá que si se
despide a los trabajadores de mayor sueldo y edad, la caída de los ingresos del
IRPF será superior, ya que los sueldos mayores afectan a la progresividad del
impuesto que determina el pago de mayores cuotas.
Más déficit público
Por otro lado, si al cálculo del
coste tributario del aumento del desempleo se añadieran las prestaciones por
desempleo de las nuevas personas en paro, el coste total para la Agencia Tributaria
tendría un efecto negativo adicional sobre el déficit público, que el Gobierno
se ha comprometido a cerrar en el 6,3% del PIB en 2012.
Además, Gestha advierte de que el
aumento del número de parados no solo tendrá un impacto directo sobre el IRPF
sino también sobre la fiscalidad que grava los ingresos de las empresas. Así,
aquellas que hayan despedido trabajadores reducirán la base imponible del
Impuesto de Sociedades con el importe de las indemnizaciones.
Por otro lado, al haber más
personas en paro con menor poder adquisitivo, seguirá disminuyendo la demanda
de hogares y empresas, lo que lastrará las ventas y los resultados de las
empresas hasta tal punto que el Gobierno ha reconocido que los ingresos por IVA
alcanzarán aproximadamente los 7.000 millones de euros, por debajo de la
previsión inicial de 9.500 millones.
Con objeto de que la
Administración pueda incrementar los ingresos que se perderán con el aumento
del paro, Gestha apuesta por reducir la economía sumergida con cuatro medidas
fundamentales: elaborar estudios oficiales de economía sumergida, aumentar la
responsabilidades de la plantilla de la Agencia Tributaria ,
compartir las bases de datos entre todas las administraciones y, finalmente,
controlar los resultados de la Agencia Tributaria por las Cortes.
Tres de cada 4
trabajadores con pensión privada desconocen el importe de su futura prestación
pública
Tres de cada cinco trabajadores
con planes de pensiones en su empresa, el 61%, desconoce el importe de su
jubilación pública. Además de estos, el 57% está convencido de que la
prestación no será suficiente para vivir, según el barómetro de planes de pensiones
de empleo 2012 de VidaCaixa Grupo. El estudio se ha realizado mediante
encuestas a partícipes de planes de empresa (60% hombres) y a las comisiones de
control de las empresas para sus trabajadores, así como a consultoras
especializadas.
El análisis, que se debatirá en
detalle mañana durante el Quinto Foro de Comisiones de Control en Barcelona,
refleja que el nivel de desconocimiento del importe de la pensión pública se
acentúa entre los menores de 51 años, que alcanza el 65% de los encuestados. En
uno de los últimos acuerdos en el marco del Pacto de Toledo se ha incluido la
obligación de informar a partir del 1 de enero de 2013 de cuál será la pensión
pública --también tendrán que informar los sistemas privados.
Entre los que disponen de planes
de pensiones y creen que su jubilación no será suficiente para vivir, el 77% ha
considerado que las aportaciones que hace su empresa tampoco serán suficientes
para complementarla. El barómetro destaca que el 93% de los encuestados que
tienen planes de pensiones de empleo cuentan con una previsión particular,
entre las que destacan la aportaciones periódicas en ahorros o inversiones
(64%); en inmuebles (31%); productos contratados aunque sin realizar una
aportación periódica (24%), u otros instrumentos no detallados (12%).
Actualmente, España cuenta con
10,7 millones de personas con planes de previsión social complementarios de
futuro, entre los que se puede incluir seguros de vida y planes de pensiones
individuales y de empresa, una cifra que no ha aumentado significativamente
respecto al dato de 2007, que se situaba en 10,3 millones.
El Gobierno
aclara los supuestos en los que los parados podrán salir al extranjero
Madrid (Efe).- El Gobierno ha
modificado el real decreto que regula el cobro de la renta activa de inserción
para incluir los supuestos en los que los parados podrán viajar al extranjero
sin que se interrumpa su inscripción como demandantes de empleo durante 12
meses, requisito previo para el cobro de esta ayuda.
El Gobierno ha aceptado así una
recomendación del Defensor del Pueblo que recomendaba que estos supuestos se
recogieran en el reglamento y en las guías informativas de acceso al programa
de renta activa de inserción, según ha informado la institución que dirige
Soledad Becerril en un comunicado.
La salida a la Unión Europea y
Suiza durante menos de 90 días para buscar trabajo, formarse o hacer labores de
cooperación no impide el cobro de esta renta, que incluye una ayuda de 426
euros al mes para parados mayores de 45 años sin otras prestaciones o rentas.
Además, estos parados también
pueden viajar al extranjero por causas familiares o por el cumplimiento
"de un deber inexcusable de carácter público y personal" por un
tiempo igual o inferior a 15 días.
El 70% de las empresas
extranjeras en España mantendrá o elevará el empleo en 2013
En nuestro país están presentes
13.000 firmas extranjeras que generan cerca de 1,3 millones de puestos de
trabajo.
Las empresas extranjeras
instaladas en nuestro país también ven un futuro económico algo más despejado.
El aumento de la competitividad y de la flexibilidad del mercado laboral ha
comenzado a dar frutos como la reciente apuesta de Ford por su factoría
valenciana, y la tendencia a conservar el empleo se refleja también ahora con
datos estadísticos. El 70% de las firmas foráneas presentes en España mantendrá
o elevará el empleo el año que viene, mientras que el 90% espera hacer lo mismo
con sus volúmenes de exportación, según el «Barómetro de clima de negocio en
España 2012» elaborado por Invest in Spain y el International Center for de
Competitiveness (ICC) del IESE.
Según el estudio, hay 13.000
empresas extranjeras presentes en España que generan cerca de 1,3 millones de
empleos. El 70% de las compañías encuestadas también prevé mantener o ampliar
las inversiones el próximo año y el 63% cree que podrá sostener o elevar el
nivel de ingresos. Además, tal y como concreta el director de Desarrollo y
Reinversión de Invest in Spain, Jesús Rubiera, el 93% de las empresas que
espera reducir su plantilla lo hará en menos de un 25%, mientras que el 15% de
estas empresas espera elevar sus exportaciones en más de un 25%.
Del estudio se concluye que la
valoración general del clima de negocios en España es «positiva», con una
puntuación de 2,7 puntos sobre 5, ligeramente menor que la que obtuvo en el año
2011 (2,9 puntos sobre 5). Entre las principales fortalezas de España destaca
el área de las infraestructuras, concretamente el tren de alta velocidad y los
aeropuertos, aunque también se valora muy positivamente la disponibilidad de
mano de obra.
En cambio, España debe mejorar en
algunos aspectos del mercado laboral, la financiación y la innovación. En
concreto, los inversores creen que se podría mejorar la flexibilidad del
mercado laboral con más ayudas a la contratación, más flexibilización en los
horarios y una adecuación mayor de la legislación laboral a las necesidades de
las empresas.
Mercado laboral más flexible
Sin embargo, la investigadora
asociada del ICC del IESE, Maria Luisa Blázquez, asegura que los extranjeros
valoran este año mejor los costes del despido gracias a las últimas reformas
laborales. En concreto, el 70% de los inversores extranjeros cree que las
reformas laborales han mejorado la flexibilidad del mercado y el 79% ve con
buenos ojos la reforma de la negociación colectiva.
En materia de fiscalidad, los
inversores extranjeros consideran que se podría mejorar el impuesto de
Sociedades y las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social ,
entre otras cosas, aunque no ven problemas en la fiscalidad de no residentes ni
en los convenios de colaboración entre España y otros países.
Sobre el entorno regulatorio, una
vez más los inversores extranjeros consideran que se puede mejorar la carga
burocrática en España, aunque ya no ven problemas en la rapidez y eficacia de
los juzgados mercantiles, a diferencia del año pasado.
Potentes infraestructuras
Las infraestructuras es sin duda
el área mejor valorada, aunque España aún puede mejorar en algunos aspectos,
como la penetración de la banda ancha. Los costes, en cambio, es una de las
áreas que más ha descendido en valoración, ya que los inversores extranjeros no
se muestran satisfechos con el coste de la banda ancha, la electricidad, el
teléfono y el precio de la gasolina diesel, entre otros aspectos.
La financiación es uno de los
asuntos peor valorados por los inversores, sobre todo ante la falta de
incentivos a la inversión y la poca disponibilidad y los costes de la
financiación de la banca comercial. Sin embargo, este tipo de inversores no dan
mucha importancia a este aspecto porque puede acudir a otros mercados para
solicitarla.
Sobre la innovación, los
inversores extranjeros ven problemas en el volumen de gasto público y el
volumen empresarial. Respecto al capital humano, consideran que España tiene
que mejorar mucho en idiomas, en aceptación de responsabilidades, en capacidad
de aprendizaje y en disponibilidad de mano de obra cualificada.
El paro en
Alemania se mantiene en el 6,5% pese a una ligera caída mensual
El número de desempleados en
Alemania se situó en octubre en 2.753.000, 35.000 menos que en septiembre, pero
16.000 más respecto al mismo mes de 2011, según ha informado este martes la Agencia Federal de
Empleo. La tasa de desempleo se mantiene en un 6,5%, estable tanto a escala
mensual como interanual.
Esta evolución refleja "la
robustez del mercado laboral alemán", según el presidente de este
organismo, Frank-Jürgen Weise. La falta de un descenso del desempleo más
contundente es efecto, según Weise, del debilitamiento coyuntural global, que
ralentiza la creación de empleo.
Eliminados los factores
estacionales, el número de desempleados subió en octubre en 20.000 respecto a
septiembre, mientras que en términos interanuales el incremento fue de 16.000
más.
La demanda de mano de obra
experimentó un descenso, pese a que se mantiene en un nivel considerado alto,
constató Weise en su comunicado.
El cómputo de ofertas de trabajo
se situó en los 468.000, 32.000 menos que en octubre de 2011. La mayor parte de
esas demandas proceden de los sectores eléctrico, metalúrgico, construcción de
maquinaria, logística y sector sanitario.
La bolsa
española rebota y sube un 1,36 % apoyada en los grandes valores
En una nueva jornada sin
referencias al otro lado del Atlántico la bolsa española ha rebotado hoy y ha
subido el 1,36 % y conquista los 7.800 puntos, apoyada en los grandes valores y
en línea con el comportamiento de los parqués europeos.
El principal índice del mercado,
el IBEX 35, ha
subido 105,30 puntos, hasta 7.833,90 puntos, lo que supone un 1,36 % más que
ayer, aunque acumula unas pérdidas desde que empezó el año del 8,55 %, mientras
la prima de riesgo ha subido desde 417 a 419 puntos básicos.
Por segundo día consecutivo las
bolsas mundiales se han movido sin la referencia de Wall Street, que hoy
tampoco ha abierto a causa del el huracán "Sandy", que ha producido
inundaciones en Manhattan, aunque no ha afectado a las instalaciones de la
bolsa neoyorquina.
En estas circunstancias, las
principales bolsas europeas también se han apuntado al verde y al cierre
Fráncfort subía el 0,99 %, el Euro Stoxx600 el 0,76 %, Londres el 0,95 %, París
el 1,48 % y Milán el 1,12 %, mientras que el euro cotizaba a 1,297 dólares.
El día comenzaba con la
publicación del descenso del PIB en España en un 0,3 % en el tercer trimestre,
un dato que confirma que se mantiene la recesión aunque es una décima mejor de
lo que se esperaba, y la inflación de octubre, que se situó en el 3,5 %
interanual, según el indicador adelantado del INE.
Desde Europa tampoco llegaban
buenas noticias, ya que según los datos de la CE la confianza económica y el
clima empresarial volvían a caer en la zona euro en septiembre.
No obstante, la subasta de deuda
en Italia se saldaba con un buen resultado y el país presidido por Mario Monti
conseguía colocar en el mercado 7.000 millones de euros a menor interés y con
mayor demanda que en ocasiones anteriores, mientras que en Alemania el dato de
paro de octubre se mantenía invariable en el 6,5 %.
El efectivo negociado en el
mercado continuo, que sigue en niveles bajos, fue de 915,4 millones, de los que
casi 300 millones procedieron de operaciones efectuadas por inversores
institucionales.
La mayor subida de la jornada se la apuntó Bankia (4,82
%), que rebotaba con fuerza tras el desplome sufrido por sus malos resultados
financieros del tercer trimestre difundidos el viernes pasado, seguido de
Repsol, que ha subido el 2,98 % en medio de las noticias no confirmadas sobre
el supuesto interés de inversores asiáticos y árabes en entrar en su
accionariado.
El resto de grandes valores
también cerraron el día en positivo. Banco Santander se revalorizaba el 2,20 %,
BBVA se apuntaba el 1,46 % de ganancias, Iberdrola el 1,29 % e Inditex el 0,99
%.
Los títulos de Telefónica, cuya
filial alemana (O2) se ha estrenado hoy en la bolsa, han subido el 1,29 %.
Los valores más bajistas han sido
Abengoa, que se dejaba el 2,70 %, Banco Popular, con un descenso del 1,31 %,
Red Eléctrica y Mediaset, que perdían el 0,75 % y el 0,31 %, respectivamente.
El Nikkei
gana 86,31 puntos, el 0,97 por ciento, hasta 8.928,29 puntos
El índice Nikkei de la Bolsa de
Tokio cerró hoy con un ascenso de 86,31 puntos, el 0,97 por ciento, y quedó en
8.928,29 unidades.
El índice Topix, que agrupa a
todos los valores de la primera sección, ganó 8,87 puntos, un 1,20 por ciento,
hasta 742,33 enteros.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario